|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Mariana Carbajal  La Sociedad
Rural Argentina podría perder el tradicional predio de Palermo, donde acaba de inaugurar
un megacentro de exposiciones y proyecta la construcción de 14 cines, si se comprueba una
denuncia –presentada por una entidad vecinal– que investiga el fiscal José
María Campagnoli. El titular de la Fiscalía Nº 33 se encuentra analizando la legalidad
de la venta del lugar decretada por el presidente Carlos Menem y de las obras de
remodelación aprobadas a la entidad ganadera por la gestión de Fernando de la Rúa. La
pesquisa podría derivar en una acusación por el presunto delito de fraude contra la
administración por parte altos funcionarios de ambos gobiernos. La investigación –que hasta ahora se mantuvo en reserva– comenzó dos meses atrás a partir de una denuncia de la Asociación Amigos del Lago, en el marco de una megacausa sobre usurpación de tierras públicas en el parque Tres de Febrero, que está en manos del juez de instrucción Ricardo Farías. En esta misma causa –que investiga 35 hechos de usurpación– está procesado el ex intendente Carlos Grosso por la cesión irregular de dos hectáreas al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA). “La Asociación Amigos del Lago, presidida por el arquitecto Osvaldo Guerrica Echevarría, estudió los antecedentes legislativos del predio de Palermo y llegó a la conclusión de que su venta a la Sociedad Rural por un decreto presidencial, en 1992, es inconstitucional porque formaba parte del parque Tres de Febrero y como era un bien de dominio público debió venderse por medio de una ley del Congreso, como ocurrió con el terreno donde hoy se construye un centro cultural islámico y una mezquita, en la avenida Bullrich y Cerviño. Ese es uno de los aspectos que estamos investigando ahora nosotros”, señalaron fuentes de la Fiscalía Nº 33, a cargo de Campagnoli. Con abundante documentación, que probaría esta hipótesis, entre ellas la ley 658 de creación del parque, de 1874, y un plano del espacio verde de ese mismo año, que incluye en su extensión el predio de La Rural, Guerrica Echevarría pidió al fiscal la nulidad de la venta. El mismo pedido realizó la semana pasada el ombudsman porteño adjunto Antonio Brailovsky. “Se han sumado tantas irregularidades que lo más sensato es volver todo a fojas cero”, señaló a este diario Brailovsky. El segundo aspecto que investiga Campagnoli es la operación de compraventa en sí misma. “La Sociedad Rural Argentina compró el predio en la irrisoria suma de 30 millones de pesos, en cómodas cuotas, invocando su carácter de entidad sin fines de lucro, para dedicarlo a la realización de exposiciones”, recordó Guerrica Echevarría. Pero el mismo día de la firma del boleto, el 27 de mayo de 1992, se convirtió en una sociedad anónima y posteriormente se asoció a la firma norteamericana Ogden para convertir el lugar en un gran shopping de entretenimientos. “Con esta maniobra, el Estado, que invocó la Ley de Emergencia Económica para vender el predio, se perdió de ganar al menos dos veces más el monto que recibió, según las cotizaciones inmobiliarias del terreno. Este tema podría derivar en una acusación por el delito fraude contra la administración contra los funcionarios que orquestaron la operación”, señalaron fuentes de la Fiscalía. El decreto de venta lleva la firma del presidente Menem. El tercer punto de la investigación salpica al gobierno porteño, que aprobó en 1997 las dos primeras etapas del proyecto de remodelación de la Rural: un centro de convenciones de 5000 metros cuadrados, que abrió en julio de 1998, y un centro de exhibiciones, en un pabellón de 35.000 metros cuadrados, que se inauguró a fines de abril con una muestra italiana. “El predio está zonificado como UP (urbanización parque), lo que significa que no podrían haber instalado más que bancos, fuentes y árboles. Es decir, la aprobación de otras obras sería irregular”, agregaron las fuentes de la Fiscalía. La noticia de la investigación judicial coincide con el momento en que las autoridades de la Sociedad Rural Argentina se encuentran presionandoal gobierno porteño para que acelere la rezonificación del predio, que debe aprobar la Legislatura, que les permitiría construir 14 salas de cine. Así completarían el proyecto original de la entidad y su socia norteamericana, que incluye la construcción de un centro gastronómico, una disquería y una gran librería. Sin embargo, con la pesquisa de la Fiscalía Nº 33, la rezonificación impulsada por De la Rúa ha entrado en el freezer. Es que el expediente con el proyecto que reenvió tres semanas atrás el jefe comunal a la Comisión de Planeamiento Urbano –después de que los diputados lo rechazaran por falta de información– fue pedido por Campagnoli y hasta que el fiscal no lo devuelva, el cuerpo legislativo no podrá tratarlo, según informó ayer a Página/12 el presidente de la comisión, el radical Rubén Campos.
|
