La investigación del juez Alberto Baños sobre la designación de ñoquis en el desaparecido Concejo Deliberante podría ser apenas una de las facetas de un megaproceso judicial contra la corrupción en el fenecido organismo, que tendrá a su ex presidente José Manuel Pico como acusado-estrella. Una perspectiva que causa bastante inquietud y desagrado entre no pocos miembros de la clase política, tanto justicialistas como radicales. Porque hubo concejales de ambos partidos involucrados en las maniobras delictivas del ex edil menemista, que interpuso su influencia para que la empresa constructora San Sebastián levantara una docena de edificios que violaban las leyes municipales.
En ambas fuerzas recelan que el adversario utilice el proceso para sacar réditos electorales. Algunos temen, también, que Pico no haga honor a la promesa de omertá anunciada sin rubor por su abogado Mariano Cúneo Libarona y encienda el ventilador. Pasara lo que pasase, el debate en el foro es inminente. Según pudo establecer Página/12 en medios judiciales, Pico deberá afrontar su primer juicio oral por enriquecimiento ilícito en setiembre próximo. Después, en marzo probablemente, le tocará la causa más grave de las que pesan sobre él, que es la de asociación ilícita. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) que habrá de juzgar al ex edil justicialista y dirigente sindical del gremio de las pastas, es el 29 de la Capital Federal. El mismo que hace pocos días sentenció a diez años de prisión al agente de la SIDE Alberto Ricardo Dáttoli, por haber aplastado con un portón eléctrico a la anciana Sofía Fijman.
El TOC 29 está integrado por Eduardo Luis Duhalde (presidente), Juan Carlos Cadinali y Cristina Deluca. A este tribunal le tocó en suerte la causa por asociación ilícita y estafas reiteradas que involucra a Pico y otros cómplices. Después “por conexidad subjetiva”, le fue transferido el proceso por enriquecimiento ilícito que inicialmente estaba bajo la jurisdicción del TOC 27. Ahora, si el juez Baños eleva la causa de los ñoquis a juicio oral, también le corresponderá juzgar al TOC 29, que se convertirá así en el “tribunal Pico”. La única causa que quedaría afuera, en ese caso, sería la que sustancia contra el ex presidente del Concejo la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, por el uso de un DNI falsificado.
En rigor, la asociación ilícita ya comenzó a ser juzgada el año pasado cuando el Tribunal Oral Nº 8 condenó a 13 años de prisión a Antonio Nicolosi, presidente de la constructura e inmobiliaria San Sebastián y jefe de una banda que construyó fuera de las normas vigentes, dejando un tendal de 500 compradores de departamentos damnificados. Pico y Nicolosi no sólo aparecen involucrados en la maniobra de las excepciones a las normas de edificación, sino que están denunciados como socios por el fiscal de Instrucción José María Campagnoli. El tramo de la causa que involucra a Pico y algunos secuaces consta ya de 150 cuerpos, 60 mil fojas y 100 cajas de documentación. En las que se despliega lo que el fiscal Campagnoli define como “uno de los más grotescos escándalos de nuestra más reciente historia republicana”, que en su epílogo arrastró hacia el olvido a un Parlamento comunal que se había convertido en símbolo y sinónimo de corrupción.
El escándalo estalló en 1994, pero Pico, que contaba con apoyos tanto en el ala política como en el sector sindical del justicialismo, logró sortear durante casi tres años las imputaciones de Campagnoli y las del querellante, el ombudsman porteño Antonio Cartañá. Que iniciaron el proceso acusando a la firma San Sebastián de construir edificios fuera de norma, con invasiones al pulmón de manzana, pisos en exceso y mayor superficie construida que la permitida. Irregularidades que se ocultaban con planos falsificados y aprobaciones otorgadas por funcionarios municipales vinculados con lo que Campagnoli llamaba, sin eufemismos, “la banda”. En 1995, el juez de instrucción Raúl Irigoyen ordenó la detención y el procesamiento de Nicolosi y dos secuaces de su empresa, pero pasómucho tiempo sin citar a declarar a Pico y terminó sobreseyéndolo, a pesar de que el fiscal lo consideraba uno de los “cabecillas” de la asociación ilícita. El defensor del pueblo, Cartañá, apeló el fallo de primera instancia y logró que la Sala I de la Cámara de Apelaciones lo revocara, ordenando al juez de instrucción que volviera sobre sus pasos.
Irigoyen entonces ordenó la captura y Pico se escapó del país junto con su ex secretaria en el gremio de las Pastas, Karina Beatriz Uroda, devenida pareja y –según el fiscal– testaferro de su amante. Que en ese momento no solamente era presidente del Concejo Deliberante, sino primer candidato a legislador porteño en las elecciones, junto con el favorito presidencial Daniel Scioli. La fuga fue rocambolesca. En julio de 1997 huyeron a Brasil, por Paso de los Libres, bajo la supervisión de un experto, el ex represor y agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, procesado a su vez en varias causas por las que no sería detenido.
El escape dio origen a sordos debates dentro del oficialismo. Algunos señalaron entre los padrinos de Pico a dirigentes metropolitanos como Loly Domínguez y el taxista Roberto García, con buena llegada al despacho del ministro del Interior, Carlos Corach. El presidente del Concejo salió del país con un desastroso DNI a nombre de Julio José Carzoglio y su novia con otra burda falsificación a nombre de Graciela Beatriz Palencia. Los prófugos fueron retenidos unas horas en Paso de los Libres pero después se los dejó seguir. En un confuso procedimiento que motivó un pedido de investigación por parte del dirigente metropolitano del Frepaso, Aníbal Ibarra. Una de las personas que viajaba con ellos era Daniel Alejandro González, socio y amigo de Guglielminetti, sobre quien pesaba un pedido de captura. Los policías hicieron una consulta al juez de Mercedes y González pudo seguir. La sospecha creció como un hongo venenoso y a fines de setiembre se rumoreó que Guglielminetti –que hacía trabajos clandestinos para la Bonaerense y la DEA– podía ser perseguido a nivel judicial por haber ayudado a la fuga de Pico.
Pero esa hipótesis escandinava fue sustituida por la picaresca nacional: alguien en la SIDE decidió comprarle el dato y Guglielminetti ayudó a capturar en Brasil al cliente que había hecho escapar. Pico regresó al país con Karina, escoltado por expertos de la calle 25 de Mayo, que lo aconsejaron mal: en sus ropas llevaba el DNI a nombre de Carzoglio por el que ahora lo procesa María Romilda Servini de Cubría. Del Aeroparque siguió sin transición a Devoto. Ante las flagrantes evidencias en su contra, el poder que lo había sostenido durante tantos años, ya fuera como presidente del Concejo o como enlace entre el cuerpo deliberativo y la Municipalidad, lo dejó caer. Confiado tal vez en que la oposición no haría tampoco mucho ruido. Porque durante varios años el fideero había amasado su fortuna y fabricado ñoquis, mientras ejercía la jefatura de una corporación en la que tallaban concejales de la UCR como Miguel Herschberg o de la UCeDé, como Francisco Siracusano. Y el fiscal de Cámara Norberto Quantín lo visualizó como parte de una “confraternidad para el saqueo”. En las primeras indagatorias comenzó a manejar silencios y excusas para explicar lo inexplicable: ¿cómo había hecho, con sus magros sueldos del Concejo, para comprar 18 departamentos, dos campos y cuatro vehículos? Un patrimonio que en la superficie y sólo en la superficie, con valuaciones muchas veces fiscales y no venales, alcanza los dos millones de dólares.
En setiembre se lo podrá escuchar en vivo y en directo.

