PIDIERON PERPETUA PARA TELLELDIN, RIBELLI Y OTROS TRES POLICIAS
Todavía queda un agujero negro

Los fiscales acusaron en total a 20 personas, de los cuales 15 son policías bonaerenses, en la causa por el atentado a la AMIA. Es un avance, pero a casi cinco años nada se sabe de quién armó el coche-bomba y de quién lo condujo hasta estrellarse con el edificio. De los escombros del edificio de la AMIA se extrajeron restos de un rodado y de un motor. Prueban sin lugar a dudas que el atentado se cometió con la Trafic blanca de Carlos Telleldín.

Reclusión perpetua para el armador de autos truchos Carlos Telleldín y cuatro oficiales de la Policía Bonaerense: el ex poderosísimo comisario Juan José Ribelli, los ex subcomisarios Anastasio Irineo Leal y Raúl Ibarra y el ex oficial Mario Bareiro. A ellos cinco, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia les imputan complicidad con quienes perpetraron el atentado contra la AMIA porque habrían suministrado la camioneta Trafic que estalló frente a la sede de la mutual judía. La pena que corresponde a esa calificación es la de reclusión perpetua. Los fiscales acusaron en total a 20 personas, entre ellas 15 policías bonaerenses, por pertenecer a la banda que doblaba autos y que tuvo en su poder el vehículo hasta el 10 de julio de 1994, ocho días antes del atentado. Esta parte de la causa entra ahora en la recta final hacia el juicio oral, que podría realizarse antes de fin de año. No obstante, la investigación tiene un verdadero agujero negro: nadie sabe dónde estuvo la camioneta los días siguientes, quién armó el coche-bomba y, menos todavía, quién la condujo hasta estrellarse contra el edificio de la calle Pasteur.
A los ojos de los fiscales y de todos los querellantes –los familiares de las víctimas, la AMIA y la DAIA–, está probado que el atentado fue ejecutado con la Trafic blanca que perteneciera a Telleldín:
  Se encontraron restos que constituyen más de la mitad de ese vehículo.
  Se hizo un simulacro de explosión con otra Trafic y los restos que quedaron son “extraordinariamente similares” a los recogidos en los alrededores de la AMIA.
  De los escombros se sacó el motor, cuyo número guió hacia Telleldín.
  Se hicieron varias pericias –la Gendarmería, la Policía Federal, el FBI y los israelíes– que coinciden en que ése fue el vehículo que cargaba los explosivos. Una última pericia demostró que las partes encontradas, incluyendo el motor, tienen rastros de los explosivos. También se encontraron partes de la camioneta en las autopsias que se hicieron a los cuerpos de varias de las víctimas.
Al darse por probado que la Trafic se usó como coche-bomba, el camino de la acusación se centra en quienes tuvieron la camioneta en su poder.
En primer lugar, Carlos Telleldín, El Enano, que compró la Trafic a Alejandro Automotores. Era una camioneta quemada y Telleldín mandó robar una carrocería similar. Después armó el vehículo con el motor de la camioneta incendiada y la carrocería robada. Ese vehículo es el que estalló frente a la AMIA. Los fiscales apuntan a Telleldín con varias pruebas.
  Mintió reiteradamente. Dijo que la había vendido a un extranjero, Ramón Martínez, con documento falso y acento centroamericano. El boleto de compra-venta que entregó para justificar esa operación era obviamente falso. Después se desdijo y reconoció que les dio la camioneta a los policías.
  Hasta ahora sigue mintiendo sobre la forma en la que se armó la Trafic. No explica satisfactoriamente dónde quedaron las partes que no usó y por ello siempre deja la sensación de que trata de desviar la investigación.
u Los fiscales sostienen que supo que la Trafic se iba a usar para hacer una operación “pesada”. Hay varios testimonios que indican que el mismo día del atentado Telleldín se puso más que nervioso y de inmediato supo que se usó su camioneta. En ese momento, no había dato alguno que indicara que se utilizó una Trafic.
  También se sospecha de él porque la camioneta fue armada con elásticos que no eran de ese modelo y que podían soportar más peso del habitual. Supuestamente eso se hizo –dicen los fiscales– para que en la Trafic se pudieran cargar los explosivos y bolsas de tierra que sirvieron paradireccionar la explosión. O sea que el vehículo fue preparado especialmente.
  Hay una llamada extraña a su casa, el mismo día en que entregó la Trafic. Su interlocutor fue Alberto Kanoore Edul, sospechado de haber tenido relación con el atentado.
Con estos elementos, los fiscales lo acusan de ser cómplice del atentado –partícipe necesario–, por lo que le correspondería la pena de reclusión perpetua.
En segundo lugar está el grupo de policías bonaerenses que mantenía estrechas relaciones con Telleldín. A la cabeza de ese grupo los fiscales señalan al ex comisario Juan José Ribelli, que –está nítidamente probado– extorsionaba a Telleldín para sacarle dinero a cambio de dejarlo seguir con sus negocios turbios. Para los fiscales, Ribelli, Leal, Ibarra y Bareiro formaban una banda de policías extorsionadores a quienes Telleldín les entregó la camioneta el domingo 10 de julio para pagarles parte de la extorsión. Las pruebas contra ellos son las siguientes:
  Hay dos testigos presenciales que identifican a Leal e Ibarra en el momento en que están negociando con Telleldín para llevarse la camioneta.
  Hay testigos que señalan varios vehículos que estaban en los alrededores de la casa de Telleldín ese día 10 de julio. Esos autos eran de Leal, Ibarra o alguno de sus familiares.
  Hay otro testigo, un policía, que se acerca a uno de los autos que merodeaban la casa de Telleldín y el conductor de ese vehículo le reconoce que es policía de Lanús –la zona de Ribelli-. y que ya se iba a enterar de lo que estaban haciendo.
  Los policías se manejaban con diez celulares que estaban a nombre de Ribelli. La empresa Movicom informó inicialmente que los celulares registraron comunicaciones en la zona de la casa de Telleldín el 10 de julio. Recientemente, Movicom contradijo su informe inicial, aunque este hecho se está investigando.
  Ribelli y Bareiro participaron en la preparación de un testigo falso, Ramón Solari, para desviar la investigación.
  Ribelli viajó a Brasil y Paraguay en los días previos y posteriores al atentado y, además, blanquea 2.500.000 dólares en la jornada posterior al ataque, aduciendo que es una herencia que le deja su padre ferroviario. Los fiscales le imputan que puede ser dinero cobrado por el atentado.
  Hay un diálogo telefónico entre dos colaboradores cercanos a Ribelli en el que hablan sobre la Trafic usada en el atentado dando indicios de que se armó en la zona de Tigre.
Con estos elementos, los fiscales también le imputan a Ribelli, Leal e Ibarra participación como cómplices, ya que consideran que tuvieron la Trafic en su poder y la entregaron después a los terroristas. A esta calificación del delito corresponde la pena de reclusión perpetua.
El gran problema que afronta la causa AMIA es que no hay evidencias concretas sobre los pasos posteriores, es decir cómo y cuándo se les dio la camioneta a los terroristas, cómo se armó el coche-bomba, dónde y quiénes llevaron a cabo los tramos finales del atentado. Durante la mayor parte de los cinco años transcurridos desde el ataque, la investigación fue desastrosa, al punto que las fuerzas de seguridad apenas tenían destinados cinco o seis efectivos a esa pesquisa –la más importante del país–, en tanto que la mayor parte del esfuerzo estaba puesto en borrar pistas, sembrar testigos falsos y dar vueltas sin producir avance alguno. Lo que ahora se está llevando a juicio oral es lo que el juez y los fiscales más investigaron, pero que no conduce al punto nodal del atentado. Habrá que ver si ante el tribunal Telleldín o los policías dan algún elemento que permita saber la verdad.

