Por Irina Hauser “La Policía Federal se
autogobierna sin ningún control de su corrupción.” “Está sometida a una
dictadura interna que atenta contra la transparencia.” “El personal policial
utiliza más del 50 por ciento de su tiempo en funciones burocráticas.” “Sobran
al menos 100 comisarios.” Con afirmaciones de este tipo, los asesores en seguridad de
Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa comparten un diagnóstico casi idéntico que en el
‘99 llevará, dicen, al retiro obligado de la plana mayor de la Federal. Pero
difieren en los remedios propuestos. En el duhaldismo quieren un civil a la cabeza de la
fuerza, judicializar la policía y “hacer una absoluta purga” que reproduzca la
reforma que recicló a la ex Bonaerense. En la Alianza pocos mencionan una depuración
profunda, incluso circulan los nombres de comisarios actuales como candidatos a integrar
una nueva cúpula. En cambio, garantizan que “cambiará el modelo de gestión
militarizada”. Y prometen un aumento salarial.
Contra una creencia común, el problema de la Policía Federal no empezó cuando el año
pasado fueron desplazados los comisarios enredados en la institución de la coima.
“La prostitución, el juego y la falopa siempre fueron la caja de recaudación de la
policía”, refunfuña un colaborador del Gobierno de la Ciudad. Un alto funcionario
del equipo que diseña el futuro accionar de un posible gobierno de Duhalde recuerda:
“Tenemos una policía con cultura de ejército, reticente a romper sus cadenas de
mandos y en nuestro país las comisarías fueron mucho tiempo cárceles
clandestinas”. En efecto, desde que retornó la democracia nada evitó que hombres de
la Federal tuvieran responsabilidades en el asesinato del empresario Osvaldo Sivak, en la
muerte de Walter Bulacio o en el secuestro extorsivo de Mauricio Macri y son sospechados
en el atentado a la AMIA.
Este es el paquete que caerá en manos de los próximos gobernantes y que, por el desafío
que implica o por el desinterés que acarrea, está casi ausente de los discursos de
campaña. Y eso sin contar el aún no resuelto traspaso policial a la Ciudad de Buenos
Aires que promete redondear la autonomía porteña y perfilar a la Federal como una fuerza
de investigación estilo FBI, pero que nadie sabe si se concretará (ver aparte).
Candidatos
La crisis tan policial como social quedó sintetizada en un temible anecdotario de
robos-violentos-sin-respuesta-de-la-policía y en el desplazamiento, allá por octubre, de
casi todos los jefes de las 52 comisarías porteñas y de varios encumbrados comisarios a
raíz de una investigación del fiscal Pablo Lanusse que desnudó una red de
“protección” policial de prostíbulos, juego clandestino y venta ambulante. Uno
de los perjudicados más conocidos fue el mediático ex superintendente de Seguridad
Metropolitana, Luis Fernández, que lideró la famosa Espiral Urbana. Fernández era el
comisario mimado del jefe de gobierno porteño, Fernando de la Rúa, y hasta entonces se
erigía como su candidato predilecto a jefe policial, según coincidieron tres dirigentes
radicales que dialogaron con Página/12. Pero “El Gordo” Fernández, como lo
apodan, se hizo polvo de estrella, terminó en un escritorio de Planeamiento y perdió
avales.
Lo que, en principio, los especialistas en seguridad del justicialismo y de la Alianza
aseguran es que la cúpula de la Federal deberá pasar a la historia, lo que incluye al
jefe, Pablo Baltazar García, al subjefe, Héctor Data, y a varios comisarios mayores y
generales.
Con Fernández como caso perdido, ahora hay otros azules que la Alianza mira con cariño
para la jefatura. Acorde con los dichos de tres dirigentes radicales, uno de los
preferidos es el actual director de Asuntos Internos, Eugenio Alvarez García. Durante el
gobierno de Raúl Alfonsín, el comisario mayor Alvarez García fue jefe de la ayudantía
del famoso comisario Juan Angel Pirker. También pasó por comisarías y por el área de
personal.
Otros dos nombres que se balbucean en la Alianza para conducir la Federal o una policía
de la ciudad. Uno es Norberto Bellini, ahora a cargo de la Policía Municipal, después de
haberse retirado de la Federal hace dos años por estar en franca disidencia con las
designaciones de García y Data. Su último cargo fue el de superintendente de Seguridad
Metropolitana. El otro nombre es el de Miguel Angel Ciancio, ahora a cargo de
Metropolitana después de haber pasado por la Secretaría General.
Para el sillón de subjefe los aliancistas mencionan con fuerza a Enrique Serén, actual
secretario general. Antes estuvo en comisarías, en la guardia de infantería, fue
comisario en la dirección de Interpol e integró la custodia de Raúl Alfonsín cuando
era presidente.
Los expertos que apuntalan a Duhalde esquivan precisar nombres. Pero un alto funcionario
de la provincia de Buenos Aires admitió que “un cargo importante” podría ser
ocupado por Juan Carlos Rafaini, quien renunció el último setiembre a la
Superintendencia de Drogas Peligrosas. Rafaini dejó la Federal disconforme con la
conducción en medio del escandalete de corrupción del año pasado. Antes había sido
jefe de comisarías y de la dirección de Delitos Económicos. “También cosecha las
mejores opiniones entre frepasistas y algunos radicales”, según las descripciones de
un técnico aliancista. Aunque ahora Rafaini trabaja en una empresa privada, “podría
volver para algún puesto clave”, añadió la misma fuente.
