Por Eduardo Videla El gobierno bonaerense
integrará a las agencias de seguridad privada a las tareas de prevención del delito. Con
ese objetivo, se lanzará en los próximos días una experiencia piloto en el partido de
San Isidro, el distrito con mayor índice de vigiladores privados de la provincia, según
confirmaron funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad. “El objetivo es
sumar a la tarea de prevención a unos 46 mil vigiladores privados que hay en toda la
provincia y complementar su tarea con la de la policía, sin delegar la responsabilidad
del Estado en materia de Seguridad”, dijo a Página/12 el subsecretario de
Coordinación del Ministerio, Martín Arias Duval. La Cámara de Empresas de Seguridad se
manifestó a favor de la iniciativa.
La iniciativa apunta a que los vigiladores privados tengan una fluida comunicación con la
policía de cada delegación, para notificar cualquier ilícito que detecten cerca del
objetivo que están custodiando. Pero también los faculta a intervenir para evitar esos
delitos. De acuerdo con la ley que regula la actividad de las agencias privadas en
territorio bonaerense –aprobada en abril por la Legislatura provincial–, los
vigiladores particulares ejercen sus funciones “en el interior y en las adyacencias
inmediatas de los edificios o propiedades” que custodian. “Lo que se busca es
reglamentar esa atribución y coordinar el trabajo con la policía”, explicó Arias
Duval.
Con ese fin, el ministro León Arslanian y dos de sus colaboradores se reunieron el lunes
con las autoridades de la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi).
“Se acordó lanzar una experiencia piloto en San Isidro, pero antes hay que encontrar
un mecanismo ágil de comunicación con la policía de la zona”, aclaró el
funcionario.
Según los especialistas consultados por este diario, la iniciativa no le dará a los
vigiladores privados más atribuciones que las que tienen hasta ahora. “Los agentes
privados pueden intervenir para evitar un delito como lo puede hacer cualquier ciudadano,
en legítima defensa de un tercero”, afirmó el penalista Alberto Binder, titular del
Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales (Inecip). “La diferencia
–aclaró– está en que los vigiladores usan armas. Pero existen requisitos de
oportunidad y proporcionalidad para que su uso no constituya un exceso.”
“Alguna forma de coordinación con la seguridad privada había que encontrar, pero
con un máximo control por parte del Estado, para evitar que la inseguridad se siga
convirtiendo en un negocio”, opinó Binder.
El senador provincial Eduardo Sigal (Frepaso) consideró que la propuesta de Arslanian
está dentro del marco de la ley. Pero advirtió: “Estamos preocupados porque no debe
haber un desentendimiento del Estado en materia de seguridad. Hay que garantizar que los
custodios actúen dentro de lo que marca la ley”.
De acuerdo con la nueva legislación, los vigiladores que custodian una fábrica –por
ejemplo– y observan que un ladrón intenta robar en una vivienda vecina, están
habilitados para intervenir. Primero, deben dar aviso a la policía y, luego, pueden
intentar detener al ladrón o impedir el robo. “Esa comunicación, hasta ahora, queda
librada a la buena voluntad del vigilante y del comisario de la zona –aclaró Arias
Duval–. La idea es que esta coordinación quede institucionalizada.”
Según el funcionario, con el éxito del nuevo sistema se beneficiarán todas las partes.
“El sector privado, porque tendrá un contacto más directo con la policía, y podrá
contar con un auxilio rápido; la policía, porque tiene una mayor fuente de información,
y la comunidad en general, porque los custodios no sólo darán aviso a la policía cuando
haya problemas en los objetivos que custodian sino también en las inmediaciones”,
explicó Arias Duval.
El presidente de la cámara empresaria, Carlos Oliveira, se manifestó “totalmente de
acuerdo” con la iniciativa de Arslanian. “Por supuesto, sin menoscabar que tiene
el Estado en la seguridad”, aclaró. Para elempresario, “el tema más importante
a resolver es el de la comunicación”. “Habría que montar un buen sistema
radial o telefónico que le permita al custodio avisar a la policía”, dijo a
Página/12.
Binder agregó que hay que profundizar la integración con las agencias de seguridad, con
el máximo control posible del Estado. “No veo problemas para la cooperación,
siempre que se mantenga el eje de subordinación de las agencias privadas a las políticas
públicas”, argumentó. Binder sugiere aplicar un modelo de concesión del servicio
de seguridad. “Es una forma de que el Estado asuma que existe la seguridad privada y
que las empresas tomen conciencia de que prestan un servicio público. Hay que regular un
mercado que está descontrolado. Con la concesión, se evita la competencia entre varias
empresas en una misma zona y se puede profundizar el control”, concluyó el
especialista.
| Colectivos chocadores Un choque frontal entre dos colectivos, que luego fueron embestidos por un
tercero, provocó heridas a 14 personas y un impresionante congestionamiento de tránsito
en Pacífico desde las 15.30 hasta las 16.45. La colisión ocurrió cuando el chofer del
interno 19 de la línea 95, que se dirigía hacia el norte por Santa Fe, intentó esquivar
a una ciclista que aparentemente creyó tener paso del semáforo, pero no pudo controlar
el vehículo y embistió de frente al interno 24 de la 67, que se dirigía desde Belgrano
hacia la Rural. Otro colectivo, el interno 78 de la 161, que también corría hacia Plaza
Italia, no tuvo tiempo ni espacio de frenar y dio contra la parte trasera del 67. Catorce
personas quedaron heridas, algunas con lesiones de importancia, aunque ninguna considerada
de gravedad. La que sufrió heridas más serias fue la ciclista, con cortes en la cabeza y
una fractura expuesta en una de sus piernas. Los choferes de la línea 67 y de la 161
quedaron detenidos en la comisaría 31, mientras que el de la 95 fue internado en el
hospital Pirovano. |
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