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Por Horacio Cecchi  Villa
Inflamable, en Dock Sud, está que arde. Los vecinos del barrio reclaman que se detenga un
tendido de líneas de alta tensión que debería pasar junto a sus viviendas. Debería,
porque el cableado de 320 mil voltios que se dirige desde la vieja usina de la ex Segba
hasta Don Bosco y Sobral, en Quilmes, fue interrumpido al llegar al barrio en cuestión,
cuando los vecinos decidieron impedir el colocado de las columnas, tapando de noche los
pozos que la empresa Central Dock Sud abría de día. Los pobladores presentaron un
recurso de amparo por lo que consideran “un grave riesgo para la salud” y por el
peligro que aparejaría el tendido ante la alta concentración de refinerías petroleras
de la zona. La empresa afirma que cuenta con todas las autorizaciones en regla. El Ente
Regulador, en cambio, no dice nada. Desde el martes pasado, unos 30 vecinos montan guardia
dentro de una carpa verde levantada en el lugar de los hechos, mientras dos policías de
la Bonaerense custodian celosamente el pozo tapado.“Tiene guardia policial para que no se lo roben”, dice riendo Eugenio Carreras, uno de los vecinos reunidos en una mateada junto a la carpa. Hace unos dos meses, Sandra Izaguirre abrió la ventana de su dormitorio y se encontró con una cuadrilla de obreros abriendo un enorme pozo. “Les preguntamos para qué era y nos dijeron que iban a colocar las columnas del cableado”, explica Izaguirre a Página/12. “Como protesté, me dijeron que me hacían la gauchada y que me lo corrían allí”, y señala a unos diez metros, donde ahora se levanta la carpa verde. A partir de entonces, los vecinos siguieron un cursillo de aprendizaje veloz sobre cuestiones energéticas. “Los cables de alta tensión traen problemas muy serios para la salud –afirma Deborah Swistun–. Los especialistas sostienen que provocan leucemia, tumores cerebrales, alteraciones en el embarazo, partos prematuros y muchos otros problemas”, y señala estudios realizados por diferentes especialistas consultados por el caso Ezeiza (ver aparte). Margarita Banegas, presidenta de la Sociedad de Fomento Pro Mejoramiento de la Costa, señala hacia el muro de la refinería de Shell, allá nomás, del otro lado de la calle Sargento Ponce, que corre paralela al trazado y frente a las viviendas. “Es un peligro enorme porque por acá pasan 400 camiones con combustible todos los días. La ley prohíbe el cableado de alta tensión cerca de grandes depósitos de combustible, a menos de 35 metros de las viviendas, de los centros de salud y de las escuelas.” Alarmada por las consecuencias, una comisión de vecinos mantuvo reuniones con representantes de la empresa Central Dock Sud y con el intendente Baldomero Alvarez de Olivera (PJ). “La empresa nos intentó convencer de que todo era para nuestro beneficio, y nos dijo que no nos opusiéramos al progreso.” Después de cinco reuniones con el intendente, surgieron dos propuestas. La de los vecinos consistía en que el cableado fuera bajo tierra. “Igual que se hizo en el mismo trazado, en Quilmes Sur. Allá son residencias muy caras y la empresa lo tendió subterráneo –sostiene María Isabel Lanz–. ¿Acá por qué no lo hacen igual? ¿Qué somos, diferentes?” La otra propuesta, sugerida por la intendencia, fue erradicar el barrio, pero no hubo quién se hiciera cargo del costo. “Entonces nos ofrecieron 150 mil pesos para arreglar el barrio”, sostiene Banegas. “Eso no alcanza para nada. Y además, de qué nos sirve si van a estar los cables sobre nuestras cabezas”, agrega Swistun. Central Dock Sud rechazó la propuesta vecinal. “No sólo por los costos económicos –definió Francisco Pérez Thoden, gerente comercial de CDS–. Les explicamos que el permiso que nos dieron es aéreo. El trazado está junto a una gran cantidad de poliductos subterráneos. Lleva sus riesgos hacerlo bajo tierra. Además, no entendemos por qué protestan si allí mismo había un tendido de media tensión, y nosotros lo que hicimos fue cambiarlo por uno de alta tensión, con postes más altos, como corresponde.” –¿Cuántos voltios llevaba el trazado anterior? –preguntó este diario. –13.200 –respondió Pérez Thoden. –¿Y el que proyectan? –320.000. Con torres más altas –aclara el gerente. La empresa cuenta con las habilitaciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), de la Secretaría de Política Ambiental provincial y de la Municipalidad de Avellaneda. Los vecinos sostienen que las leyes obligan a llamar a una audiencia pública antes del trazado, que no se han realizado estudios de impacto ambiental y señalan la peligrosa proximidad de los tanques de combustible. “El Concejo Deliberante en pleno votó un pedido de informes al intendente, que no respondió”, asegura el concejal Joaquín Escobar, del Frepaso. “Los 24 concejales dieron su apoyo unánime a los vecinos”, agregó. Detenidas las negociaciones, presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado Civil Nº 14 de Lomas de Zamora, que se declaró incompetente. Atentos a que la obra no continuara, hace unos 15 días, las mujeres, palas al hombro, se reunieron junto al pozo de 4 metros de profundidad y pidieron a los obreros que salieran. Y cuando se disponían a taparlo, el contratista de la obra, Francisco Buchanan, se arrojó al pozo. “Lo van a tener que tapar conmigo adentro”, gritó y las mujeres empezaron a palear la tierra. Buchanan salió y el pozo quedó tapado. Ahora, a pedido de la empresa, dos policías instalados en un casilla rodante no le quitan la vista de encima, noche y día.
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