Por Adriana Meyer
El grupo del
Parlamento de Estados Unidos que vela por la defensa de los derechos humanos debatió
anteayer un tema que inquietó al gobierno de Carlos Menem: la corrupción judicial
en la Argentina fue el centro de la discusión a la cual se invitó, entre otros, al
embajador argentino en Washington, Diego Guelar. El diplomático no concurrió. No
obstante, uno de los asistentes al encuentro, el físico Federico Westercamp, aseguró a
Página/12 que Guelar lo llamó por teléfono para disuadirlo de concurrir al
briefing. En la embajada estaban muy preocupados con esa actividad y
consideraron que contribuye al desprestigio de nuestro país, apuntó Westercamp
desde Estados Unidos.
El físico es uno de los miembros fundadores del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), y el Congressional Human Rights Caucus (agrupación parlamentaria y
multipartidaria de derechos humanos en el Capitolio) lo convocó para dar testimonio sobre
la situación de la Justicia en la Argentina y, en particular, sobre el caso de la Escuela
Yoga de Buenos Aires (EYBA). Un día antes de partir recibió la llamada de Guelar y
mantuvieron un extenso diálogo. Fue una charla muy cortés en la que el embajador
trató de influir sobre mi actitud respecto de la invitación y de mi testimonio en el
Capitolio. Este diario quiso saber de qué manera el embajador había intentado
influirlo. El físico describió que según Guelar quienes propiciaron la
reunión creen que el caso EYBA tiene una dimensión similar al tercer
atentado. Le contesté que, en todo caso, los malos jueces estaban ejerciendo
una suerte de terrorismo y el desprestigio era no revertir esa situación, pero me parece
que los funcionarios argentinos tuvieron un temor exagerado por este encuentro. Creo que
las palabras de Guelar intentaron ridiculizar el encuentro y aunque no llegó a decirme
que no concurriera, intentó ejercer cierta presión sobre mí, concluyó
Westercamp. Este diario se comunicó reiteradas veces a la embajada y a la residencia en
Washington pero Guelar no respondió en ninguna de las oportunidades.
Mientras felicitamos a la Argentina por sus logros democráticos, percibimos que su
gobierno aún no ha alcanzado un sistema judicial imparcial, en el que abundan historias
sobre jueces corruptos y el soborno es un lugar común, y en el que los magistrados
nombrados durante la dictadura no sólo mantienen sus cargos sino también sus antiguas
conexiones con el antiguo régimen. Un sistema así es una amenaza para los derechos
humanos de su población, escribieron en las invitaciones los legisladores que
organizaron el evento.
La reunión se realizó en el Rayburn House Office Building (uno de los anexos del
Capitolio) durante el mediodía del jueves pasado. Asistió un representante del área de
derechos humanos del Departamento de Estado y estuvieron presentes los diputados
demócratas Edolphus Towns, Eni Faleomavaega y Tom Lantos. Además de Westercamp
disertaron el director del Consejo de Asuntos Hemisféricos, Larry Birns, y Virginia
Golán, integrante de la EYBA.
Birns aseguró a Página/12 que los diputados se comprometieron a hacer un
seguimiento del tema para combatir el antisemitismo y la corrupción. Este profesor
considera que la atención sobre los casos EYBA e IBM-Banco Nación va a crecer
muchísimo en Estados Unidos porque asistieron sectores que nunca habían estado en
contacto con estos asuntos. En su testimonio Birns mencionó una pregunta recogida
en los despachos de los legisladores norteamericanos: ¿Cómo podemos esperar
justicia para los ejecutivos de IBM que reclama Argentina si su sistema judicial no puede
proveer justicia a sus propios ciudadanos?.
EL JUEZ DEL CASO HABLA EN LA
REVISTA DE GANGEME
No fue un asesino profesional
Por A.M.
Con una bala no
alcanza para acallar un medio de comunicación que revela cosas ocultas para el común de
la gente, escribió el flamante director de El Informador Chubutense en su
primer editorial, en alusión al asesinato del creador de ese semanario, Ricardo Gangeme.
Ayer salió el segundo número de la nueva etapa, cuya primera plana reza La
Justicia tiene acorralado al asesino.
La nota principal del número 25 es una entrevista al juez Florencio Minatta que investiga
la muerte del editor y el estridente título de tapa (El asesino de Ricardo Gangeme
está en Trelew) reproduce palabras del magistrado durante esa charla. Minatta cree
que el criminal es alguien de esa ciudad o de la zona, pero su apreciación no se basa en
ningún hecho concreto. Lo deduce por descarte a partir de la certeza de que no se
trató de un asesino profesional o un killer que viajó especialmente,
según la respuesta que obtuvo el autor de la entrevista y flamante director del
semanario, Carlos Di Filippo. El juez insistió en mostrarse independiente y aseguró que
se está investigando a ricos y famosos, en referencia al empresario Héctor
Fernandes, que está procesado por haber amenazado de muerte a Gangeme una semana antes
del asesinato. En el expediente Fernandes figura como imputado, pero no es el único.
El otro no lo puedo nombrar porque se relaciona con el testigo de identidad
reservada que tengo, le dijo este magistrado a Di Filippo.
En otro párrafo de su editorial, el director de El Informador... aseguró que nos
fijaremos en las cuentas públicas de un Estado provincial que recibió mucho y muestra
poco. Y en un recuadro les informan a los lectores que llamen al semanario para
denunciar cualquier anormalidad en el ámbito oficial. La primera plana del
semanario en su anterior período llevaba la consigna único medio gráfico que no
recibe publicidad oficial en sendos recuadros ubicados en los extremos superiores.
En ese lugar ahora hay una foto de Gangeme de un lado y la frase de nuevo en la
calle en el otro. Según el abogado de la familia Gangeme, Luis López Salaberry, la
reaparición del semanario causó conmoción en Trelew y sus notas fueron
muy comentadas.
Mañana se trasladará a la Capital Federal el secretario de Minatta, Fabio Monti, para
entregar a la Gendarmería el revólver calibre 38 secuestrado el 17 de junio. El peritaje
realizado por la policía del Chubut indicó que hay probabilidad de que el arma sea la
que mató a Gangeme. De esta manera el juez Minatta aceptó la asistencia técnica de las
fuerzas de seguridad federales, tal como le vienen requiriendo los familiares de Gangeme.
Pero destacó ante Página/12 que la dirección de la investigación debe quedar en
manos provinciales porque así lo establece la Constitución de Chubut. |
|