Por D.C. Roque Fernández admitirá hoy que la
economía caerá este año entre 2,5 y 3 por ciento, tal como anticipó Página/12.
Mientras los productores rurales se concentraban ayer en Plaza de Mayo, los funcionarios
de mayor confianza del ministro terminaban de analizar las nuevas proyecciones para 1999.
El anuncio no hará más que blanquear la gravedad de la crisis, que los Roque boys se
empeñaron en disimular tozudamente. Su pronóstico ya no será que el PBI crecerá el
último año de la era menemista un 4,8 por ciento, como figura en el Presupuesto, y ni
siquiera que caerá 1,5 puntos, como dijo en su última estimación, sino que el derrumbe
será más profundo que el del Tequila. En 1995, la contracción fue del 2,8 por ciento, y
este año rondaría los 3 puntos.
Sin embargo, el equipo económico reconoce por lo bajo que la recesión podría ser aún
peor, coincidiendo con la visión de la mayoría de los consultores, que hablan de un
descenso de entre 3,5 y 4 por ciento. Un alto funcionario del Palacio de Hacienda señaló
ayer que a raíz de la crisis, el déficit fiscal será unos 900 millones más alto que el
acordado con el FMI. Sin embargo, sostuvo que se cumplirá la meta de un rojo de 5100
millones en el año, debido a que se utilizarán fondos de la licitación del sistema de
telefonía celular PCS para cubrir el agujero. En esa operación el Gobierno embolsó 1289
millones de dólares, de los cuales unos 900 millones fueron en documentos de pago a
futuro. “Venderemos esos títulos en el mercado para no desviarnos de la pauta con el
FMI”, reveló el funcionario.
La liquidación le restará recursos al próximo gobierno, pero a Roque lo único que le
preocupa es que evitará una nueva pelea con sus pares del Gabinete, pues no se verá
obligado a disponer un mayor ajuste fiscal. El informante de Economía sostuvo que las
nuevas proyecciones sobre el PBI aún no fueron presentadas formalmente al FMI, y precisó
que lo harán hoy mismo. Pero dio por “descontado” que el organismo no
protestará, porque el Gobierno respetará la meta de déficit fiscal. “Además
–dijo–, en pocos meses negociará los compromisos del 2000 con el próximo
gobierno”.
“Hasta hace un mes creíamos que era probable que la economía caiga sólo 1,5 por
ciento, pero cuando vimos cómo resultó junio, nos dimos cuenta de que la actividad no se
recuperó como esperábamos”, justificó el hombre del Palacio de Hacienda. En rigor,
Roque tiene en su poder un informe técnico que plantea dos escenarios posibles. El
optimista sostiene que la baja del PBI rondará el 2,5 por ciento. “Un escenario más
probable es que la caída llegará al 3,5 por ciento”, reconoce el documento. Hasta
anoche, el equipo económico analizaba cuál será su nueva proyección, y se limitaban a
hablar de un derrape de “entre 2,5 y 3 por ciento”. También discutía cómo se
presentará la corrección con el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez.
Otros puntos que incluyó la Secretaría de Programación Económica, a cargo del informe
con la proyección remozada, son los siguientes:
 “Proyectos
de inversión se dilatan por decisiones de consumo que se postergan”.
“En el
riesgo país (medido por la tasa de interés que pagan los bonos argentinos por sobre la
tasa de los bonos del Tesoro estadounidense), Argentina está cada vez más cerca de
Brasil y cada vez más lejos de México”.
En conclusión, en Economía advierten que no aparecen señales alentadoras en el consumo
y la inversión. “En estas condiciones, será muy difícil despegar hasta después de
las elecciones”, concluye el informe oficial.
CRITICAS A LA MORATORIA FISCAL
Facilidad que complica
El
presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Jorge Di Fiori, expresó ayer su condena al
plan de financiamiento de deudas impositivas y previsionales, al que consideró impagable,
en una de las críticas más duras que recibiera la iniciativa presentada por el titular
de la AFIP, Carlos Silvani. “No las va a pagar nadie y menos las pymes”, sostuvo
el dirigente en el marco de una disertación que realizara en la sede de esa entidad el
referente económico de la Alianza, José Luis Machinea.
El economista, por su parte, también admitió que “habría que revisar los intereses
que se cobran”. Y aseguró que “la Alianza está de acuerdo con otorgar
facilidades de pago, pero nunca aceptará un blanqueo”. Asimismo, Machinea destacó
ante los grandes comerciantes que, en caso de acceder al Gobierno, impulsará
“cambios en las regulaciones para que bajen los precios de los servicios”. Y
señaló que es necesario introducir mayor competencia y transparencia en ese sector ya
que sus precios son muy altos, pero –aclaró– sin violar los contratos
existentes.
Por último, el disertante dijo a su auditorio que la coalición opositora bregaría por
“un estricto control fiscal que permita disminuir impuestos”. A propósito, no
omitió recordar que esa reducción sólo podrá venir de la mano de un control de la
evasión, de una reducción del gasto público y de la caída del déficit fiscal.
NO PAGAN IMPUESTOS DESDE ENERO
Rebelión fiscal cuyana
Los
empresarios del transporte automotor de Mendoza no han pagado en lo que va de este año un
solo peso correspondiente a los impuestos que pesan sobre el sector. La directora de
Medios y Vías de Transporte de la provincia, Irene Pujol, admitió ayer la situación de
morosidad en la que se encuentran los transportistas e intentó justificarla ya que,
aseguró, todavía no está listo una suerte de crédito fiscal otorgado a los empresarios
el año pasado.
El asesor Oscar Razquin, perteneciente a la Autam –una de las cámaras en las que se
agrupan los transportistas de Mendoza–, aseguró que, a pesar de que no ha cumplido
con un solo impuesto desde hace más de siete meses, su sector “no es evasor, porque
evasor es el que pudiendo pagar no lo hace, y ése no es nuestro caso”. Razquin
sostuvo que es el gobierno el que debe pagarles a los transportistas una importante
diferencia cuando deba compensarlos por la desactualización tarifaria con la que,
afirmó, se ha manejado el sector desde 1995.
Los transportistas estarían en condiciones de acceder a una suma importante de crédito
fiscal ya que el año pasado la Comisión Técnica de Tarifas dictaminó la existencia de
un atraso tarifario y decidió dar una compensación para no aumentar los pasajes. Sin
embargo, las compañías no pudieron acceder a ello, porque la condición era que tuvieran
sus impuestos al día al 1º de enero de este año.
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