Página/12

LA CAMARA NEGO LA EXIMICION DE PRISION
Moneta no logra zafar

No tuvo la suerte de otros directivos. La Cámara Federal de Mendoza consideró que la responsabilidad de Raúl Moneta es mayor y consignó su “desmedido ánimo de lucro”. El banquero de Menem sigue prófugo.

Fallo: “Moneta habría estado, al delinquir, en la plenitud de sus condiciones de empresario, y sólo el ánimo desmedido de lucro lo habría motivado”.

Raúl Moneta, ex presidente de los bancos República y Mendoza.
Sigue prófugo para mantenerse fuera de la cárcel.

La Cámara Federal de Mendoza rechazó ayer la solicitud de eximición de prisión presentada por el defensor del banquero Raúl Juan Pedro Moneta. La decisión causó cierta sorpresa entre quienes siguen el affaire de los Bancos Mendoza y República, puesto que los socios de Moneta habían sido beneficiados por esa medida en el curso de las pasadas semanas. Sin embargo, en este caso, actuó el tribunal de feria, del que participó sólo uno de los miembros de la Sala I de la Cámara, Julio Petra. Entre los fundamentos, el tribunal consigna “el desmedido ánimo de lucro” del financista mimado del gobierno y desactiva los argumentos con que el defensor Garguir relativiza la importancia de la ley 21.840, referida al delito de subversión económica, aplicada a Moneta y sus socios.
El tribunal que frustró las expectativas de Moneta, principal socio del grupo multimedia CEI (integrado por el Citibank, Telefónica y el fondo Hicks, Muse & Tate), está constituido por los jueces Julio Petra, Antonio Endeiza y Luis Miret. Los dos últimos, desde la Sala A de la Cámara. Sus colegas Petra, Otilio Romano y Alfredo López Cuitiño habían contestado favorablemente los requerimientos de eximición de prisión formulados por el resto de los imputados, entre ellos los de Benito Jaime y Pablo Lucini, tío y primo de Moneta, respectivamente, quienes pertenecían al staff directivo del Banco República, propietario junto a Magna Inversora del caído Banco República.
En su resolución, la Cámara criticó con dureza los argumentos del defensor Garguir (ex juez federal de la provincia durante la dictadura y ex socio del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra), al recordarle que la figura de “subversión económica que tan livianamente critica” fue ratificada en más de una oportunidad por “dos Congresos de la Nación” y “la circunstancia de que haya un proyecto, ya añejo, de derogar los artículos 6, 7, 8 y 9 de la ley 21.840 no es argumento válido”.
Los magistrados hacen referencia a la iniciativa presentada por Eduardo Menem y que recibió media sanción de la Cámara alta. La elaboración del proyecto de derogación, se afirma, habría sido presentado por el senador Menem pero motorizado por Eduardo Bauzá. El proyecto perdió estado parlamentario al transcurrir un año sin haber sido tratado por los diputados.
Los camaristas establecieron respecto de Moneta que “su eventual responsabilidad penal sería mucho mayor que la de los otros procesados (..); la edad, la educación y la calidad de los motivos que lo habrían llevado a delinquir deben ser tenidos en cuenta como atenuantes y como agravantes de pena”. Los jueces entienden que “Moneta habría estado, al delinquir, en la plenitud de sus condiciones de empresario, y aparentemente sólo el ánimo desmedido de lucro lo habría motivado, disponiendo que el Banco Mendoza prestara al Banco República y a otras empresas sumas dinerarias de tal envergadura que pusieron al primero en la situación financiera anómala en la que estaba el segundo”.

ALBERTO SPOLSKI, DEL PATRICIOS
Otro banquero procesado

Por Pablo Ferreira

El ex titular del Banco Patricios, Alberto Spolski, fue procesado ayer por el juez federal Gabriel Cavallo –junto a siete integrantes del directorio de la entidad fallida– por considerarlo responsable del delito de defraudación. El magistrado, al mismo tiempo, trabó un embargo de 9 millones de pesos sobre los bienes de Spolski y de 51 millones adicionales sobre propiedades de los restantes directivos ahora procesados. Entre ellos figuran, además de Ela Spolski y Sergio Fryd –entre otros– los dos vice presidentes del Patricios, Alejandro Bilik y Abrahman Rebrij.
La causa fue iniciada por el Banco Central, investigación a la que se le sumó la denuncia impulsada por los diputados aliancistas Alfredo Bravo, Héctor Polino y Jorge Rivas, quienes –paradójicamente– lograron el procesamiento del propio titular de la entidad monetaria, Pedro Pou.
Cavallo destaca en su extenso escrito las irregularidades detectadas en la administración del Patricios. Centralmente señala los préstamos otorgados a empresas vinculadas “en un contexto de insolvencia y negatividad del patrimonio neto, que tornaban totalmente desaconsejable una práctica de esa naturaleza”, la captación de supuestos “incautos” para invertir en obligaciones negociables de dudosa legitimidad y otras operaciones de ahorro. Además, quedaron constatadas maniobras millonarias con la cartera de tarjetas de crédito, “la simulación de activos mediante una intencionada tergiversación en la calificación de los deudores y el engaño a la autoridad pública de control”.
Con respecto al manejo fraudulento de los directivos del Patricios en operatorias con empresas vinculadas, Cavallo subrayó en su resolución que “representó un manifiesto lucro (indebido) para los beneficiarios de tales préstamos al que, de haberse adoptado todos los recaudos del caso, no hubieran podido acceder”. Esto al margen de que también excedían los límites normativamente impuestos por la autoridad de control. Entre las empresas beneficiarias de esos préstamos figura Nuevos Clubes Argentinos. Esta sociedad registraba una deuda con el banco de 8,8 millones de pesos el 31 de agosto de 1997 y saltó a 11,6 millones el 28 de febrero poco antes del cierre del Patricios. La deuda fue otorgada sin garantías y registraba atrasos. NCA era propiedad de Ernesto Spolski, hijo de Alberto, en un 16,7 por ciento del paquete accionario, de Sergio Spolski, hijo del imputado Ela Spolski y sobrino de Alberto Spolski y de Alejandro Bilik, con un porcentaje similar, de Fernando y Edgardo Kleiman, hijos del también imputado Héctor Kleiman, con el 8,3 por ciento cada uno. Otras empresas en similares concidiciones eran Carpemet S.A. (en ese lapso pasó de deber 1,8 a 4,2 millones), Draf SA y Sheruth SRL.

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