Por Mariana Carbajal Invocando el derecho de la
mujer a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, la Cámara de
Apelaciones de San Martín ordenó a un hospital público ligar las trompas de Falopio a
una mujer de 26 años, de escasos recursos económicos, que tuvo cinco chicos en partos
por cesárea. La joven había pedido que le realizaran la esterilización, luego de
intentar, sin éxito, regular su fertilidad con distintos métodos anticonceptivos y
sabiendo que un futuro embarazo pondría en riesgo su vida. Sin embargo, en el Hospital
Thompson –donde se atendía– se negaron a concretar la ligadura, sin una
autorización judicial. Entonces, se presentó en los tribunales. Y el juez interviniente
rechazó su solicitud. Pero ahora, el Thompson deberá ligarle las trompas o hacerse cargo
del costo de la intervención en otro establecimiento, de acuerdo al fallo de la Sala I,
al que tuvo acceso Página/12. El caso dejó al descubierto la discriminación que sufren
las mujeres pobres: la ligadura de trompas se hace en forma corriente y sin mayores
impedimentos en la medicina privada e incluso se encuentra contemplada en el nomenclador
oficial de prestaciones de las obras sociales. “El juez de primera instancia y los
médicos convirtieron a la mujer en una simple reproductora, menospreciando su vida y su
autonomía como paciente”, cuestionó la abogada Dora Coledesky, quien asesoró
jurídicamente a la joven.
La protagonista de esta historia es María Rosa González. “Creo que tengo derecho a
opinar sobre mi cuerpo”, dijo a este diario, con la indignación acumulada, mientras
acostaba en su cuna a Bárbara, su hija más pequeña, de menos de un mes de vida.
Decidió hablar y dar la cara –aclaró– para que ninguna otra mujer, de
condición humilde como ella, tenga que atravesar semejante manoseo. “Un mes y medio
antes de la fecha prevista para la cesárea informé en el Thompson que quería que me
ligaran las trompas durante el parto. Pero el doctor Geslin, jefe del Servicio de
Obstetricia, se opuso y me dijo que sin una autorización judicial no me la hacían. Lo
curioso es que se negó aun sabiendo que un próximo embarazo sería muy riesgoso para
mí. Me mandaron a la oficina de asesoramiento legal del hospital y el médico que me vio
me dijo que mi pedido era inmoral, que el día de mañana podía separarme y mi nuevo
marido querer otro hijo. Pero yo le respondí que a mí no me preocupa el futuro sino el
presente, que hoy tengo que cuidar mi salud porque soy madre de cinco hijos. Como el juez
no me dio el permiso, en el momento de la cesárea le pedí la ligadura al médico que me
operó. El también se excusó. Me dijo que no me la podía hacer cuando hay otras mujeres
que quieren tener hijos y no pueden por problemas de fertilidad. Pero yo tengo que pensar
en mí y en los cinco hijos que tengo”, relató María Rosa.
Vive con su marido, de 23 años, que está sin trabajo estable, en una casa de techo de
chapa, sin revocar, en el barrio 9 de Julio, Villa Lanzoni, partido bonaerense de San
Martín. La mayor de sus hijas, Mariana Anabela, de 7 años, la tuvo a los 19. Después
vinieron Macarena Belén, de 5, Alexis Ariel, de 4, Brenda Denis, de dos y medio, y
Bárbara, la beba que nació el 25 de junio en el Hospital Thompson, de la municipalidad
de San Martín.
Alto riesgo
La ligadura de trompas de Falopio se la recomendó la ginecóloga Alicia Cacopardo, que la
atiende desde 1992 en la Unidad Sanitaria de Villa Lanzoni, dependiente del gobierno
provincial. En el certificado médico que María Rosa presentó en el Thompson, Cacopardo
justificó la esterilización en la imposibilidad de la joven de regular su fertilidad por
otros métodos y en el peligro que representa un nuevo embarazo tanto para su salud como
la del futuro hijo. Podría romperse el útero, por la apertura de la cicatriz de las
anteriores cesáreas.
