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 La amenaza
es el lenguaje del “diálogo” en Colombia. El presidente Andrés Pastrana lanzó
anteayer una advertencia peligrosamente cercana a un ultimátum, al decir que “la
paciencia del gobierno tiene un límite”. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) no dudaron en doblar la apuesta con un anuncio aún más amenazante:
ratificaron que los 42.000 km2 desmilitarizados son “un Estado dentro del
Estado” y que los “infiltrados” en la zona serán ejecutados según la ley
de las FARC. La nueva postergación de las negociaciones entre las partes volvió a
despertar el fantasma de la intervención extranjera, sobre todo después de que el
presidente Bill Clinton anunciara ayer que el “fin de la guerra civil colombiana es
un interés de seguridad nacional” para Estados Unidos.“La violencia no da más espera –amenazó Pastrana al abrir las sesiones ordinarias del Congreso–. La paciencia del gobierno y de 38 millones de colombianos tiene sus límites y la dirigencia de las FARC no debe equivocarse.” Con esas palabras, el presidente conservador intentó fortalecer la posición del gobierno y mostrar que no está dispuesto a hacer más concesiones ante la indefinida reanudación del diálogo, suspendido por desacuerdos sobre el comité verificador de las negociaciones. Pastrana insistió en que “un proceso de paz sin la credibilidad y la garantía de una verificación no es más que un ejercicio estéril en medio de la guerra fratricida”. El gobierno, presionado por la cúpula militar, pretende que la comisión investigue las denuncias de “excesos” –es decir, ejecuciones– en la zona desmilitarizada de 42.000 km2 controlada por la guerrilla. El jefe rebelde Raúl Reyes respondió desafiante a la que consideró una provocación presidencial. “Toda persona civil o armada que llegue a la zona neutral será sometida a la justicia revolucionaria, porque las FARC no están obligadas a cumplir la ley de la República de Colombia –disparó-. Seguiremos luchando y veremos hasta dónde llegamos”. Dejó entrever así que no habrá tregua sin un diálogo que, por ahora, no tiene nueva fecha. Las FARC pusieron en evidencia la desintegración del Estado colombiano al declarar que pueden negociar en igualdad de condiciones con el gobierno porque controlan el “60 por ciento” del territorio de Colombia. “Somos un Estado dentro del Estado y nuestra lucha es la de un ejército contra otro ejército que pertenece al gobierno”, sentenció el vocero Javier Calderón. “Pastrana quiere mostrar que para el gobierno lo que funciona es el Plan B (que en términos militares supone la guerra total contra la guerrilla) y no la negociación política”, denunció la senadora liberal Piedad Córdoba. El ex presidente del Congreso y miembro del equipo negociador con las FARC, Fabio Valencia, aseguró que el gasto militar de una guerra sería “de 57 millones de dólares diarios”, una cifra que Colombia no puede pagar. Pero el Departamento de Estado norteamericano le tendió una mano ayer, al anunciar que responderá al pedido de asistencia económica de las Fuerzas Armadas colombianas y que “entrenará a miles de tropas en Colombia para combatir al narcotráfico y a otros grupos armados”.
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