|
|
|
|
|
|
|
|
¿Qué se debió hacer y no se hizo? Por Raúl Kollmann |
 Cuando los
familiares de las víctimas dicen que “el Estado argentino fue la conexión local que
garantizó la impunidad”, le ponen nombre y apellido a un hecho categórico: la
investigación del caso AMIA fue -.y aún es– una vergüenza. ¿Qué es lo que se
debió hacer y no se hizo?El mismo día del atentado, aún por la mañana, tendría que haberse convocado una reunión extraordinaria del Gabinete y tomar la decisión política de volcar todas las fuerzas a la pesquisa. Dos o tres ministros y el mismo Presidente deberían haber tomado el caso en sus manos, poniéndose al frente de las cosas como para dejarle en claro a todo el mundo que no iba a haber impunidad. Ya en la tarde del 18 debieron constituirse en comisión a 30 o 40 secretarios de juzgados, ubicarlos en un gigantesco galpón o edificio, con 50 computadoras, para que les tomen declaración a unos 1500 testigos: todos los que estuvieron cerca, los que vieron algo, los de la playa de estacionamiento donde estuvo la Trafic, los que tenían cualquier dato o denuncia para hacer. En cuatro o cinco días debía estar tomada la mayor parte de las declaraciones. El objetivo hubiera sido no darles ninguna ventaja a los culpables: interrogar a los policías, a la banda de Telleldín, a los carapintada que andaban cerca de la AMIA, a los que llevaron el volquete, a los que tenían que custodiar y no custodiaron, revisar una por una las Trafic que habían sido robadas –hasta hoy hay dudas sobre cuál fue exactamente la carrocería del coche bomba–, relevar a todas las personas que figuraban en la agenda de Telleldín (esa que borraron en la Policía Federal). Para dar un ejemplo, los policías bonaerenses, hoy detenidos, fueron interrogados por primera vez en 1996, dos años después del atentado; la banda de Telleldín tuvo semanas para urdir coartadas. Ese mismo día 18 de julio había que encontrar 300 hombres de primer nivel de las fuerzas de seguridad, confiables, buscándolos en todos lados y poniendo sobre ellos una presión abrumadora. En la investigación del atentado de Oklahoma, el FBI destinó a la pesquisa 5000 agentes. En los atentados del año pasado contra las embajadas norteamericanas en Africa, la reacción fue la misma: 12 horas después aterrizaban en Kenia y Tanzania dos gigantescos Hércules con 1000 agentes que interrogaron a 1200 personas en las primeras 72 horas. En este terreno, la actitud del Gobierno, las fuerzas de seguridad y la Justicia argentina fue escandalosa. La cantidad de gente que investigaba osciló entre 15 y 20, la mayoría dedicada a filtrar información para trabar o desviar la causa. Recién en 1997, después de los abucheos y silbidos a los ministros en el acto por el tercer aniversario, se destinó un equipo de 100 hombres a la investigación. Habían pasado 40 meses. Cabe preguntarse por qué el juez Galeano no puso el grito en el cielo por esta situación desde el primer día. Las instituciones de la comunidad judíamiraron pasivamente y recién entonces, en 1997, se quejaron porque a los investigadores les decían “los poquitos”, porque justamente eran pocos. Si Zulema Yoma hubiera sido la presidenta de la DAIA o la AMIA no habría permitido esa situación: se la hubiera visto sentada, en huelga de hambre, frente a la Casa Rosada. Con la misma intensidad debió ponerse en marcha toda la parte técnica. La causa AMIA registra un record mundial: hubo tres años dedicados a discutir si hubo o no Trafic y hasta el momento no se pudo establecer si al volante de la camioneta iba o no un suicida. Esto último, en términos concretos, significa que no se pudieron contar los cadáveres, si hubo 86 u 87 muertos en el atentado. El FBI, en el informe de fines de 1998, insiste en que hay que determinar la existencia del suicida a partir de la comparación de las muestras de ADN de los muertos. Y han pasado cinco años. Aunque el lector no lo pueda creer, no se ha terminado todavía con la aplicación del sistema Excalibur a las llamadas telefónicas. Se tardaron meses, casi un año, en ingresar los datos y los cruces no se terminaron de hacer. El año pasado, en 1998, se hizo una pericia a las partes encontradas del motor para saber si estuvo en la explosión; en 1999, recién dentro de unos meses, se va a hacer la reconstrucción ordenada por la Cámara Federal y todavía no se hizo una investigación sobre el papel que jugaron los policías federales aquel 18 de julio de 1994. Cualquiera puede preguntarse cuánto hace que el presidente Menem no recibe un informe sobre la pesquisa, por qué no fueron destituidos los ministros y jefes de la policía y la SIDE que no hicieron avanzar la investigación; en suma, por qué el Gobierno ni la Justicia mostraron la más elemental voluntad política para esclarecer el atentado. La respuesta es la siguiente: nadie quiso investigar a la policía de Duhalde –por aquel entonces Menem y Duhalde se llevaban más que bien–, nadie quiso meterse en los fabulosos negocios que manejaba la Bonaerense con complicidad del Ejecutivo provincial, nadie quiso meterse con la Federal y sus también fabulosos negocios apañados por los sucesivos ministros, el juez ni la Justicia se quisieron meter con el Gobierno porque desde el Gobierno llegan las designaciones y ascensos. Nadie se quiso meter con nadie para esclarecer el ataque. A esta trama es lo que los familiares han llamado la conexión local del atentado, la conexión local de la impunidad.
|