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Impuesto al kiwi Por Julio Nudler |
 Nueva
Zelanda tiene un impuesto a los Ingresos (o Ganancias), cuya tasa máxima es del 35 por
ciento (similar a la argentina), que produce una recaudación que ronda el 21 por ciento
del PBI. El impuesto argentino equivalente colecta un 3,5 por ciento. Pero según el
proyecto que –en estado de preliminar esbozo– presentó Domingo Cavallo el
jueves en el Sheraton, como parte de su campaña, y cuyo principal artífice fue Adolfo
Sturzenegger, toda esta triste circunstancia podría cambiar radicalmente. Es sabido que
Cavallo no tiene más que una remota posibilidad como postulante a la Casa Rosada, pero
también que su chance de retornar a Economía si triunfa Eduardo Duhalde es más
significativa, tal vez como bombero tras el fracaso del ministro inicial. En todo caso, la
drástica reforma tributaria que está proponiendo puede ser adoptada por otros, si a
nadie se le ocurre nada mejor para reducir la evasión. El planteo encierra algunas
sorpresas fuertes, que conviene ir anotando. u El sistema tributario se concentrará en el impuesto a las Ganancias, que actualmente recauda unos 10.000 millones anuales y saltaría a 40.000 millones. (Superaría así al IVA, que hoy produce unos 20.000 millones y se remontaría supuestamente hasta los 33 mil.) Todo ingreso, sin excepciones, tributará un 35 por ciento plano sobre el excedente de 24.000 pesos anuales, que será el mínimo no imponible. De este modo, la tasa tendrá una pendiente progresiva. u Quedarán gravadas las ganancias de capital (como se denominan las logradas por la venta de propiedades o acciones, y que no constituyen ingresos permanentes sino eventuales). Las caídas en el valor de los activos podrán ser deducidas de los ingresos permanentes. Como todo el sistema funcionará en base al principio de lo percibido y no de lo devengado, el impuesto percutirá en el momento en que se realicen las operaciones. Será, por definición, un impuesto de caja. u Los intereses también serán alcanzados. Según el régimen tributario argentino, al capitalista no le convenía invertir directamente el dinero en su empresa. Lo que le resultaba mejor era colocarlo en algún activo financiero, cuya renta estaba exenta, y nutrir de fondos a su empresa a través de la toma de créditos, ya que los intereses pagados podía deducirlos en sus cuentas con Impositiva. Este era un gran mecanismo de elusión del impuesto a las Ganancias (que la última modificación impulsada por Roque Fernández cortó al gravar las deudas, levantando una ola de protestas empresarias). La reforma cavallista se propone gravar todas las rentas financieras, provengan de depósitos, títulos o cualquier otro activo (cosa que Roque no hizo). Sin embargo, en el caso de los préstamos contraídos (muchas veces como maniobra para eludir impuestos, porque se trata de capital propio), si son “tomados” en el exterior, no está claro cómo podrá el fisco argentino cobrarle el impuesto al prestamista. u Serán suprimidas todas las exenciones, para terminar así con el aliciente de hacer pasar gato por liebre para acogerse a cualquier desgravación. Ni cooperativas, ni mutuales ni fundaciones seguirán exentas, aunque si sus gastos e inversiones equivalen a sus ingresos terminarán por no pagar nada. No obstante, todas esas entidades quedarán sujetas a controles bancario-fiscales idénticos a los de las sociedades con fines de lucro. No habrá trato especial para la salud, la educación ni la cultura (¿qué diferencia hay entre una universidad privada y una fábrica de comida?, pregunta astutamente Sturzenegger). También esto seguirá el modelo neocelandés, que rechaza toda posibilidad de apelar a las exenciones impositivas como medio de promoción de determinadas actividades, porque nunca se sabe cuánto dinero se les está dando ni se explicita el costo de cada estímulo. Todos los apoyos deberán consistir en subsidios (o antiimpuestos) votados por el Parlamento. u La idea es valerse