QUE HIZO CADA UNO DE LOS PRINCIPALES IMPUTADOS POR LOS FISCALES
Una verdadera galería del horror

Los principales imputados por los fiscales Mullen y Barbaccia son:
  Carlos Telleldín, alias El Enano. Delincuente muy ligado a la Policía Bonaerense, dedicado al armado de autos con partes robadas, falsificación de dinero, robo y otros delitos. Integraba una banda con la gente que lo rodeaba, su esposa Ana Boragni, sus amigos Hugo Pérez, Jacinto Cruz y Pérez Mejía. Armó la camioneta que estalló frente a la AMIA aunque él dice que se la entregó a un grupo de policías bonaerenses como pago de una extorsión.
  Ex comisario Juan José Ribelli, alias Juancito o El Lobo, otrora uno de los hombres más poderosos de la bonaerense. Se le han comprobado más de 40 delitos, entre ellos extorsiones, arreglos con delincuentes, encubrimiento de piratas del asfalto e incluso se le imputa haber dado la orden en la llamada masacre de Monte Chingolo. En el caso AMIA se lo señala como el jefe de la banda que se quedó con la Trafic el 10 de julio, ocho días antes del atentado.
  Ex subcomisarios Raúl Ibarra e Irineo Leal. Este último era parte de la Brigada de Vicente López que extorsionaba a Telleldín y preparó el apriete para que El Enano les entregue la camioneta en parte de pago por la extorsión a la que lo sometían. Todo indica que personalmente estuvo entre los que se llevó la camioneta de la casa de Telleldín. Ibarra fue el enviado de Ribelli para participar de esa operación.
  Ex oficial Mario Bareiro. Sabía que Telleldín tenía la camioneta y organizó las cosas para que los policías lo aprieten y se lleven el vehículo. Las pruebas contra él en relación con el atentado parecen débiles, pero después colaboró en la preparación de un testigo falso para desviar la investigación
  Ex oficial Diego Barreda. El policía más cercano a Telleldín. Fue el primero que se enteró que El Enano tenía una Trafic. Será juzgado por extorsión ya que le sacaban dinero a Telleldín a cambio de permitirle seguir con sus negocios delictivos. No se le imputa relación con el atentado.
  Ex oficiales y suboficiales Víctor Cruz, Marcelo Albarracín, Claudio Araya, Jorge Rago, Bautista Huici: formaban parte de las brigadas de Lanús o Vicente López y participaban de las extorsiones contra Telleldín y otros delincuentes. Serán juzgados por privación ilegítima de la libertad, secuestro extorsivo, asociación ilícita y falso testimonio. La pena máxima es de 20 años.
  Ex oficiales y suboficiales Alejandro Burguete, José Arancibia, Oscar Bacigalup, Daniel Quinteros, también eran parte del equipo de Ribelli en los arreglos con los delincuentes. Se les imputa falsedad de documento público y asociación ilícita.
  Hugo Pérez, Miguel Jaimes, Ariel Nitzcaner, Alberto Bottegal y Argentino Lasala. Se los acusa por integrar la banda de armado de autos truchos de Telleldín o por ser parte de las negociaciones con los policías.

