El honor puede ser corporativo, como en la Edad Media, pero no secreto. Ni siquiera el honor militar: la Cámara Federal porteña aceptó el pedido de la ombudsman Alicia Oliveira para que el Ejército remita a la Justicia el expediente del Tribunal Militar que absolvió al ex subjefe de un campo de concentración Eduardo Rodolfo Cabanillas.
El argumento de la cámara fue que el expediente completo podría contener datos de interés para la reconstrucción de la verdad sobre la represión de la dictadura. Verdad significa, en este caso, conocer el destino de los desaparecidos. El criterio contó con el voto unánime de los jueces en plenario: Martín Irurzun, Luisa Riva Aramayo, Horacio Vigliani y Horacio Cattani.
A contrapelo de la medida del jefe del Ejército, Martín Balza, que terminó pasando a disponibilidad a Cabanillas, el Tribunal de Honor del Ejército estableció que el ex número dos de Automotores Orletti no había cometido ninguna falta. Cómo llegó a esa conclusión es un misterio: por decisión presidencial el Tribunal de Honor no está obligado a divulgar su pesquisa, sus preguntas y las respuestas del acusado y los testigos. También es un enigma, por el momento, si los generales Miguel Angel Viviani Rossi e Isaías García Enciso, presidente y vocal del organismo, perdonaron a Cabanillas por alguna de estas razones:
  Porque no tuvo mando sobre Automotores Orletti, donde fue el responsable mediato del robo del nieto o nieta del poeta Juan Gelman.
  Porque tuvo mando y fue el responsable.
  Porque el Tribunal de Honor no incorporó al expediente pruebas como un sumario militar de 1977 en el que Cabanillas reconoce haber revistado en Orletti (bajo el nombre de OT 18), un reportaje de Cabanillas al diario La Mañana del Sur y las cartas abiertas de Gelman a Balza publicadas en Página/12.
  Porque Cabanillas no mintió cuando dijo que “no estuvo” en Orletti (después de todo, puede haber controlado sin estar).
  Porque no es una falta regalar el libro de la agrupación Aunar, del general Fernando Verplaetsen, que injuria el Nunca Más.
  Porque tampoco es falta conocer, como mínimo, el robo de bebés.
Oliveira había anunciado que si el Tribunal mantenía la confidencialidad presentaría una demanda judicial. El secreto, según ella, significaría que “los funcionarios se permiten actividades que prohíben a los ciudadanos y utilizan para ello el recurso del secreto a fin de evitar el escándalo y el escrutinio de la ciudadanía”.
La misma Cámara Federal que ayer hizo lugar a la presentación de la ombudsman había ordenado al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que no quemara los archivos de la justicia militar porque podrían servir para reconstruir la verdad sobre el pasado.
Y, como publicó este diario, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recomendó que el Estado argentino y Carmen Lapacó, madre de una desaparecida, encuentren el modo de que ella conozca el destino de su hija y el método usado para secuestrarla.
El derecho a la verdad avanza incluso en Chile, donde la Justicia ha fallado que ni siquiera la amnistía puede cubrir las desapariciones. Mientras continúe el secuestro, mientras no aparezca el cuerpo del desaparecido, el delito sigue, debe ser investigado y no merece amnistía, es la nueva doctrina chilena.

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