de un impuesto simple, rústico, nada sofisticado, pero más fácil de recaudar. Un tributo que tampoco distinguirá entre sujetos: una pyme pagará la misma tasa que una gran corporación y quedará sometida a los mismos procedimientos. u Todo ingreso percibido por una persona física o una empresa se presume que genera un cierto valor agregado, y quedará por tanto sujeto al pago del IVA, aunque manteniéndose la deducción, como crédito fiscal, del IVA pagado con los gastos. La facturación dejará de ser el sistema de control de este impuesto. Su lugar lo tomarán los registros bancarios. u Se acabarán las alícuotas diferenciales en el IVA, que hoy favorecen a varios consumos básicos. La tasa general bajará del 21 al 20 por ciento, pero 5 puntos de ella serán girados automáticamente a las provincias, que en contrapartida deberán suprimir Ingresos Brutos y Sellos. El IVA también alcanzará a los salarios, pero quedará a cargo del empleador y financiará al sistema de seguridad social. Sin embargo, este IVA salarial le generará al empresario un crédito fiscal, que podrá deducir de su liquidación a Impositiva, aunque por otra parte se suprimirán totalmente las contribuciones patronales. u Todo deberá pasar por los bancos, que serán como el reloj de arena de todo el sistema. O, más exactamente, todo pago superior a 1000 pesos tendrá que circular por ese carril. Mediante una modificación legal se considerará no cancelada ninguna obligación mayor en caso de abonarse en efectivo. El débito en cuenta corriente se convertirá en el gran medio de pago, y los billetes sólo servirán para transacciones modestas. Como la simple entrega de un cheque no se considerará pago hasta que no se produzca el débito, la emisión de cheques sin fondos quedará despenalizada. u La bancarización forzosa será el gran arma contra la evasión. Todos los cobros se presumirán ingresos del beneficiario. Y será éste quien deberá demostrar que para obtener ese ingreso incurrió en costos, que podrá deducir para que el impuesto grave sólo su ingreso neto (o ganancia). Pero esos costos deberán estar respaldados en registros bancarios, que prueben los pagos, coincidiendo con cobros de los destinatarios. Todos los sueldos, hasta los más bajos, deberán liquidarse a través de los bancos, lo que ayudará a combatir el trabajo en negro. u Todo esto exigirá una estrecha combinación entre la AFIP y los bancos, que deberán darles a los recaudadores irrestricto acceso a sus registros (lo cual serviría de paso para perseguir el lavado de dinero). Aunque ante el negocio de la bancarización forzosa se les hace agua la boca a los banqueros, la total supresión del secreto financiero les cae menos que bien. u Los cavallistas afirman que su reforma permitiría recaudar 90.000 millones anuales, que es el gasto público (nacional, provincial y municipal) a solventar (antes de que ellos vuelvan a achicar el Estado). A esos 90.000 millones se llegaría con 40 de Ganancias, 33 de IVA y 17 de otros impuestos (aduaneros, combustibles, inmobiliarios, patentes, etcétera). Los números cierran en base a muy optimistas pronósticos de reactivación, con un crecimiento del 10 por ciento en el 2000 y del 6 por ciento en los años siguientes. u Entre los impuestos que desaparecerán está el que grava los vehículos, con destino al Fondo Docente. También fenecerá el tributo a la renta mínima presunta (bandera de la protesta agraria). A las exportaciones se les reconocerá un reintegro único y parejo del 20 por ciento. El lanzamiento de esta reforma comenzaría por la declaración de una emergencia fiscal, como reaseguro ante cualquier error de cálculo, porque le otorgaría a Cavallo el superpoder de podar el gasto público (por supuesto no el pago de intereses de la deuda) hasta cuadrar los números, a menos que el FMI acepte financiar la transición. Quizá todo esto sólo sea un sueño de Cavallo, pero este sueño puede, en cualquier momento, ser soñado por otros.
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