Por Martín Granovsky La Argentina se convirtió en
el único apoyo exterior del presidente peruano Alberto Fujimori en su lucha contra los
organismos internacionales de derechos humanos. El embajador argentino Abel Parentini
Posse fue el encargado de bendecirlo al afirmar que compartía las críticas de Perú a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Parentini no actuó utilizando una conversación íntima con funcionarios peruanos.
Directamente hizo declaraciones al diario oficialista Expreso.
Para Fujimori el apoyo fue vital. Los juristas peruanos ya habían comenzado a criticar
duramente un pronunciamiento del Congreso proponiendo que su país no reconociera más a
la Corte. El Congreso votó el jueves. Parentini habló ese mismo día y Expreso publicó
sus opiniones el viernes. El mismo viernes, Beatriz Ramacciotti, la embajadora peruana en
la OEA, estimulada por el apoyo, comunicó al organismo interamericano que para Perú la
Corte no existe más como órgano apto para litigar. La Corte se encarga de aplicar e
interpretar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, un instrumento que en la
Argentina, donde hasta ahora presta servicios Parentini Posse, tiene rango constitucional
desde 1994.
Fujimori dijo que ahora sí “los peruanos quedamos mejor protegidos frente al
terrorismo”. Según el presidente, de todos modos es mentira que los peruanos no
puedan recurrir a ninguna instancia internacional. “Están, por ejemplo, el Comité
de Derechos Humanos de la ONU, el Comité de Tortura, de Discriminación, de Desaparición
Forzada”, dijo textualmente Fujimori. El punto es que Perú se retiró justo del
organismo que fastidiaba a su gobierno y al embajador argentino.
Como el presidente de la Corte, Hernán Salgado Pesantes, se mostró sorprendido por la
maniobra peruana, Parentini Posse dijo a Expreso que el magistrado cometió “un
error”. El diario completó el respaldo del embajador con un artículo que recuerda a
las viejas notas de Para Ti durante la dictadura criticando los reclamos internacionales
por los derechos humanos como una forma de “campaña antiargentina en el
exterior”. El artículo se titula “Asesores de la CIDH tienen pasado radical y
guerrillero” y alude a los argentinos Jorge Enrique Taiana y Juan Ernesto Méndez.
Los dos “provienen de la cantera de movimientos radicales y guerrilleros de
tendencias socialistas, vinculados a organismos no gubernamentales dedicados a la
protección de derechos humanos”.
Taiana es peligrosísimo. “Perteneció al movimiento radical de su país conocido
como el grupo de los Descamisados, que surge en torno de la figura de Juan Domingo
Perón.” Y “fue adherente de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos”. Por fortuna “fue detenido en 1975 y procesado y condenado a cinco
años de prisión en 1978”. Méndez también es peligroso. “Se inició como
presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de Mar del
Plata” y en 1975 el gobierno de Isabel Perón lo detuvo aprovechando la figura del
estado de sitio, que permitía arrestar sin acusación judicial.
El diario peruano informa que Taiana es actualmente secretario de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, después de ser designado en 1989 secretario de
Organismos y Asuntos Especiales de la Cancillería. Expreso lo omite, pero Taiana es hijo
del antiguo médico de Juan Perón, de quien fue ministro de Educación. En cuanto a
Méndez, “fue director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, órgano que
guarda relación con Americas Watch”. Como se sabe, Human Rights Watch “suele
producir periódicamente informes tendenciosos sobre la realidad peruana”.
Página/12 pudo acceder al último informe tendencioso, correspondiente a 1999. Contiene
infamias como las que siguen:
 “La
independencia del Poder Judicial, ya precaria en Perú, sufrió un serio revés en marzo,
cuando los siete miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, un cuerpo
independiente, renunciaron en protesta contra las restricciones a su capacidad de
pesquisar el comportamiento irregular de los jueces.”
“El
Congreso delegó en el Poder Ejecutivo poderes ‘para imponer decretos anticriminales
que probablemente lleven a violaciones de los derechos humanos de los sospechosos de haber
cometido delitos’.”
“Los
decretos permiten el uso de tribunales militares para juzgar delitos, restricciones de los
derechos de los sospechosos y de las garantías al debido proceso.”
También contemplan un “papel abusivo del Servicio Nacional de Inteligencia en su
papel de coordinador. El Servicio fue responsable de violaciones a los derechos humanos en
el combate contra la insurgencia izquierdista”.
El embajador Abel Parentini Posse, que cuando escribe novelas suprime su primer apellido,
elogió precisamente lo que Human Rights Watch criticó en su reciente informe. “El
principio jurídico absoluto es que el Perú ha luchado contra el terrorismo con
tribunales militares y ha sido bastante ejemplar comparado con lo que pasó en Uruguay,
Brasil, Chile y Argentina”, dijo a Expreso.
En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deploró
“profundamente” la medida de Fujimori de desconocer a la Corte. La definió como
“una decisión sin precedentes del Estado peruano que pretende limitar la protección
del sistema hemisférico de derechos humanos para los habitantes del Perú y que está en
contradicción con la tendencia regional prevaleciente de aceptar la jurisdicción
contenciosa de la Corte Interamericana, como lo demuestran las recientes adhesiones de
Brasil, Haití, México y República Dominicana”.
UN DIPLOMATICO COMEDIDO VERSUS LOS EXPERTOS
Argumentos contra la corriente
Por M.G.
El apoyo
del embajador argentino al gobierno peruano choca no sólo con la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA, que la Argentina respalda, sino también con la prestigiosa
Comisión Andina de Juristas.
“Me extraña que no se reconozca que la Convención Interamericana de Derechos
Humanos, en su esquema jurídico de valores, establece como valor considerable aunque
temporario, pero superior, la seguridad del Estado”, dijo Abel Parentini Posse.
“Este es el caso del terrorismo”, agregó al comentar las medidas adoptadas por
Fujimori y cuestionadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Andina de Juristas dijo que “aunque el gobierno peruano llama a su
pretensión ‘retiro’ del reconocimiento de la competencia contenciosa de la
Corte, se trata en realidad de una denuncia parcial de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos”. Añadió que “esta modalidad la autoriza el derecho
internacional sólo cuando el respectivo tratado así lo estipula, lo que no ocurre en
este caso”.
El embajador argentino teorizó en el diario Expreso que “un Estado puede ceder
atribuciones de soberanía, no la soberanía”. Y siguió así: “Se trata, en el
caso de la Convención, de atribuciones en el orden estrictamente jurídico para preservar
los derechos humanos en base a ese poder soberano que le da vida la OEA e incluso que le
paga sus contribuciones y le da vida al tribunal ese. Y en base a su soberanía el Perú
puede retirar el apoyo de la cesión de atribuciones”.
La CAJ recuerda que “el artículo 205 de la Constitución peruana reconoce el derecho
de ‘...recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según
tratados de los que el Perú es parte’”, explica que “el único tribunal
sobre la materia es precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos” y
concluye que “esta medida impide el ejercicio de este derecho constitucional”.
Parentini Posse citó la Convención cuando dice que en caso de guerra o peligro público,
un Estado puede suspender sus obligaciones transitoriamente. Pero la CAJ opinó que Perú
no puede desconocer de inmediato la competencia de la Corte porque el artículo 78 de la
propia Convención requiere un preaviso de un año. Durante ese tiempo, además, “el
Estado sigue vinculado plenamente a las obligaciones contraídas”.
“No existe, pues, la posibilidad de ‘efectos inmediatos’; la posición del
gobierno peruano no se ajusta a derecho y es antijurídica”, dijeron los juristas
encabezados por Alejandro González Poblete.
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