Por Pablo Rodríguez En abril de 1996, el ejército
colombiano se vanaglorió de haber desbaratado un inminente plan de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) para sitiar Bogotá. Eran 1200 guerrilleros
distribuidos en los cuatro frentes de la capital. Frente a este dato, tres columnas de 500
guerrilleros avanzando por el sector sur de la ciudad no parece un intento de tomarla,
como ocurrió en la madrugada del jueves en la localidad de Gutiérrez. Sin embargo, los
muertos entre ambos bandos ya suman 100 y los desaparecidos 50. El ejército está
satisfecho porque los guerrilleros retrocedieron: pero hace dos semanas fueron los
militares los que tuvieron que retirarse de parte de la región de Urabá (fronteriza con
Panamá). Y en esta guerra civil, las FARC tienen algo más que la voz cantante. Fueron
visitadas hace tres semanas por el presidente de Wall Street, postergaron esta semana, y
por tercera vez, el inicio de la mesa de diálogo con el gobierno, y disponen de 42.000
km. cuadrados desmilitarizados para recibir a los negociadores oficiales.
En un comunicado de febrero de este año, poco después del sonado secuestro de un grupo
de indigenistas norteamericanos, las FARC establecieron que para los ríos interiores de
la región de Meta (zona fronteriza con Venezuela) se aplicarían las reglas de
prohibición de pesca sancionadas por el Instituto Nacional de Pesca de Colombia. El
“Estado dentro del Estado”, la figura preferida para describir a las FARC, es
algo más que una figura. La principal guerrilla colombiana controla un 30 por ciento del
territorio colombiano, tiene a tiro a otro 20 por ciento, y cada vez se muestra más capaz
de llegar a las principales ciudades (Bogotá, Medellín y Cali) con ataques parciales. En
este panorama, el hecho de que las FARC lancen sus propios reglamentos internos para un
territorio parece lo más normal del mundo.
La noticia del combate en Gutiérrez impacta por la cercanía a Bogotá y por la cantidad
de muertos. En el contexto de la semana, impacta que el ataque ocurriera dos días
después de una nueva postergación de las conversaciones. En el contexto de los últimos
dos meses, impacta porque la violencia guerrillera está acelerada en la opinión
pública: los secuestros de la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN),
fueron muy numerosos y hasta con muertos en cautiverio (la mayoría de los casi cien
rehenes tomados en este período aún no fueron liberados). Y en el contexto de la
presidencia de Pastrana, con todo el halo de su proceso de paz en marcha, impacta porque
se hace cada vez más evidente que las fuerzas negociadoras son equivalentes y que el
gobierno va a tener que ceder mucho más que lo que pretende tomar.
En esta cadena de cimbronazos, más allá incluso de la violencia (en un país que,
después de todo, vive una guerra civil de más de 40 años), la cuestión central pasa
por los objetivos de máxima de ambos “Estados”, algo que en realidad no se
termina de conocer. El gobierno colombiano, se supone, tiene que superar la peor recesión
económica en 70 años, el índice de desocupación que supera el 20 por ciento en las
principales ciudades y la caída gradual pero continua de su moneda. Pero el Estado
colombiano no está dominado sólo por el gobierno: allí hay un haz de poderes
(narcotráfico, ejército, paramilitares, oligarquía terrateniente, etc.) cuyas fronteras
son borrosas pero que siempre aparecen al lado, y no debajo, de los que ganan las
elecciones.
En cuanto al “Estado” de las FARC, la guerrilla muestra la agenda de 12 puntos
que concertó con el gobierno de Pastrana para las negociaciones que nunca terminaron de
comenzar. En términos un tanto más lavados, esta agenda contiene sus exigencias:
nacionalizar la explotación de los recursos nacionales, redistribuir la riqueza del país
hasta ahora en manos de la oligarquía y reformar el ejército, cambiando su doctrina de
la seguridad nacional. Pero en este “Estado” los objetivos no están tan claros.
Varios analistas consideran que las FARC están cada vez más aliadas al narcotráfico,
más poderoso en Colombia que la antiguaoligarquía, y las mismas organizaciones
guerrilleras que abandonaron las armas en los ‘80, como el M-19, denuncian que estas
exigencias son la fachada ideológica de una cuestión que no es ideológica.
Durante los últimos 30 años de esta guerra civil, Colombia estaba cruzada por cuatro
grandes guerrillas (había otras menores): además de las FARC y el ELN, el Movimiento 19
de Abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Para inicios de la década
del 90, el M-19 y el EPL se habían desmovilizado e incorporado a la vida política.
“El sistema nos chupó y sin digerirnos nos cagó”, dijo hace tres años, muy
gráficamente, el ex fundador del M-19 y ex diputado Arjaid Artunduaga. Según él, la
caída del Muro de Berlín y con él la de la perspectiva del socialismo implicó
necesariamente la caída de las guerrillas subversivas. En su lógica, si las FARC y el
ELN siguen existiendo a pesar de los cambios es porque trabaron alianza con el nuevo poder
del narcotráfico. “En la década del 60 ya había droga y ninguna guerrilla se
dedicó a la droga. ¿Por qué se dedican en los 80 a ese tipo de vainas?”, se
preguntaba Artunduaga.
