Por Pablo Ferreira El presidente del Banco
Central, Pedro Pou, sigue dando que hablar y no precisamente por la solidez del sistema
financiero. Ahora, a la inestable posición en que lo sumió su procesamiento en las
causas de los bancos Patricios y Mayo, sumará otra investigación penal porque habría
damnificado a diversos programas para la atención integral de discapacitados y personas
con SIDA. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) y la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA) presentarán hoy el alegato donde se acusa al superbanquero,
y a su directorio, de causar la pérdida –como mínimo– de 160 millones de pesos
al no controlar adecuadamente la recaudación de una multa a los cheques rechazados
establecida por ley con ese destino humanitario.
La denuncia, firmada por Alfredo Bravo y Simón Lázara en su carácter de presidente y
vice de la APDH –entre otros–, y Víctor De Genaro, secretario general de la
CTA, pide la investigación de las autoridades del Central por los presuntos delitos de
defraudación, violación de los deberes de funcionario y malversación de caudales
públicos. La presentación, centrada en la violación de la Ley Antidiscriminatoria,
formará parte de la denuncia llevada ante la Justicia el lunes pasado -tal como anticipó
dos días antes Página/12– por los diputados frepasistas Jorge Rivas y Alfredo
Bravo.
Los legisladores dicen que “la autoridad bancaria no ejerció el debido contralor, no
recaudó lo que debía recaudar y transferir, y ha puesto así en crisis los intereses
superiores del Estado y su patrimonio”. Según establecieron los denunciantes, el
número de inhabilitados para operar en cuentas corrientes y de cheques rechazados entre
mayo de 1995 y fines de 1998, alcanza algo más de 6 millones, según datos del propio
BCRA. Si a cada uno de ellos –razonan en el escrito– les hubiera correspondido
el número de multas previsto por ley, estimando sólo el valor mínimo de 50 pesos,
deberían haberse recaudado más de 300 millones de pesos.
Sin embargo, el total recaudado hasta el 28 de octubre de 1998, de acuerdo también a las
cifras oficiales, superó apenas los 140 millones. Esto significa que más del 55 por
ciento de las multas no se habrían transferido al Central, con el consecuente beneficio
para los banqueros, o se habrían dejado de recaudar.
En tanto, la presentación de la APDH-CTA busca dejar en evidencia, por un lado, que el
Banco Central es quien “se halla a cargo de velar por la recaudación y asignación
al destino previsto legalmente, como así también de aplicar las sanciones pertinentes (a
los bancos) por la falta de percepción” de las mismas. Pero, sobre todo, resaltan el
agravante de que los delitos supuestamente cometidos lo hayan sido en perjuicios de
personas discapacitadas. Por eso hacen caer la cuestión en los límites de la Ley
Antidiscriminatoria (23.592), “en tanto el menoscabo del pleno ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos que resultan conculcados hayan sido determinados por los
caracteres físicos de los damnificados, esto es, por su condición de
discapacitados”.
Rivas destacó al respecto que la actitud del Central “denota la frivolidad obscena
con la que son tratados temas que sensibilizarían a los más impermeables en materia
social, como es la situación de los discapacitados”. Y resaltó, al mismo tiempo, la
gravedad del decreto promovido este año por Roque Fernández y avalado por el presidente
Carlos Menem, condonando estas deudas de los bancos. Esta decisión fue cuestionada por
inconstitucional tanto desde el ámbito parlamentario como desde el judicial, en este
caso, por parte del ombudsman nacional, Jorge Maiorano.
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