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Por Cledis Candelaresi  Cuando
oficialismo y oposición fijaron la mira en las ganancias de las empresas privatizadas, la
agenda de la Comisión Bicameral encargada de hacer su seguimiento empezó a arder con
temas como la licitación de PSC, la renegociación de peajes y la de los servicios
ferroviarios. Pero difícilmente sus desorientados miembros puedan dictaminar sobre alguna
de estas decisivas cuestiones antes de zanjar las diferencias que se plantearon en el seno
del justicialismo y en la Alianza sobre el futuro de este cuerpo parlamentario. El gran
conflicto a dirimir en los próximos días es si seguirá dando consejos de buenos amigos
o si sus pronunciamientos supondrán órdenes ineludibles para el Ejecutivo.La crisis de la Bicameral no es nueva, pero eclosionó hace dos semanas a raíz del polémico dictamen que avaló la nueva versión contractual de Ferroexpreso Pampeano, tan ventajosa para la empresa como dañina para el Estado (ver aparte). Cuando los 8 legisladores que avalaron con su firma esa renegociación vieron la noticia publicada, advirtieron su error político e intentaron dar marcha atrás con excusas y recursos a veces rayanos en lo ridículo. Los parlamentarios con responsabilidad de enjuiciar a las privatizadas pecan de muy distraídos o excesivamente confiados. El justicialista Claudio Sebastiani, quien se estrenó como presidente de la Bicameral avalando el dictamen de Ferroexpreso, explicó pocas horas después que se trató de “un descuido”, producto de la alta fiebre que lo consumía la noche del 24 de junio. Finalmente habría optado por retirar su firma. El frepasista Pedro del Piero también sugirió que su rúbrica fue una gaffe. Guillermo López del Punta –secretario de la comisión desde que se creó– habría llegado a su despacho reclamándole la firma, con el argumento de que sus pares de la Alianza ya la habían estampado. Pero para el senador del Frepaso, el error que habría cometido por apuro sólo se arregla convocando a una audiencia pública para debatir el tema. El radical José María García Arecha se salió de quicio y recordó el pasado policial de su correligionario Juan Pablo Baylac, cuando éste aclaró públicamente que no era su firma sino la de García Arecha la que estaba en el discutido dictamen. Estos entredichos, sin embargo, son cuestiones circunstanciales. Más envergadura tiene la discusión sobre qué papel jugará la Bicameral en esta transición del Gobierno y, básicamente, durante la próxima administración. “No vamos a darle más poder ahora, justo cuando nosotros tenemos posibilidades de acceder al gobierno”, advirtió García Arecha ante otro legislador aliancista. La protesta del radical intentó paralizar el proyecto de ley de Del Piero, tendiente a que los dictámenes deban ser aprobados por las dos cámaras. Esto obliga a modificar el artículo 14 de la Ley de Reforma del Estado, que crea la comisión y les da a sus recomendaciones carácter “no vinculante”. El poder de la Bicameral es bastante acotado. Sólo opina sobre aquellas cuestiones que le son consultadas, y sus juicios son simples papeles que el Poder Ejecutivo acumula para avalar políticamente sus decisiones, en caso de que decida respetar la recomendación parlamentaria (algo que no siempre sucede). Recién desde que, el 16 de diciembre pasado, aprobó su primer reglamento está obligada a “informar” de sus pronunciamientos a los titulares de las dos cámaras del Parlamento y tiene prevista una rutina de reuniones. En esta década de vida que lleva la comisión proliferaron proyectos de ley para que sus opiniones fueran vinculantes, criterio que la Alianza parece rechazar de cuajo. Ahora la discusión está centrada en si los dictámenes deben ser debatidos en el recinto de las dos cámaras, como sugieren el Frepaso y un sector del justicialismo. Este control fue planteado por el duhaldista Eduardo Caamaño y, de prosperar, permitiría a Diputados y al Senado tomar partido en decisivas cuestiones que hoy no trasponen los discretos límites de la Bicameral. También podría verse como un recurso de un partido que deja el gobierno para garantizarse el control de lo que haga el próximo. El demoprogresista y más antiguo miembro de la comisión, Alberto Natale, interpretó la iniciativa como un afán de intromisión y reaccionó con un desafío: que se discutan en el recinto los 161 dictámenes que la Bicameral emitió hasta ahora.
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