Página/12 en Italia
Por Laura Términe Desde Roma El ex dictador chileno Augusto
Pinochet será investigado en Italia por su eventual responsabilidad en el asesinato de
ocho ciudadanos ítaloargentinos e ítalo-uruguayos, desaparecidos en la década del 70 en
el marco del Plan Cóndor, el siniestro programa de intercambio de información y personas
que funcionó entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, y cuyo
“cerebro” era el general, que actualmente cumple arresto domiciliario en
Inglaterra.
Con la firma favorable del ministro de Justicia italiano, Oliviero Diliberto, el fiscal
Giancarlo Capaldo anotó ayer el nombre de Pinochet en el registro de los investigados de
la Fiscalía de Roma, indagación que se abrió a partir de la denuncia realizada el 9 de
junio pasado por los familiares de las ocho personas desaparecidas. El nuevo frente
judicial contra el ex dictador podrá derivar en un proceso con condena aunque Pinochet no
se presente en los tribunales de Italia, ya que la ley de este país permite la sentencia
en ausencia del imputado, a diferencia de la legislación de España, país que solicitó
en octubre pasado al Reino Unido la extradición de Pinochet.
De hecho, Manuel Contreras, el ex jefe de la Policía Secreta chilena durante los años de
plomo y actualmente preso en Chile, fue condenado en Roma a 20 años de prisión por idear
el atentado contra el exiliado chileno Bernardo Leighton. El mismo camino podrán seguir
los ex generales argentinos Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros, acusados del
asesinato de siete ítalo-argentinos y la desaparición de un bebé, juicio que comenzará
en Italia en octubre próximo.
Con la de ayer, es la segunda vez que Pinochet aparece en el registro de las personas
investigadas. El mismo fiscal indaga la responsabilidad del general en los homicidios de
tres italianos residentes en Chile desde octubre de 1998, a partir de una denuncia
presentada por los senadores del Partido Verde, Giovanni Lubrano Di Ricco y Stefano Boco.
“Es un óptimo resultado”, comentó a Página/12 el abogado italiano de los
familiares, Giancarlo Maniga, quien a su vez destacó las dificultades para encontrar la
colaboración de las autoridades sudamericanas a la hora de juntar nuevas pruebas.
“Pero gracias a las experiencias anteriores, sabremos movernos”, agregó.
La luz verde dada por el gobierno italiano complica la situación de otros nueve militares
mencionados en la denuncia de los familiares contra los responsables del Plan Cóndor,
entre los cuales se encuentra el ex comandante del Ejército argentino Cristino Nicolaides
y sus compatriotas el capitán de corbeta Luis D’Imperio y el coronel Jorge Muzzio.
Los restantes son el comisario de la policía paraguaya Pastor Coronel y cinco uruguayos:
los mayores José “Nino” Gavazzo y Manuel “Jovato” Cordero, el
capitán Jorge Silveira, el teniente Maurente Mata, y el comisario de la policía Hugo
Campos Hermida.
Las ocho víctimas por las cuales podrá ir a juicio el ex dictador y otros militares
latinoamericanos son los ítalo-uruguayos Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno, Armando
Arnone, Andrés Bellizi, Daniel Baranzano –todos secuestrados en Argentina–, y
los argentinos Horacio Campiglia, Alejandro Logoluso e Ismael Vinas Gigli, este último
secuestrado en 1980 en Brasil.
En el texto de la denuncia presentado al fiscal Capaldo en junio, quien en esa oportunidad
escuchó también los testimonios de seis familiares quebrindaron detalles sobre los
métodos coordinados de las dictaduras latinoamericanas de los años 70, se dice que los
comandos militares
brindaron “piedra libre para torturar, secuestrar y matar a centenares de personas en
diversos países”. El documento de alrededor de 30 páginas pide también,
“justicia por los crímenes reconducibles a la misma matriz política, en el marco
del operativo de represión ideado por Augusto Pinochet en diferentes países del Cono
Sur”.
Otra denuncia que espera la autorización del ministro Diliberto es la que permitirá
abrir un proceso en Italia contra los responsables de la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA), y en la cual podrían ser investigados el capitán de corbeta Jorge
“Tigre” Acosta y el prefecto naval Héctor Antonio Febré, este último acusado
del robo de niños en la institución militar que albergaba un centro de torturas
clandestino.
LOS CONTRIBUYENTES PAGARAN COSTAS DEL EX
DICTADOR
Insólita movida de los lores
The Guardian de Gran Bretaña
Por Calre Dyer Desde Londres
La
omisión de Lord Hoffmann en declarar su relación con Amnesty International en el caso
Pinochet podría costarles a los contribuyentes británicos 1600 millones de dólares,
según fallaron ayer los “law lords”. Los jueces ordenaron que las costas de las
dos audiencias del ex dictador chileno –la apelación original, en la que Lord
Hoffmann era uno de los jueces, y la demanda para anular ese fallo– deben pagarse con
fondos del gobierno. En una movida muy inusual, ordenaron que las costas del último
juicio fueran pagadas como una “indemnización”, lo que significa que el general
Augusto Pinochet recibirá todo el dinero gastado en sus abogados.
La decisión de ordenar la indemnización reconoce que el general no debería ser
castigado por imponer su derecho a ser escuchado por una corte imparcial, después de
haberse revelado la conexión de Lord Hoffmann con la rama de beneficencia. El nuevo panel
de “law lords” anuló el fallo de tres a dos de la Cámara de los Lores, según
el cual el general Pinochet no gozaba de ninguna inmunidad para ser procesado como ex jefe
de Estado por crímenes contra la humanidad. El juicio, con Lord Hoffmann en el lado de la
mayoría, fue anulado sobre la base que su relación con Amnesty, que era parte del caso,
lo descalificaba como juez. Los honorarios legales no han sido sometidos hasta ahora, pero
Keith Oliver, un abogado especializado en casos de fraude, donde las costas son
semejantes, dijo que las costas por los dos juicios serían de alrededor de 1600 dólares.
El contribuyente también deberá pagar por las costas de los juicios innecesarios. Si
Lord Hoffmann hubiera declarado su relación y se hubiera retirado, hubieran sido dos en
lugar de cuatro juicios. Para los otros dos juicios, los “law lords” ordenaron
ayer que cada lado pagara sus costas legales.
Al tratar de extraditar al general Pinochet a España para ser juzgado por crímenes
contra la humanidad, la Fiscalía de la Corona actuó en nombre de España. Pero la
convención europea sobre extradición establece que el país que lleva a cabo los
requerimientos de extradición debe cargar con las costas. Los law lords fallaron el 24 de
marzo por una mayoría de 6 a 1 que el general Pinochet no gozaba de inmunidad para el
arresto y extradición en relación con los crímenes cometidos mientras él era jefe de
Estado. Los procedimientos deberán comenzar el 27 de setiembre en la corte de
extradición de Bow Street en el centro de Londres.
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