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"No se tomaron las medidas adecuadas", dijo la Bicameral

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En un despacho único la comisión parlamentaria cuestionó las investigaciones de los dos atentados. La oposición, por su parte, criticó al Gobierno

t.gif (862 bytes)  La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados a la AMIA y la Embajada de Israel presentó su segundo informe en el que, tal como anticipó este diario en diciembre pasado, se advierte que a más de siete años del ataque a la embajada y a cinco de la destrucción de la mutual judía "no se han tomado las medidas recomendadas" para prevenir actos terroristas. A diferencia de lo que sucedió en 1997, la Bicameral consensuó esta vez un único dictamen, aunque los diputados y senadores de la oposición denunciaron en un aparte la responsabilidad del Gobierno en la falta de esclarecimiento de ambos ataques.

En el documento, que fue dado a conocer a 48 horas de cumplirse cinco años de la voladura de la AMIA, se señala que "las declaraciones oficiales, cuando no son acompañadas de medidas concretas, generan vulnerabilidad", y se recomienda reforzar estrategias de prevención como "formar un grupo de trabajo permanente" con personal capacitado "de legajos y antecedentes intachables".

Las críticas más duras, sin embargo, quedaron fuera de las conclusiones conjuntas, en un suplemento en el que los representantes de la Alianza manifestaron la "evidente la falta de voluntad política real de parte del gobierno nacional y provincial para el esclarecimiento de los atentados y, particularmente, para colaborar con la justicia encargada de la investigación de los hechos". En ese sentido también subrayaron que todavía no se ha analizado el papel de "todos aquellos funcionarios que en forma directa o indirecta obstruyeron la pesquisa y encubrieron a los autores" de los ataques.

La Bicameral no formuló reproches al trabajo del juez Juan José Galeano, a cargo de la causa AMIA; tampoco a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, a quienes incluso se reconoce "la voluntad y predisposición a informar". La postura refleja el respaldo casi incondicional que tiene el magistrado por parte de la DAIA y la AMIA; los mayores cuestionamientos a Galeano son sostenidos desde los familiares agrupados en Memoria Activa.

En las conclusiones sí se advirtió, por otro lado, sobre las demoras y la necesidad de profundizar en varias investigaciones conexas como el enriquecimiento ilícito del ex comisario Juan José Ribelli y la ausencia de procesamiento de los policías federales de la División de Protección al Orden Constitucional que cometieron graves irregularidades durante los primeros tramos de la instrucción.

Los párrafos más severos del informe se reservaron para la Corte Suprema, por "haber demorado el avance en la investigación" del primer gran atentado sufrido en el país. Aunque reconocieron el impulso de la pesquisa luego de que la causa quedara en manos el secretario Esteban Canevari el informe sostuvo que:

* "La Corte Suprema no ha efectuado en la primera etapa una investigación orgánica, exhaustiva y dinámica, lo cual impidió que se alcanzaran resultados concretos." Tampoco "ha recuperado el tiempo perdido en la etapa e instrucción".

* "El tipo de investigación que se está realizando es de carácter histórico", o sea que ya no se puede encontrar a los culpables "ni dilucidar ciertas cuestiones".

También hay críticas a los organismos de seguridad interior e inteligencia por "no haber realizado (en el caso de la embajada) todo el aporte de esfuerzos que era necesario para profundizar una investigación de la envergadura de la que correspondía". En su aparte, la oposición puntualizó que "deberían contar con personal con profunda vocación democrática, idoneidad, así como con conocimientos en materia de terrorismo internacional", párrafo que sugiere que la situación actual es exactamente la contraria.

 

86 monumentos con raíces

Ayer, a lo largo de la calle Pasteur, se plantó un árbol por cada persona fallecida. Ese fue el homenaje que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires rindió a las 86 víctimas del atentado contra la AMIA, del que el domingo se cumplirán cinco años. La ceremonia fue encabezada por el vicejefe de Gobierno porteño, Enrique Olivera, el titular de la AMIA, Hugo Ostrower, y la secretaria de Derechos Humanos, Inés Pérez Suárez, como única representante del gobierno nacional. La iniciativa de la plantación de 86 árboles, cada uno con una placa con el nombre de la persona fallecida en el ataque terrorista, fue aprobada por unanimidad por la Legislatura porteña y refrendada por Fernando de la Rúa. También se colocó un árbol más en la vereda de enfrente de la nueva sede de la AMIA, ubicada en Pasteur 633, en la que se colocó una placas con la inscripción "NN", en representación de los muertos cuyos cuerpos despedazados todavía no pudieron ser identificados. Ostrower insistió durante su discurso en que el ataque terrorista debe ser tomado "como una cuestión de Estado".


 

OPINION

Sólo confío en la calle

Por Herman Schiller

T.gif (862 bytes) En estos cinco años de impunidad no se encontraron los culpables ni se vislumbra que se vayan a encontrar. Además de los "operativos de inteligencia", expandidos por los "servicios" para convertir a las víctimas en victimarios, hemos asistido en este lustro a una sórdida batalla interna por la caracterización de la masacre de la AMIA.

Durante un largo tiempo, el judaísmo oficial apuntó sus dardos exclusivamente hacia Medio Oriente, sin demasiado fundamento, y se abstuvo de involucrar a los residuales del terrorismo de Estado argentino.

Lo hizo, es cierto, movido por intereses coyunturales, pero también porque un sionismo elemental y esquemático que vegeta por inercia, está convencido de que los judíos de la diáspora son algo así como el patio trasero de Israel y, por lo tanto --en opinión de ellos--, necesariamente tienen que sufrir los mismos problemas que sufren los israelíes, a partir, por ejemplo, de las acciones violentas desencadenadas por lo que se ha dado en denominar el "terrorismo fundamentalista islámico".

De cualquier manera, sería prematuro aún plantear la antítesis paralela: que únicamente los antisemitas del aparato represivo local (especialmente los sectores nazis de la policía y los "servicios") perpetraron la matanza. Lo más probable es que haya sido una combinación de ambos factores --que odian a los judíos allá y acá--, aunque coincido con el malogrado Carlos Juvenal que "la conexión local ya está demostrada, no así la conexión internacional".

Mientras tanto, el frente interno judeoargentino está pugnando trabajosamente por quitarse de encima las pulgas de los cómplices del menemismo, en medio de una crisis complicada por los desaguisados e incoherencias antihistóricas incubadas por lo menos durante el último cuarto de siglo.

¿De qué estamos hablando? Del papel cumplido por buena parte del desenvolvimiento institucional durante la dictadura; del papel de encubridores en la etapa posterior al atentado (el homenaje a la policía que en setiembre del '94 hicieron las cúpulas de AMIA y DAIA, o la participación de Aldo Rico en un acto central de la colectividad realizado en el Club Hacoaj, seguramente pasarán a formar parte de la antología de la claudicación); y del papel de cómplices de la estructura banco-dependiente que, perversamente, se montó con la excusa de que era la única fuente de financiación de la vida comunitaria.

En estos momentos, para exigir justicia, sólo confío en la calle. Por eso, más allá de las diferencias abismales que me separan de algunos referentes de Memoria Activa (especialmente los que no son familiares de las víctimas, fuertemente ligados al judaísmo oficial), el espacio de los lunes en Plaza Lavalle es prácticamente lo único que jode en serio y tiene alguna posibilidad de poner los huevos sobre la mesa para escupirle el festín a los asesinos.

 

 

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