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Por Cledis Candelaresi  El vicejefe de Gabinete,
Miguel Solé, es literalmente un menemista de la primera hora. Trabajó para la campaña
presidencial desde La Pampa, provincia de la que es oriundo, al igual que Jorge
Rodríguez. Junto a él compartió puestos en el interior y en la nación, incluyendo el
Ministerio de Educación. Antes fue interventor en Migraciones, luego de que estallara el
escándalo del pasaporte de Monser Al Kassar. Es antropólogo, pero la “especialidad
fáctica” que desarrolla en la jefatura son los temas presupuestarios: por sus manos
pasan las decisiones más relevantes que también ocupan a Roque Fernández. Desde la
Secretaría de Control Estratégico, admite que el Gobierno puede disponer un nuevo
recorte de gastos, empujado por la recesión.–¿Está de acuerdo con la modificaciones que el Senado introdujo al impuesto automotor (eliminarlo a fin de año, con una garantía en el Presupuesto del año próximo de 700 millones de pesos para los sueldos de los maestros)? –No. Cuando estuvimos con Rodríguez en Educación, entre 1992 y 1996, logramos que hubiera unos 600 o 700 millones de pesos por año para inversión y equipamiento en todo el país. Así creamos un instrumento de política muy poderoso. Cuando hicimos la gran reforma interna del ministerio, eché a las tres cuartas partes de los empleados, les dupliqué el salario promedio a los que quedaron y así se produjo el ahorro. Pero si ahora prosperase la propuesta de los senadores –que tal vez sea de Duhalde–, es decir, si obligara al Tesoro a poner más fondos para sueldos docentes, aquel dinero se desviaría a sueldos. Los docentes estarán un poquito mejor pagos, pero con menos equipos y sin capacidad para mejorar. –¿Eso significa que hay fondos para pagar el ajuste a los docentes? –Los senadores embarraron la cancha. Diputados se comprometió ante los camioneros a suspender el impuesto y buscar una alternativa antes de noviembre. Y a los pactos hay que cumplirlos. –Pasando al PAMI, Jorge Rodríguez avaló ante el Congreso el criterio de que no esté controlado por la Auditoría General de la Nación, ya que tiene el mismo rango que cualquier otra obra social. –El PAMI es una entidad de servicio público no estatal y tiene dos organismos que lo auditan: la Auditoría General de la Nación y el Banco Mundial, ya que es beneficiario de un programa de reconversión, al igual que otras obras sociales. Quien no la puede auditar es la Sigen, porque no recibe subsidios. –Al menos hasta 1998, el PAMI recibió un auxilio estatal millonario... –Pero eso cambió. Hasta ese año tenía una garantía de financiamiento que no figura en el Presupuesto de 1999. En aquella situación, todos los organismos de contralor no sólo pueden sino que deben auditarlo. La Sigen puede auditar las cuentas del PAMI hasta diciembre pasado. Ahora no. Este año consiguió fondos vía Banco Nación, Anssal, pero no del Estado propiamente dicho. –¿Cuál es la solución alternativa para el PAMI si el segundo pool de bancos no le presta lo que necesita? –No hay por ahora alternativa. –La amistad de Alderete con Menem parece haberlo ayudado a conseguir algunas prerrogativas al Pami, como los aportes del Tesoro que tuvo hasta ahora... –No creo. Alderete está donde está sólo porque conoce mucho de obras sociales. –La CGT recuperó el manejo del fondo compensador de las obras sociales... –Lo que se plantea ahora es volver al régimen original de administración tripartita, de Estado, empresarios y sindicatos. Esto es posible porque las obras sociales avanzaron mucho en su proceso dereconversión. El Fondo se integra con una décima del aporte a las obras sociales. Eso suma unos 360 millones de pesos por año. –¿El poder de los sindicatos menguó o se consolidó? –Creo que cambió, dependiendo de la capacidad de cada dirigente para adaptarse. UPCN, que aceptó la reforma del Estado, creció, tiene más afiliados y una obra social que funciona. ATE es más combativa, pero con menos capacidad de conseguir cosas para su gente. El éxito de un sindicato no se mide por cuánto pelea sino por lo que logra. Y hay cosas que se consiguen acordando, no peleando. –Pero los logros de UPCN son para los que sobrevivieron a una gran racionalización, que el gremio admitió. –Seguro. Entonces la pregunta es si los argentinos queremos un Estado sobredimensionado o no. –¿Qué pasa si el Congreso no aprueba los proyectos de reforma laboral y previsional? La bancada oficialista anticipó que no lo hará. –Los legisladores estarían impidiendo la creación de nuevos puestos de trabajo en un contexto de contracción de la economía. A veces la legislación que ampara los derechos de los trabajadores atenta contra la posibilidad de que consigan trabajo quienes no lo tienen. –Hasta ahora se avanzó en la flexibilización y en la rebaja de costos laborales, pero no aumentó la oferta de empleo. –Si no hubiéramos tomado aquellas medidas, el desempleo sería mayor. –Eso es hipotético... –Como su planteo. Usted no puede demostrar que las medidas fueron inocuas. –Pero sí que no pudieron resolverlo... –Piense que se avanzó en la flexibilización laboral, pero aún susbsisten muchas regulaciones. –Si el Congreso no trata los proyectos para retarifar la PBU (Prestación Básica Universal), ¿no habrá aumento a los jubilados? –Esperemos a ver qué hace el Congreso. Creo que lo va a tratar. De lo contrario, no hay ninguna alternativa para financiar esa mejora. –¿Los cambios en la legislación laboral y previsional pueden salir por decreto? –Sí. Si el Congreso no los trata, se dispondrán por decreto. Y mucho antes de las elecciones. –En el Parlamento comenzaron a surgir iniciativas para gravar las utilidades de las empresas privatizadas. ¿Jefatura las apoya? –Creo que es un mal criterio que se pretenda castigar a alguien porque gana más. Por el contrario, hay que bajar más los impuestos y, en todo caso, reducir el gasto público. Sólo se puede subir impuestos cuando las economías están florecientes... –El negocio de las privatizadas es floreciente... –Pero esa renta es de ellos. Es como si a usted le dijeran que debe donar parte de su sueldo al empleado que menos gana en su empresa. –¿El Gobierno tiene pendiente algún recorte de gastos? –Hoy las perspectivas son peores que cuando redactamos el decreto 455 (que pretendió recortar gastos por 1000 millones). La caída en la recaudación es mayor que la prevista entonces. Ojalá nos equivoquemos y la economía se reactive rápido. –¿Será necesario un ajuste adicional? –Seguramente. Aunque aún no avanzamos en el tema. –¿No cree que abusaron de la estrategia de solucionar problemas postergándolos, generalmente tomando deuda que pagará el próximo gobierno? –Nosotros lo vemos de otro modo. Lo importante es que la relación entre la deuda y el Producto vaya disminuyendo. Esta relación bajó en los últimos años, porque el país produce más. –¿Atenderán los problemas del agro? –Esos problemas no los generó el Gobierno sino la gran caída de los precios internacionales. Lo que los dirigentes piden ahora implica que todos los argentinos los subisdien.
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