Cacopardo también detalló los problemas de María Rosa para evitar una próxima
gestación: “Presentó intolerancia a los anticonceptivos orales. No se aconsejó la
colocación del DIU por las múltiples cesáreas e infecciones cervicovaginales
recurrentes. Con respecto al diafragma, la paciente tiene dificultades prácticas para su
uso, lo cual ha ocurrido también con el uso del preservativo, ya que su pareja no
colabora, no aceptando usarlo en forma permanente, y manifiesta que no lo puede adquirir
siempre por su situación económica”.
En el Thompson, sin embargo, rechazaron los argumentos de Cacopardo. “Que el marido
no quiera usar preservativos no es motivo para amputarle las trompas a una mujer. Además,
no creemos que corra riesgo su vida con otra cesárea. En realidad, nos están pasando la
responsabilidad de la pareja de cuidarse para impedir la concepción. Hay otros métodos
anticonceptivos que evitan que se le provoque esta lesión gravísima”, dijo a
Página/12 Ricardo Gutiérrez, director de hospital. Su respuesta llama la atención: en
la misma historia clínica de María Rosa, realizada en el Thompson en ocasión de su
cuarto embarazo, un sello repetido tres veces advierte sobre el “alto riesgo”
del caso, según pudo observar este diario.
Derecho a decidir
Como quería que se le practicara la ligadura durante la cesárea programada para el 25 de
junio, María Rosa presentó un recurso de amparo, en el que solicitó la ligadura de
trompas. El caso recayó en el juzgado civil Nº 7 de San Martín, a cargo de Daniel
Claudio Zorrilla. El magistrado se tomó su tiempo para resolver el caso. Y exactamente el
mismo día previsto para el parto, rechazó la solicitud, teniendo sólo en cuenta la
opinión del hospital.
El fallo fue apelado y el 7 de julio la Sala I de la Cámara de Apelaciones le dio la
razón a la joven. Tras criticar duramente la actitud de Zorrilla, el tribunal de segunda
instancia ordenó al Thompson practicar la ligadura por el sistema de translaparoscopía,
o costear la operación si el procedimiento debe realizarse en otro establecimiento de
mayor complejidad.
“El juez se desentiende de los reales problemas de la paciente descriptos por su
médica. Dice que con 26 años es joven para que se le liguen las trompas. No me parece un
argumento congruente, cuando la mujer tiene cinco hijos. Debería haber tenido en cuenta
su imposibilidad de apelar a otros métodos anticonceptivos, su situación económica y el
hecho de que su marido está desocupado”, consideró, ante este diario, la camarista
Stella Maris Biocca, integrante de la Sala I. Y agregó: “Lo enojoso del caso es que
por distintas razones las mujeres que pueden atenderse en clínicas privadas no encuentran
dificultades para que se les realice una práctica como ésta cuando la solicitan”.
En su sentencia, los camaristas también fundamentaron su resolución en la Convención de
Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer –incorporada a la
Constitución Nacional–, que en su artículo 16, inciso “e”, establece que
las mujeres tienen derecho a “decidir libre y responsablemente el número de sus
hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la
educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”.
La ligadura de trompas es un método anticonceptivo, con carácter definitivo, por el cual
se corta el vínculo entre el ovario y el útero, de forma tal que los espermatozoides no
pueden fecundar al óvulo. En el país, está prohibida por la Ley 17.132, que rige el
ejercicio de la medicina, siempre que no haya una indicación terapéutica adecuada.
El tema, sin embargo, es polémico. Para Marcos Meeroff, fundador y ex presidente
honorífico de la Sociedad de Etica Médica, la ligadura debe realizarse, si una mujer la
pide, aunque no corra riesgo su vida. “Simplemente por el principio de la autonomía
de la persona a disponer de su cuerpo, la intervención está perfectamente
autorizada”, opinó Meeroff.
Según explicó el juez marplatense Pedro Hooft, en ningún lado está expresamente
indicada la necesidad de una autorización judicial parapracticar esta operación. Hooft
es presidente de la Asociación Argentina de Bioética y en varias oportunidades ordenó a
hospitales públicos que accedan al pedido de mujeres, con varias cesáreas previas como
María Rosa, que querían ser esterilizadas.
|
