El Ministerio de Defensa finalmente preadjudicó la licitación del Plan Nacional de Radarización a la empresa norteamericana Northrop Grumman, tras varias batallas legales y con una considerable demora. Página/12 pudo confirmar que el ministro Jorge Domínguez firmó anteayer la resolución y la adjudicación definitiva se producirá el lunes próximo. La ganadora se asoció con la italiana Alenia que había protestado ruidosamente en la primera etapa del proceso por considerar que el ministerio les había ocultado información para favorecer a las otras competidoras. Pero ahora las dos triunfadoras se repartirán los casi 300 millones de pesos de la primera etapa y antes del 2002 deberán instalar dieciséis radares en zonas estratégicas del territorio nacional, además de un sistema de enlace entre aviones y aeropuertos. La Alianza pedirá la anulación del proceso.
Una fuente, que prefirió mantenerse en reserva, aseguró que la semana pasada venció el plazo para las impugnaciones sin que ninguna de las empresas competidoras objetara la decisión tomada por la comisión encargada del proceso. Hace un mes, la francesa Thompson había protestado pidiendo la anulación del acuerdo entre Northrop y Alenia. Su presidente, Jean Paul Perrier, envió una carta a Domínguez en la que calificaba el arreglo como un procedimiento “que nos parece contrario a los intereses y a la amistad de nuestros países”. Sin embargo, no concretó una impugnación formal para la cual hubiera tenido que pagar un millón 900 mil pesos, según establece el pliego licitatorio. El mismo informante explicó que “las empresas podían pedir un monto mayor pero finalmente tuvieron que adaptarse a lo que marca la ley, es decir, 185 millones 300 mil pesos, además del IVA y los impuestos aduaneros de todo el material que importen”. El vocero de una de las empresas ganadoras se mostró conforme por haber obtenido un aumento en la cantidad de dinero que percibirán, y ratificó que Northrop y Alenia acordaron trabajar juntas, aunque cada una en el aspecto que tiene más experiencia. El Ministerio de Defensa convalidó el arreglo.
Domínguez siempre negó que Thompson le haya pagado el viaje a Francia durante el último Mundial de Fútbol. Esa información, publicada por el desaparecido diario Perfil, había alentado las sospechas sobre un eventual favoritismo oficial hacia los franceses (además de una denuncia por cohecho y enriquecimiento ilícito). En el final de esta historia, Thompson no sólo se quejó por haber sido relegada de lo que denominó “una negociación secreta” sino que ofreció realizar la instalación completa de los radares sin costo alguno para el Estado, a cambio del cobro durante veinte años de las tasas que actualmente percibe la Fuerza Aérea. Pero los funcionarios descartaron la oferta.
El diputado socialista Jorge Rivas, principal cuestionador del proceso licitatorio, opinó ante Página/12 que la preadjudicación es un “condicionamiento para el próximo gobierno porque los ganadores de esta primera etapa se posicionan de manera preferencial para las siguientes”, de modo que, “si hay voluntad política de impedir la adjudicación definitiva, la oposición presentará una acción de amparo”. En tal sentido, la Alianza informó en un comunicado que pedirá la anulación de la licitación por las sucesivas irregularidades que fueron denunciadas. Página/12 pudo saber que esta posición fue adoptada por el comité de campaña aliancista tras el encuentro que mantuvo Fernando de la Rúa con el embajador de Francia, Paul Dijoud, en el que le manifestó al candidato su preocupación por la situación de la radarización.
Rivas dijo sentirse molesto porque “Domínguez nunca terminó de dar explicaciones sobre este tema en el Congreso y es inadmisible que hayan concretado la preadjudicación una semana antes de la fecha prevista para que este funcionario concluyera su informe”. Y agregó que “es llamativo que la empresa que más peleó por la transparencia del proceso, en medio deun aquelarre de irregularidades no sólo formales, haya retirado su oferta económica a cambio de participar de la primera etapa del plan”.

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