Piden se forme comisión investigadora para Moneta

Por Susana Viau

Diputados del Partido Demócrata mendocino y de la Alianza solicitaron ayer la creación de una “comisión especial investigadora” de la gestión del Banco Central en relación a los bancos de Mendoza, De Previsión Social, Mendoza y República, vinculados los dos últimos al prófugo Raúl Juan Pedro Moneta. Los legisladores solicitaron que se inste al central a la intervención judicial de los bancos, el desplazamiento de sus directorios y la apertura de sumarios administrativos a funcionarios y calificadoras de riesgo que tuvieron la función de control de las entidades. El escándalo desatado tras la caída de los bancos del financista más allegado al poder aguarda aún la culminación de una etapa: saber si, como al resto de sus socios, la Justicia le concede la eximición de prisión. Por lo pronto, y aunque su pronunciamiento no sea vinculante, el fiscal Ernesto Peñaloza recomendó que le sea denegado ese beneficio. El escándalo compromete a las máximas autoridades financieras, Roque Fernández y Pedro Pou a quien “escracharán” el jueves los trabajadores bancarios y discapacitados en protesta por la falta de aplicación de lo dispuesto en la llamada “ley del cheque” (ver aparte)
El pedido de formación de una comisión investigadora lleva la firma de los diputados demócratas Gustavo Gutiérrez y Carlos Balter y el apoyo del radical Juan Pablo Baylac y los frepasistas Juan Pablo Cafiero y Darío Alessandro. En sus extensos fundamentos hacen una revisión de la historia de los dos bancos provinciales de Mendoza y de Previsión Social. Señalan que los bancos tuvieron una situación estable hasta 1987 cuando, sostienen, “devinieron en un desmanejo total y una corruptela generalizada en el otorgamiento de préstamos, de manera que en el mes de marzo de 1995, (...) tuvieron que cerrar sus puertas”. Afirman los diputados que a partir de ese momento “la provincia tuvo que salir a endeudarse para sanear los bancos y proceder a privatizarlos”, proceso que insumió “aproximadamente” la mitad de los recursos del Fondo Fiduciario Nacional (integrado por 1000 millones de pesos). Ante la sospecha de delitos que condicionaron el primer cierre de los bancos, el juez Luis Leiva inició una causa penal.
Gabrielli, sostienen los legisladores, inició el proceso privatizador durante el cual la provincia se hizo cargo de los pasivos de ambas entidades, calculado en 841 millones, “una cifra equivalente a casi un presupuesto anual del gasto público de Mendoza”. Los pliegos de la privatización fueron encargados a la consultora Merrill Lynch pese a que “Merrill Lynch es agente financiero del CEI Citicorp Holdings, empresa en la que el Banco República posee el 40 por ciento de las acciones y también de Telefónica, empresa en la que el CEI (...) tiene el 50 por ciento”. Sólo se presentó el consorcio formado por el Banco República y Magna Inversora quienes ofertaron por el Banco de Previsión, a cambio de una serie de medidas de gracia y franquicias no admitidas en los pliegos. Según éstos, los compradores debían tener un patrimonio de 50 millones, Sin embargo, el República se encontraba al borde de la liquidación y el capital de Magna Inversora era de 12 mil pesos.
El decreto 641/96 firmado por el gobernador Arturo Lafalla otorgó a Moneta los dos bancos, así como la administración de los entes residuales. Tras la fusión de los bancos de Mendoza y de Previsión, que pasaron a funcionar como “Banco Mendoza”, el desvío de fondos hacia el Banco República se intensificó y los autopréstamos se multiplicaron. La nueva se produjo el 8 de abril de 1999; tres días antes, el Central había aprobado un redescuento de 89 millones. La solicitud de formación de una comisión investigadora concluye que, pese a las graves denuncias que rodeaban la caída de los bancos, el BCRA no pidió la liquidación de las entidades ni separó a sus directores que, aún prófugos o presos, se mantuvieron en sus puestos y realizaron asambleas con la participación de veedores del BCRA. La Superintendencia de Entidades Financieras, a pedido de los mismos,dictaminó que “no han sido materia de objeciones”. Moneta y sus socios, denuncian los diputados, contaron “con la colaboración irrestricta de (Pedro) Pou”, titular del BCRA.

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