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Por L.V.  “Soy
inocente; la acusación en mi contra es una barbaridad”, se defendió ayer Humberto
Bonanata, el primer ex concejal indagado en la causa de los ñoquis al ingresar al Palacio
de Tribunales. Después, frente al juez Alberto Baños relató su propia versión sobre
quiénes fueron sus antiguos pares en el Concejo Deliberante que sí se beneficiaron con
los contratos truchos. Su declaración duró cerca de seis horas, y no terminó de
conformar al fiscal Horacio Amelotti, que analiza la posibilidad de pedir que se cite
nuevamente al ex concejal. La investigación sobre los ñoquis en el antiguo órgano legislativo sacó a la luz los increíbles alcances que puede tener la financiación ilegal de la política. Las denuncias reunidas en el expediente parecen calcadas del mismo esquema: personas que fueron engañadas para hacerlas figurar en cargos que nunca ocuparon, o familiares y amigos de funcionarios de diferentes partidos políticos que cobraron generosos sueldos sin trabajar. Ayer Baños aseguró que existe una veintena de casos ya confirmados, y que en ellos centrará los interrogatorios a los 22 ex ediles y empleados que aún deben desfilar por su despacho. Bonanata, que fue jefe de la bancada radical, debió responder por algunas de estas designaciones puntuales. El ex concejal llegó al tercer piso del edificio de tribunales dispuesto no sólo a demostrar que con el tema no tenía nada que ver, sino también a aportar datos sobre los responsables de otros contratos falsos que le constaban. La causa tuvo un giro inesperado el martes pasado, cuando Baños, al cabo de una investigación que llevaba casi tres años, ordenó el arresto de tres ex presidentes del cuerpo —Juan Trilla, Eduardo Rollano y José Pico— y otras seis personas. Todas fueron imputadas por presunta malversación de caudales públicos. Trilla y Pico –que ya estaba preso por otra causa– son los únicos detenidos; el ex senador radical cumple arresto domiciliario desde la noche del miércoles. Rollano no irá preso mientras mantenga sus fueros de diputado; los ex ediles Roberto Larrosa y Eliseo Roselló continúan prófugos. Ayer, el juez Baños se defendió de quienes dan una segunda lectura a las órdenes de detención que libró 90 días antes de las elecciones. “Aunque los políticos crean otra cosa, para nosotros este momento es igual a cualquier otro –sostuvo–; en un juzgado se ordenan medidas cuando se termina de analizar todo y se determina qué hay que hacer. Los políticos, en cambio, hacen evaluaciones distintas.” En ese sentido, agregó que si hubo demoras fue “porque no es fácil conseguir la documentación” para acreditar la existencia de los ñoquis. A media mañana pasó por el juzgado Elvira Bracamonti, una de los cientos de damnificados. La mujer, que está enferma de cáncer, se había acercado al Concejo para pedir un subsidio que le permitiera comprar medicamentos. Así dejó una fotocopia de su documento de identidad. Meses después descubrió que era una empleada fantasma al recibir una nota de una AFJP con el detalle de quince aportes de su inexistente empleo. Sin embargo, quedó imputada en la causa. Bracamonti se acercó a Tribunales para reclamar su sobreseimiento. Lo hizo acompañada por su flamante abogado Juan Carlos Iglesias, quien no es ajeno al expediente: él fue quien pidió a la Justicia, años atrás, que investigue si un jardinero de apellido Pazó cobró varios sueldos como empleado del Concejo Deliberante cuando, en realidad, se desempeñaba como jardinero de Fernando De la Rúa. En aquella denuncia había acusado también al ex concejal Bonanata, el primer indagado de una larga ronda que continuará el martes próximo.
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