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Por Irina Hauser El juez Alberto Baños envió finalmente ayer a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero contra el justicialista Eduardo Rollano y adjuntó todos los datos que lo involucran en la causa sobre la designación de cientos de ñoquis en el viejo Concejo Deliberante. En la próxima sesión voy a apoyar mi propio desafuero, no tengo nada que ocultar, refutó exaltado el actual diputado y ex presidente del órgano legislativo porteño. El juez había pedido directamente la captura de Rollano pero olvidó que ocupa una banca en el Congreso y, por ende, lo protegen sus fueros. La Comisión de Asuntos Constitucionales ya se prepara para tratar el caso. Hace dos viernes Baños resolvió pedir la captura de tres ex titulares del desaparecido Concejo Deliberante Juan Trilla (UCR) y José Manuel Pico (PJ), además de Rollano y otras ocho personas. Los responsabilizó por el delito de malversación reiterada de fondos públicos en una causa que lleva casi tres años de investigación sobre nombramientos truchos en la antigua institución porteña. Pico ya está preso por otra causa en la que se le atribuyó el delito de asociación ilícita y estafa, Trilla se entregó el jueves pasado pero, por sus 76 años y su pésimo estado de salud, cumple arresto domiciliario, y Rollano está inmunizado gracias a sus fueros y hasta que sus pares decidan su suerte. Los demás buscados son los ex concejales radicales Roberto Larrosa, Eliseo Roselló, los ex integrantes del bloque radical del Concejo Luis Sánchez y Braulio Feliú, el militante de la misma fuerza Carlos Bernardou y la ex mujer de Pico, Claudia Cabezón. Por ahora siguen todos prófugos, según informaron a Página/12 voceros de la Policía Federal. Y aunque Larrosa y Feliú insistieron con su pedido de eximición de prisión, las órdenes de arresto siguen en firme. El juez Baños mandó ayer a Diputados un paquete de información que armó personalmente para que los legisladores estudien el posible desafuero de Rollano. Los legisladores nacionales deben perder la protección de sus fueros para poder ser indagados y/o procesados. Fuentes parlamentarias dijeron a este diario que la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que recibe el pedido del juez, podría reunirse este miércoles y designaría una subcomisión para analizar específicamente el caso del diputado duhaldista. Sin embargo, el titular de la comisión en cuestión, Carlos Soria (PJ) señaló que no se reunirían hasta la semana que viene. Y que, recién después, el debate podría trasladarse al recinto. Rollano fue presidente del Concejo Deliberante entre 1992 y 1993. En 1989 había ingresado como concejal de la ciudad de Buenos Aires. Aunque el expediente que lleva Baños está bajo secreto de sumario, uno de los trascendidos indica que Rollano estaría vinculado con un caso en el cual se verificó que el cuerpo legislativo pagó durante más de dos años el sueldo de Jorge José Solís, un empleado que estaba preso en la cárcel de Caseros. Desde que Solís fue preso en 1991 hasta que volvió al Concejo en 1993 tres funcionarios del bloque justicialista habrían cobrado su sueldo. Muchos de los cientos de ñoquis del ex Concejo se cocinaron haciendo figurar en cargos que nunca ocuparon a personas que eran engañadas (por ejemplo, alguien que dejaba sus datos para pedir un subsidio) o que eran cómplices. Los responsables son los que eran jefes directos que autorizaban nombramientos. De hecho, en mi época de presidente del Concejo entró en vigencia una norma por la cual los concejales debían firmar una declaración jurada cada vez que designaban a alguien. Eso debe estar en manos de la Justicia, se defendió Rollano. ¿Qué responsabilidad tengo yo con esto?, exclamó e insistió en desligarse del caso del preso. Además de las detenciones, el juez Baños ordenó 32 indagatorias y no se descarta que amplíe el listado. Hoy declaran el actual legislador porteño Rubén Clienti (UCR), el ex colaborador de Trilla, Oscar Donadío, Víctor Hugo Salazar y Pedro Posznasky. Mientras sigue el desfile y la trama de lafinanciación ilegal de la política amenaza con quedar al descubierto, crece la inquietud de los dirigentes políticos, atentos a los medidores electorales.
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