Por Raúl Kollmann En Nueva York y Washington fue
dada a conocer ayer la denuncia de Memoria Activa contra el Estado argentino ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de esclarecimiento del atentado
contra la AMIA. Con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro
por el Derecho y la Justicia Internacional (entidad norteamericana), se denunció “la
violación al derecho a la vida y la integridad física de las víctimas y la violación
de los derechos de las víctimas y sus familiares de obtener justicia por parte de los
tribunales locales”. La presentación de Memoria Activa es un detallado relevamiento
de las irregularidades en la investigación, la falta de prevención del atentado, los
testigos que fueron llamados a declarar con increíbles demoras, las pruebas perdidas, la
actuación de las fuerzas de seguridad obstaculizando la pesquisa y la negativa del juez
Juan José Galeno a realizar medidas consideradas elementales por Memoria Activa. El
primer punto de la demanda -.que firma el letrado de Memoria Activa, Alberto Zuppi–
imputa al Estado argentino por no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir el
atentado:
 No se
investigó el atentado contra la Embajada de Israel, antecesor del de la AMIA.
La sede la AMIA
no tuvo la suficiente custodia. El patrullero tenía la batería descargada y sólo había
un walkie-talkie como medio de comunicación. Los dos agentes policiales asignados no
estaban cumpliendo debidamente la custodia.
No se presentó
debida atención a una advertencia del atentado. Se refiere a lo dicho por el brasileño
Wilson Dos Santos, dos semanas antes del ataque en el Consulado argentino de Milán.
En cuanto a la investigación, Zuppi sostiene en el texto que “lo que hoy sabemos es
lo que sabíamos una semana después del atentado. Ya por entonces se sabía que hubo un
coche bomba, que se utilizó como explosivo el amonal y que el motor pertenecía a Carlos
Telleldín, quien fue detenido días más tarde. Por entonces también constaba en el
expediente que la camioneta había estado estacionada a escasas cuadras de Pasteur al 600.
Esto es exactamente lo mismo que se conoce hoy”.
Como fundamento de las irregularidades Zuppi señala:
Se perdió
buena parte de los escombros de la explosión.
Se perdieron
rollos de fotos, disketes y agendas secuestrados en el domicilio de Carlos Telleldín. La
agenda manuscrita de Telleldín fue encontrada recortada con una tijera.
Faltaron 66
casetes de escuchas telefónicas. La SIDE tenía una copia y las borró.
Hubo testigos
de fundamental importancia que fueron citados con enorme demora e incluso dos de ellos
murieron. La testigo Rosa Bareiro, que perdió a su hijo de cuatro años y estaba delante
de la AMIA, fue llamada a declarar el 4 de diciembre de 1996. El testigo Horacio
Dragubitzky estaba en la vereda de enfrente y prestó declaración el 24 de abril de 1997.
El barrendero Juan Carlos Alvarez, quien arrojó basura en el volquete instantes antes de
la explosión, declaró el 6 de febrero de 1995.
Existen casos
de testigos que fueron citados con mucha demora, supuestamente por dificultades en la
identificación de los domicilios, pero que a instancias de la querella fueron ubicados
por figurar en guía.
La Dirección
de Migraciones no colaboró con la investigación.
Miembros de la
policía le advirtieron al sospechoso Alejandro Monjo que lo iban a detener.
La custodia de
varios policías detenidos permitió que se violara la incomunicación que se había
dispuesto.
Las recompensas
a cambio de información no fueron dadas a publicidad.
El juez Galeano
fue filmado negociando con el detenido Telleldín la entrega de información a cambio de
dinero. Supuestamente se usó la figura del arrepentido, inexistente en la legislación
argentina.
Se dificultó
el acceso de las partes al total de la causa. Se hicieron anexos que corrían por
separado, impidiéndose así el control de la investigación.
Se dejaron de
seguir pistas investigativas muy importantes. Memoria Activa menciona el caso de Alí Al
Hassan y Julio Tanús, a los que les encuentran cuatro libras de trotyl, armas,
credenciales falsas de la Embajada de Siria y otros documentos. Esta pista quedó trunca.
En resumen, en la presentación Memoria Activa le solicita a la Comisión que establezca
la apertura del caso y dé traslado al Estado argentino de la denuncia, y que
oportunamente declare que se violaron los derechos consagrados en la Declaración
Americana de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos
referidos al derecho a la vida y el derecho de las víctimas y sus familiares a obtener
justicia.
OPINION
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