 Una nueva ley del Estado de Río de Janeiro prohíbe vender armas
o municiones a ciudadanos comunes que no sean policías, miembros de las Fuerzas Armadas o
agentes de seguridad privada. Ni siquiera los coleccionistas o los deportistas pueden
comprárselas. Además, en la Legislatura estatal se están debatiendo medidas que
obligarían a todos los poseedores de armas a entregárselas en un lapso de un año,
posiblemente contra una retribución monetaria de unos 90 dólares. Según encuestas
recientes el 70 por ciento de la población se muestra a favor de la ley.
Paralelamente, en Brasilia, el Parlamento está por votar una ley nacional similar
aplicable en todo el país. Fue el propio presidente, Fernando Henrique Cardoso, el que en
abril pasado pidió al Ministerio de Justicia que estudiara la posibilidad de implementar
una iniciativa que, además, goza del apoyo de las Fuerzas Armadas.
Desde febrero de 1997, y en virtud de la ley 9.437, rige el Sistema Nacional de Armas
(SINARM) que, como el RENAR en la Argentina, se creó para controlar la circulación legal
de las armas. Sin embargo, dos años después quedó demostrado que el sistema no está
funcionando plenamente. Además, Brasil tiene un grave problema de contrabando: según
datos de fuentes oficiales, el 58,8 por ciento de unos 6 millones de armas en circulación
ilegal proviene del contrabando. El 70 por ciento de ellas pertenece al crimen organizado.
Después de Sudáfrica, Brasil es el país que tiene los más altos niveles de gente
asesinada con armas: de los 100 mil muertos violentos el 25,78 por ciento son víctimas de
enfrentamientos armados, un porcentaje que es del 6,54 por ciento en Estados Unidos. El 2
por ciento del total de los homicidios en Brasil están cometidos por poseedores legales
de armas.
Las organizaciones no gubernamentales, junto con la Iglesia e institutos que se dedican a
la investigación de temas relativos a la seguridad ciudadana, jugaron un papel
determinante para la adopción de la ley. Viva Río, por ejemplo, miembro fundador de la
Red de Acción Internacional por las Armas Livianas (IANSA en sus siglas en inglés)
organizó una campaña de concientización de la opinión pública de las amenazas de la
violencia armada. Una de sus iniciativas es la supervisión de programas de entrega
voluntaria de armas que inmediatamente son destruidas. Su grado de organización y
activismo ha sido mayor que el del lobby de armas brasileño que recién se movilizó
contra la ley.
Años atrás, el ex gobernador de Río, Marcello Alencar, quiso terminar con la violencia
adoptando medidas como “tolerancia cero” al crimen. Entonces comenzó a elogiar
los “actos de bravura” de la policía. Más sencillamente, el gatillo fácil
para los criminales sospechosos. El efecto ha sido un aumento de la violencia y la
profundización de la corrupción policial. Hoy, los activistas de los derechos humanos
apuntan directamente a la erradicación de la cultura de la violencia armada: al tener
éxito la ley, y no hay garantía más allá de la voluntad política y el compromiso
social de que así será, Brasil pasará a ser un país donde existiría un control de
armas al grado del que existe en Gran Bretaña o Australia.
* Investigador principal en el Instituto de Política Criminal y de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires. Director del programa “Seguridad y Armas Livianas”.
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