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 La
situación en Ecuador se complicó ayer ante la inminente “toma de Quito” por
parte de los indígenas, la ausencia de diálogo para solucionar el paro del transporte,
la creciente escasez de productos provocada por el corte de rutas en todo el país y el
primer muerto de la protesta que hoy cumple 10 días, un camionero alcanzado por una bala.
La crisis sirvió de justificación al presidente Jamil Mahuad para reinstalar por segunda
vez en 10 días el “estado de emergencia y militarización del territorio
nacional”. Esta jugada presidencial abre otro frente de conflicto, al desafiar al
Congreso que decidió revocar la medida por considerar que funcionaba únicamente para
reprimir a los manifestantes.Bajo las consignas de “¡Viva el paro!” y “¡Que renuncie!”, unos 2000 indígenas agrupados en la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) avanzaban ayer sobre la capital ecuatoriana para exigir que el presidente Mahuad abandone el poder y que el gobierno derogue el aumento del 13 por ciento en el precio del combustible. Los indígenas llegaron por la ruta Panamericana desde las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. “Los compañeros ya están en Guallabamba, a unos 20 kilómetros al norte de Quito, desde donde seguirán hasta Calderón –a sólo 10 kilómetros de la capital–”, anunció el presidente de la Conaie y promotor de la marcha, Antonio Vargas. El vicepresidente de la Conaie, Arturo Yumbay, confirmó que además mantendrán los cortes de rutas en el interior del país y el bloqueo del paso a todo tipo de transporte –una medida que acentúa el creciente desabastecimiento de los mercados–. Yumbay informó que los indígenas “decidieron trasladarse a la capital” no para negociar con el gobierno sino para exigir la inmediata renuncia del presidente. Aunque prefirió no dar cifras exactas sobre el número de personas que participarán en la “toma de Quito”, el dirigente indígena estimó que serán entre “20.000 y 30.000”, que se sumarían a los 50.000 transportistas que están en huelga desde el pasado 5 de julio. Su llegada a la capital se dará en medio del renovado “estado de emergencia y militarización del territorio nacional” decretado en la madrugada del martes por el presidente para intentar controlar el caos que paraliza al país desde hace 10 días. En un abierto enfrentamiento con el Parlamento, Mahuad firmó el decreto 1070, con el que reinstaló la emergencia en todo Ecuador cinco horas después de que el Legislativo derogara la medida. El martes por la tarde, el Congreso nacional había anulado el anterior decreto presidencial que autorizaba a los militares a patrullar las calles y detener a los manifestantes para “restablecer el orden público alterado”. El Parlamento rechazó ese decreto por considerar que era un instrumento político para reprimir a los manifestantes. Ahora es posible que aumente el conflicto político entre los dos poderes si el Congreso revisa el nuevo decreto presidencial –al que la oposición calificó de “provocación”–. Algo que significaría recalentar el tenso ambiente social desatado por la huelga de los transportistas, sindicatos e indígenas. El ministro de Gobierno, Vladimiro Alvarez, explicó que después de evaluar la situación de “conmoción social” que vive el país, el gobierno consideró necesario reestablecer la emergencia a nivel nacional. La medida suspende los derechos constitucionales –incluyendo los de reunión y protesta– y mantiene vigentes las normas de Justicia militar con las que serán juzgados quienes sean detenidos en las protestas callejeras. Alvarez informó que, antes de decidir poner la firma sobre el nuevo decreto, Mahuad se reunió con la cúpula de las Fuerzas Armadas, que el martes había expresado su respaldo y obediencia al presidente como comandante en jefe de las fuerzas. “Los militares ecuatorianos no necesitamos de un decreto de emergencia para salir a las calles a proteger a los ciudadanos y evitar que el país se paralice. Ese es un deber elemental de las Fuerzas Armadas”, sostuvo el ministro de Defensa, el general retirado José Gallardo, en una conferencia de prensa. Las declaraciones del jefe militar salieron al cruce de los rumores sobre un posible golpe de Estado para poner fin a la crítica situación que atraviesa Ecuador. Gallardo –que el martes desmintió haber dado un “ultimátum” de 48 horas a Mahuad– aseguró que los militares dieron “respaldo a la constitucionalidad del país, a la democracia, al prestigio que debe tener la patria en el exterior”, y destacó que las Fuerzas Armadas cumplieron con “sobriedad” su deber de vigilar el orden interno del país.
MARCHA CONTRA LA PRIVATIZACION DE UN PUERTO
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