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 La disputa
por la integración de la Auditoría porteña amenaza con convertirse en un conflicto de
poderes en la Ciudad de Buenos Aires. Desconociendo una decisión de la Legislatura, el
Tribunal Supremo porteño falló a favor del PJ y decidió que Nueva Dirigencia (ND)
deberá cederle a ese partido uno de sus dos representantes en la Auditoría. “Es una
venganza por las denuncias que realizamos contra el auditor Juan Iraizoz”, señaló
ayer la bancada de ND, que agregó que se negará a retirar a uno de sus representantes en
el organismo de control.El artículo 136º de la Constitución porteña establece que la Auditoría estará compuesta por siete miembros. La presidencia quedará en manos de la primera fuerza de oposición en la Legislatura, mientras que los seis restantes serán designados respetando un criterio de proporcionalidad. Cuando, el 20 de abril pasado se puso en marcha la Auditoría, la Legislatura decidió que a la Alianza –con una mayoría clara de 37 legisladores– le corresponderán cuatro auditores. El problema surgió con el reparto de los tres lugares restantes, porque el PJ y ND cuentan con once legisladores cada uno. Ante la imposibilidad evidente de partir una persona a la mitad, se decidió buscar un criterio que en ese momento se definió como “ecuánime”: la presidencia de la Auditoría le correspondería al PJ, que obtuvo una leve ventaja sobre ND en las elecciones. Los dos miembros restantes quedaron para el partido que capitanea Gustavo Beliz. En ese momento, el PJ se opuso a ese criterio y presentó un recurso ante el Tribunal. Ayer al mediodía la Justicia local determinó que ND deberá remover a uno de sus dos auditores y que la Legislatura deberá designar en su lugar a un dirigente propuesto por el PJ. “La conformación que había decidido la Legislatura era absurda”, sostuvo ayer Guillermo Oliveri, jefe del bloque del PJ. “Sacamos tres mil votos más en las elecciones. Quedó claro que somos la primera fuerza de oposición. Nos dieron la presidencia de la Auditoría, como correspondía, pero al mismo tiempo nos dejaron con un auditor menos que ND, la segunda fuerza de oposición.” Poco después de que se conociera el fallo, ND cuestionaba en estos términos la decisión de la Justicia. “El tribunal busca una Auditoría afín a su propia integración: dependiente del poder político. El fallo es una venganza y un mensaje claro para la sociedad: quien pretenda investigar la corrupción será castigado.” De esta forma, ND vinculó el fallo con la denuncia que efectuó uno de sus auditores, Noemí Fernández Cotonat, quien filmó al auditor radical Juan Iraizoz proponiéndole crear un sistema de retornos. “Es una invasión de la competencia de la Legislatura”, explicó el titular del bloque, Enrique Rodríguez. Y añadió que su partido no removerá a uno de sus dos auditores. –Entonces, ¿va a desconocer el fallo de la Justicia? –le preguntó Página/12. –Lo que desconocemos es la competencia del Tribunal en este tema, que es puramente político. Es como si, por ejemplo, el Tribunal decidiera mañana que un legislador no puede ocupar su banca y designara a otro en su lugar –respondió Rodríguez. El legislador agregó que la decisión es difícil de apelar ante la Corte Suprema de Justicia, porque se trata de un tema de la ciudad. La situación dentro de la Alianza era unánime. “Nosotros respetamos el fallo porque proviene de un tribunal independiente”, aseguró ayer el legislador radical Agustín Zbar. “Pero no compartimos el criterio. Además, nos preocupa el efecto de judicializar la política”. El frepasista Abel Fatala se manifestó en términos similares. “Aceptamos el fallo pero no lo compartimos porque es un tema político y no judicial.”
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