Qué cambiará
Dos estrechos colaboradores de Duhalde adelantaron que como cambio crucial en la Federal,
una conducción duhaldista “pondría un civil a la cabeza para evitar la
corporativización y erradicar conceptos militares”. “Una jefatura civil
implicará una responsabilidad política de la fuerza ante el Congreso”, explicaron
las fuentes. “Habrá que hacer una absoluta purga y poner una nueva
conducción”, añaden. Existirá, prevén, una oficina de control de corrupción y un
tribunal de ética policial. El control político se ejercería, por ejemplo, a través de
una comisión bicameral.
Igual que en la provincia, “la seguridad y la Justicia serán manejadas desde un
mismo ámbito”. La modalidad investigativa cambiará porque se ampliarán las
facultades de los fiscales, luego de modificar el Código de Procedimientos. Eso
colaborará con la descentralización de la fuerza. En esa dirección, se establecerá
también –explican– una diferenciación estructural “entre la policía de
seguridad y la policía de investigación”.
Además, se dará “participación a la comunidad en las políticas de seguridad y en
el control de la policía” a través de foros vecinales como los que operan en el
conurbano, según señala un borrador de circulación interna. Otra clave será que
“los ascensos no sean por antigüedad sino por mérito y que cambie el contenido de
la formación”.
En la Alianza no hay un proyecto predominante para convertir a la Policía Federal.
Diferentes sectores trabajan el tema. Un documento interno que manejan algunos dirigentes
del gobierno porteño señala la ineficacia, la excesiva burocratización y la mala
distribución de los recursos. Por eso algunos dirigentes plantean reemplazar “al
personal policial que cumple funciones administrativas por otros agentes del Estado, de
modo de liberar policías para las tareas de seguridad”. Un hombre de Seguridad
ciudadana acota: “Cada comisaría, por dar un ejemplo, lleva 61 libros
diferentes”. Otras máximas y promesas aliancistas son: habría aumento salarial, se
cambiará el modelo de gestión (“mas policía en la calle no garantiza la
disminución de delito”, dicen), se integrará la formación de los policías con el
sistema educativo público, se pondrá el acento en la creación de consejos barriales y
se fijarán estándares de calidad de los servicios. El jurista Raúl Zaffaroni se
pronuncia a favor de la sindicalización de la fuerza como herramienta para combatir la
corrupción. “Se suele creer que un sindicato policial sería un sindicato fascista
–explica–. Sin embargo, a la larga facilitará la creación de conciencia
profesional. Sindicalizar, además, no es sinónimo de huelga. Laestructura actual de la
policía viola los derechos humanos. Están sometidos a una dictadura interna. No pueden
peticionar colectivamente, ni hacer críticas, salvo en anonimato.”
LA CIUDAD AUTONOMA SIN POLICIA
El traspaso trabado
Por I.H.
“El
traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires no se va a concretar.” La
frase, pronunciada por un funcionario clave vinculado con las políticas de seguridad del
gobierno porteño, llama la atención. Sobre todo porque llega después de infinitas
negociaciones y promesas que apuntaban a que la Capital tuviera fuerza de seguridad
propia, acorde con la autonomía que adquirió hace cuatro años. Y más alarmante resulta
la afirmación cuando la repiten otros dos dirigentes aliancistas. Asesores del PJ dicen
que a Duhalde “no le preocupa la concreción del traspaso”.
No es que el Gobierno de la Ciudad o la Alianza hayan renunciado al traspaso policial.
“La policía propia es una condición de la autonomía que permitirá que la ciudad
fije sus propias políticas de seguridad”, manifestó Jorge Enríquez, subsecretario
de gobierno porteño. “La Policía Federal no tiene por qué estar cuidando las
calles de la ciudad. Hay que jerarquizarla abocándola a la investigación de delitos
federales”, sostiene Raúl Zaffaroni. Las trabas para el traspaso se remontan a los
días en que se diseñaba el pacto de Olivos. En una reunión en la que participaban Raúl
Alfonsín, Simón Lázara, Eduardo Menem, Eduardo Bauzá, Carlos Corach y Antonio
Berhongaray se discutió la autonomía. “Esto va a traer problemas”, anunció
Lázara refiriéndose a un posible traspaso de la Justicia a la Ciudad. “Bueno,
pongamos autonomía y después arreglamos”, remató Bauzá.
Y así fue. La ley Cafiero de 1995 estableció que la ciudad no contaría con policía ni
Justicia propias. Para lograr el traspaso es imprescindible que el Congreso lo avale para
modificar esa norma y la Ley Orgánica de la policía. La mayoría justicialista de
senadores no parece estar abocada a apoyar el cambio. Un problema de fondo esencial es el
del presupuesto.
Aunque la Constitución reformada en el ‘94 establece que la transferencia de la
Federal a la Ciudad debería hacerse con la correspondiente partida presupuestaria
nacional, las provincias –que financian, según normas previas, su propia
policía– podrían reclamar su parte. Presupuesto, equipamiento, efectivos y la
capacidad de designar y remover policías fueron algunas de las condiciones que,
precisamente, puso Fernando de la Rúa para empezar a hablar de traspaso. El jefe de
gobierno también pidió que junto con la Policía se traslade la Justicia. La resistencia
de los jueces es bien conocida. Y las condiciones puestas por la propia policía también
complican: quieren conservar la Caja Policial como sistema de retiro ya que, según
explicó un funcionario porteño, “les asegura una jubilación casi equivalente al
sueldo”. Tampoco quieren perder su obra social con epicentro en el Hospital Churruca;
reclaman tecnología, capacitación y un aumento salarial de hasta un 25 por ciento.
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