Si se sigue esta línea, habría que concluir entonces que el fenómeno guerrillero es
análogo al del narcotráfico y que entonces éste se opone a los gobiernos. Sin embargo,
se ha comprobado que quien fue presidente colombiano hasta agosto pasado, el liberal
Ernesto Samper, recibió dinero del Cartel de Cali para su campaña electoral. Las
denuncias, y hasta algunas sentencias, sobre políticos financiados por los carteles del
narcotráfico demuestran que es inexacto concluir que los barones de la droga están de un
solo lado. Parecen, más bien, estar en todos lados (incluidos, sobre todo, los grupos
paramilitares) y en ninguno en particular.
La otra línea de interpretación es que las FARC y el ELN son organizaciones cuyo
objetivo es tomar el poder e implantar un gobierno socialista. Si fuera así, no se
entienden los fluidos contactos que mantienen las FARC con diversas instituciones
norteamericanas, hasta el mismo Departamento de Estado. “Si Estados Unidos colabora
en la solución de los problemas económicos colombianos, aceptaremos su participación en
el proceso”, declaró la semana pasada a Página/12 un vocero de la organización,
Javier Calderón. Las mismas FARC reclamaron en los últimos tiempos que Estados Unidos y
los países europeos se dispongan a financiar el cambio que ellos consideran esencial para
combatir el narcotráfico: la sustitución de los cultivos de coca por otros que la
demanda de estos países haría tan rentable como la droga.
Una tercera posibilidad, que suena como eco cada vez que llegan las fechas claves de las
negociaciones de paz, es que las FARC y el ELN se conviertan en fuerzas políticas como el
M-19 y el EPL. Pero la posición militar de las FARC, y en menor medida la del ELN, es
demasiado buena como para trocarla en una política. Más aún si se tiene en cuenta cómo
“el sistema digirió a la izquierda”, siguiendo a Artunduaga.
En 1985, el M-19 tomó el Palacio de Justicia en Bogotá y el ejército lo desalojó a
sangre y fuego. Hubo 100 muertos, como en la reciente ofensiva de las FARC, pero ocurrió
dentro mismo de la capital. El problema planteado al proceso de paz es que nadie puede
garantizar que la historia no se va a repetir. Y no será como comedia, como decía Marx.
OTRA OFENSIVA, OTRA CONTRAOFENSIVA
Un toque de queda por 10
No hay
paz sin guerra. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se preparan para el
diálogo atacando. El gobierno aseguró ayer que las conversaciones de paz siguen en pie,
pero reaccionó ante los nuevos ataques de las FARC declarando el toque de queda en 10
departamentos del país. La demostración de fuerza a menos de 10 días de sentarse a la
mesa de negociaciones sigue siendo la constante de la guerrilla, que ayer realizó otra
ofensiva contra el ejército colombiano y dejó al menos seis civiles y cuatro policías
muertos.
El comandante del ejército colombiano, el general Jorge Mora, adelantó que el gobierno
del presidente Andrés Pastrana no descarta nuevos ataques de la guerrilla antes del
reinicio de las negociaciones formales el próximo 20 de julio. Ese temor lo empujó a
instalar la medida de excepción en departamentos del centro y este del país y a
considerar la posibilidad de extenderlo a los municipios cercanos a Bogotá, ciudad sobre
la que pesa la amenaza de un avance guerrillero. “La situación está controlada,
pero queremos brindarle a la fuerza pública más instrumentos constitucionales para
preservar la tranquilidad ciudadana”, justificó el ministro del Interior, Néstor
Martínez.
Desde la noche del viernes las FARC lanzaron ataques simultáneos en 15 poblados del
centro y noreste del país, informó ayer el director operativo de la Policía, el general
Alfredo Salgado. El principal combate se registró ayer cuando un grupo de guerrilleros
atacó la base militar de la población de San José del Gauviare sin producir bajas
militares. Dos policías murieron en Doncello, cerca de San Vicente del Caguán, el más
importante de los cinco municipios comprendidos en la zona desmilitarizada de 42.000 km2,
donde se celebrarán las conversaciones de paz. Un efectivo murió en un asalto a un banco
en Algeciras y el cuarto fue baleado en la localidad veraniega de Cundinamarca.
Según altos mandos militares, la intención de las FARC es llegar
“fortalecidas” al diálogo con el gobierno. “Este grupo cree que la forma
de llegar fuerte a una mesa de negociación es escalando la violencia, pero está
absolutamente equivocado”, dijo anteayer el ministro de Defensa, Luis Ramírez,
después de que 36 soldados y 38 guerrilleros murieran el jueves en un combate a escasos
kilómetros de Bogotá. El general Jorge Mora comunicó el viernes que 17 de los 36
militares que murieron el jueves fueron rematados con tiros en la cabeza y denunció que
las FARC aprovechan la zona desmilitarizada para “fortalecer su aparato militar y
traficar con drogas”.
La Iglesia de Colombia dudó ayer del éxito de los esfuerzos de paz y advirtió que en el
país “soplan vientos de guerra y muerte”. “Clamamos por un diálogo que
sea la expresión de la claridad, la reconciliación y el perdón”, anunció un
comunicado de los obispos desde Bogotá. Pastrana anunció que, a pesar de este nuevo
golpe de la guerrilla, el gobierno no suspenderá el diálogo con las FARC. El presidente
colombiano recibió ayer el apoyo de su par argentino Carlos Menem, que aseguró que
“todo lo que Pastrana requiera del Mercosur lo va a tener a disposición en forma
inmediata”.
|