OTRA DENUNCIA POR OBRAS IRREGULARES
El caso de la calle Humboldt

Por M.B.

No todas las denuncias presentadas oportunamente por el ombudsman porteño Antonio Cartañá fueron tomadas en cuenta por la Justicia. Hay una que involucra a Mauricio Sánchez, un alto funcionario vinculado con el entonces intendente Jorge Domínguez, que nunca fue investigada. La presentó inicialmente el arquitecto Alberto Eduardo Reggi, quien está procesado en la causa por asociación ilícita que tiene a Nicolosi y a Pico como grandes protagonistas.
Reggi, que es a la vez denunciante y denunciado, trabajó durante varios años en la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (Dgfoc), donde precisamente se otorgaban permisos y “excepciones” como las que beneficiaron a San Sebastián y a otras empresas constructoras. En 1994, Reggi realizó una tarea de asesoramiento a la empresa San Sebastián que era incompatible con su función pública en la Dirección General, lo que a la postre le valió ser procesado. El aporte de Reggi estuvo referido a un “emprendimiento de envergadura a ejecutarse en la calle Humboldt 550”. Obra que fue paralizada por un procedimiento de la citada Dirección. A lo que siguió, según Reggi, “una acción de acoso” contra su persona, por parte del ingeniero Mauricio Sánchez, que había “desembarcado” en la Dgfoc de la mano del nuevo intendente Jorge Domínguez, con quien ya había trabajado en Yacyretá.
Reggi mantuvo dos reuniones con el ingeniero Sánchez y un segundo de éste, “el ingeniero Vila”. En la primera intentó explicarle la índole de su relación con San Sebastián. En la segunda, el ingeniero Vila le habría “expresado textualmente, en presencia del ingeniero Sánchez que sólo miraba fijamente: transmítale al señor (Antonio) Nicolosi que no vamos a dejarle una sola obra en pie y que cada una vale 250 mil dólares”. “Ante esta situación –relató Reggi en su denuncia escrita a Cartañá– insulté a ambos diciéndoles textualmente que yo no era emisario de nadie y menos de dos ladrones disfrazados de funcionarios honestos como ellos dos. En ese momento y mientras Sánchez sonreía Vila me manifestó textualmente: `Sus días en esta repartición están contados y si no tenemos respuesta por su intermedio le vamos a hacer la vida imposible’. Ante lo cual los insulté y me retiré amenazándolos con denunciarlos, cosa que debí haber hecho de inmediato, pero que no llevé a cabo por temor a perder mi empleo. Grave equivocación de mi parte.”
El 10 de agosto de 1996 el escribano Antonio Cartañá, entonces ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires, remitió al juez Raúl Irigoyen la denuncia del arquitecto Reggi, donde “se involucra al director general de Fiscalización de Obras y Catastro, ingeniero Mauricio Sánchez, en actos ilícitos”. Según fuentes de la Defensoría del Pueblo, la denuncia nunca fue investigada por la Justicia.

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