PANORAMA ECONOMICO

Corrupción y obediencia

Por Julio Nudler

Es frecuente y ya tradicional que, junto con el ofrecimiento de un contrato, el afortunado experto reciba la advertencia de que deberá "participar" un cierto porcentaje de su retribución, que suele variar entre el 20 y el 50 por ciento, pero que en ocasiones es aún mayor. Desde que comenzó esta práctica, ese retorno era fundado en razones de equidad, para emparejar la remuneración del personal de planta con la del contratado. "Yo te hago un contrato, pero como vas a ganar el triple que yo, tenés que pasarme el 30 por ciento", le explicó de entrada un director nacional a uno de los especialistas elegidos. A éste le pareció razonable la exacción, y consecuencia, no de una actitud deshonesta, sino de la perversa estructura de los sueldos públicos.

Sin embargo, el pretexto sigue usándose, incluso en casos --muy normales, por otra parte-- en que el personal de planta que interviene en un programa no supera el diez por ciento de la dotación. El mecanismo suele ser bastante elemental. El contratado recibe su cheque mensual con el importe pleno, lo cobra y luego le entrega en efectivo la participación acordada a un colaborador de confianza del director del proyecto o coordinador del programa, que cumple la tarea de recaudador.

Otra modalidad, muy apreciada por algunos subsecretarios, es la de tener un amigo afuera que cree una consultora, la que será contratada por montos inflados pero siempre opinables. Este filón fue intensamente explotado durante las privatizaciones, ya que siempre podían colarse consultoras locales junto a las multinacionales.

Los contratos son además un medio muy utilizado para incorporar familiares y amigos, que se cuentan por cientos en los organismos públicos. Se trata, por lo común, de contratos de objeto difuso, en los que a veces ni siquiera está claro si el nombrado debe presentar algún informe escrito con el fruto de su labor. Estos contratos falaces son también un arma en la red de relaciones y favores mutuos que toda figura política teje como reaseguro. Así se explica la cantidad de parientes de sangre menemista que abarrotan el sector público nacional. Ahora que está próximo el mutis de Menem, hay una búsqueda frenética de vacantes para convertir en planta permanente a esos familiares contratados.

En la época radical se había desarrollado, con epicentro en la Cancillería, una extraña modalidad que se valía del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) para sortear la grilla estatal, contratando gente con remuneraciones muy superiores a las oficiales. La oficina porteña del PNUD recibía fondos transferidos por la Secretaría de Hacienda, se quedaba con un 22 por ciento y contrataba a los profesionales que le señalaban los radicales, e incluso pagaba en su propia ventanilla. Este esquema sigue siendo aplicado hoy, por ejemplo, por el gobierno de Eduardo Duhalde.

Domingo Cavallo se opuso al mecanismo, que inflaba el gasto público, y lo reemplazó por otro igualmente perverso, que también había empezado a emplearse en tiempos de Raúl Alfonsín. El PNUD fue sustituido por organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que financian los proyectos más diversos, para apoyar tal o cual cosa.

Hoy esta mecánica se concentra en la Secretaría de Control Estratégico, encabezada por Miguel Solé. Según éste, los programas en marcha suman 17 mil millones de dólares, que en algún momento habrá que devolver. Esos créditos generan además una carga de intereses y de comisiones de compromiso, que penalizan la porción no utilizada de los préstamos aprobados. Hay, por tanto, una constante presión por usar las líneas, y a partir de esto todo un tráfico de proyectos prêt-à-porter, necesarios para justificar el gasto.

Se trata, en otro sentido, de una manera de financiar gasto corriente oculto del Estado, maquillando las cuentas públicas. Esto les sirve a su vez al BM y al BID para conseguir fondos a tasas más bajas en el mercado internacional, ya que mejora la calificación del país receptor del financiamiento. Esto ensancha el margen (spread) con que se queda la entidad prestamista. En el fondo, los oficiales de esos bancos multilaterales son agentes colocadores de plata, que actúan con esa lógica. Por este camino, el contralor de la acción del Estado argentino en relación con tareas concretas, sobre todo en áreas de gran interés social, queda a cargo de los burócratas del Banco Mundial y del BID. Pero lo que éstos en realidad fiscalizan son las formalidades. Mientras se respeten los procedimientos formales, nadie debe temer nada.

La autarquía financiera, que seguramente será defendida en nombre de la agilidad y la eficiencia, también le resta transparencia y control al manejo de los fondos. En Desarrollo Social, por ejemplo, existe una UFI (Unidad de Financiamiento Internacional) que responde directamente al secretario José Oscar Figueroa. De esa Unidad dependen un número de programas de herméticas siglas (Siempro, Fopar, Prosofa, etcétera). Entre otras historias, allí no se olvida el paso de una alta funcionaria de la gestión anterior, que contrató al marido y le adjudicó a la imprenta del padre la provisión de la papelería timbrada. Formas varias de la corrupción minorista, que discurre por debajo de la de gran escala, sin que una moleste a la otra.

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