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Pensando en plata, la Alianza mira
hacia las empresas privatizadas

Los legisladores de la oposición discuten alternativas
para integrar el Fondo Docente si el perdón a los transportistas se hace definitivo.


Por José Natanson

t.gif (862 bytes) Los legisladores de la Alianza comenzaron ayer a buscar alternativas para que el Fondo de Incentivo Docente no quede congelado. La primera certeza a la que llegaron por ahora es que deben encontrar algún medio, como la posibilidad del pago en cuotas, para cobrar el impuesto a todos por igual durante 1999. En cuanto al año próximo, algunos diputados opositores decidieron desempolvar los archivos en busca de alternativas: un impuesto a los servicios públicos privatizadas y la eliminación de los fondos reservados y los ATN.
La mayoría de los legisladores de la Alianza consultados por Página/12 coincidía en que el impuesto debe mantenerse tal como está durante 1999. Es que, según sostienen en la oposición, cualquier excepción violaría la equidad en el cobro, uno de los principios básicos del derecho tributario. Además, sería un pésimo gesto del Congreso, que aparecería ante la opinión pública cediendo ante el lobby de los empresarios del trasporte. “El impuesto docente debe mantenerse. No hay que derogarlo”, confirmó ayer Fernando de la Rúa.
Con esta convicción los legisladores de la Alianza comenzaron ayer a buscar algún mecanismo que permita cobrar el impuesto sin volver a tensar la situación con los transportistas. La posibilidad de pagar en varias cuotas sería, según la Alianza, el único camino posible. De todos modos, los diputados aliancistas sostienen que la lejana fecha de prórroga fijada por el justicialismo –el 15 de noviembre– conspira contra el cobro del gravamen. “Es una mala señal”, dijo ayer el frepasista Darío Alessandro. “Para los que pagaron, porque se sienten los tontos de la película. Para los que no pagaron, porque es muy difícil que ahora lo hagan. No es una prórroga. Es casi un nunca más.”
La otra coincidencia generalizada es que el piso de 700 millones de pesos fijado por ley para el Fondo de Incentivo Docente no deberá alterarse luego de las elecciones del 24 de octubre. Y que, al mismo tiempo, hay que buscar otro mecanismo para garantizar este presupuesto con recursos genuinos. Algunos diputados del Frepaso que integran las Comisiones de Presupuesto o de Educación, como Alessandro e Irma Parentella, buscaron ayer los proyectos presentados durante el año pasado, antes de la sanción de la Ley.
Entre la veintena de iniciativas hubo una que llamó inmediatamente la atención: un impuesto especial sobre los servicios públicos privatizados. Si bien en la mayoría de los contratos se especificó que la carga impositiva debía mantenerse constante, lo cierto es que en los últimos años disminuyeron algunos impuestos, como los aportes patronales, lo que implicó un ahorro de 300 millones de dólares para este sector.
De todas formas, en la Alianza son cautos sobre la posibilidad de concretar una iniciativa de esta naturaleza. Aun si se imponen en los comicios presidenciales, la mayoría que el PJ ostenta en el Senado aparece como una dificultad evidente. “Hay que tener un proyecto claro antes de las elecciones, para poder aprovechar la fuerza natural de los primeros meses de gobierno. Por eso nos tenemos que poner a trabajar ya mismo”, explicó ayer un importante legislador aliancista. A esto se suma la voluntad de reformular el presupuesto para eliminar los fondos reservados (250 millones de pesos) y los Aportes del Tesoro Nacional (311 millones).
Los diputados de la Alianza realizaban ayer distintos diagnósticos sobre la sesión del miércoles y, en especial, sobre la zigzagueante actitud de parte de la bancada radical. El bloque Frepaso se mostró desde un primer momento dispuesto a votar en contra de la iniciativa justicialista que preveía una rebaja del 70 por ciento del impuesto para los trasportistas. Pero algunos diputados radicales, como Rodolfo Terragno, adelantaron que aprobarían la modificación si el Gobierno garantizaba que el Fondo no se perjudicaría con la rebaja. Recién sobre el final de la sesión todos coincidieron en que la garantía era imposible y se unieron en la negativa.

 

MELCHOR CRUCHAGA.
“No hay que derogarlo”

¿La indecisión de la bancada radical durante la primera parte de la sesión del miércoles fue un papelón? –le preguntó este diario al diputado radical Melchor Cruchaga.
–No. Lo que pasa es que todos coincidimos en que había que destrabar la situación. Entonces, algunos, como Rodolfo Terragno, adelantaron que iban a votar a favor en la reunión de la Comisión de Presupuesto. Pero la mayoría estábamos en contra de la rebaja y a favor de la prórroga hasta el 31 de agosto, para buscar soluciones.
–Pero recién se pusieron de acuerdo a la nueve de la noche...
–Fue cuando nos dimos cuenta de que el oficialismo no nos garantizaba que la rebaja se iba a compensar totalmente con recursos del Estado. En eso estábamos todos de acuerdo desde el principio, y cuando nos dimos cuenta de la falta de una garantía decidimos votar en contra.
–¿Cuál es la solución?
–Este año el impuesto no debe ser derogado. Pero lo principal es no dejar el tema hasta después de la elección del 24 de octubre. Yo creo que los diputados de los diferentes bloques deberían formar una comisión que busque alternativas, para que a principios del 2000 haya un mecanismo que garantice el Fondo Docente, que debe mantenerse, con recursos provenientes de un impuesto de otra naturaleza.


NILGA GARRE.
“Buscar otro mecanismo”

–¿La prórroga al cobro del impuesto es una solución? –le preguntó Página/12 a la diputada frepasista Nilda Garré.
–No. El plazo que impuso el PJ es absurdo. Van a ser muy pocos los que paguen el impuesto, porque el 15 de noviembre es una fecha de transición, pocos días antes de que suba el nuevo gobierno.
–¿Cuál es la solución?
–Este año hay que cobrar el impuesto. Derogarlo sería sentar un pésimo precedente y un gesto de debilidad institucional importante. Para el año que viene hay que buscar lo antes posible algún otro mecanismo, un ajuste en el presupuesto o un impuesto que genere recursos genuinos y que no afecte a la clase media.
–¿Por qué la Alianza no tuvo una interlocución directa con los sectores afectados? Quizá podría haber servido para tener un panorama más claro.
–Con los docentes estuvimos en contacto en todo momento. Pero fue un conflicto que estalló muy rápido. Los representantes de los trasportistas no nos pidieron una audiencia. Pero ahora vamos a dialogar.
–¿Cómo evalúa la zigzagueante actitud de la Alianza en la sesión?
–El Frepaso tuvo una posición firme. La mayoría de los radicales compartió nuestra postura, aunque algunos estaban muy preocupados por la el desabastecimiento. Pero cuando el oficialismo no nos dio garantías, todos se sumaron a la negativa.

 

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