Por Irina Hauser Uno de los casos más
resonantes en la causa de los ñoquis del ex Concejo Deliberante fue el de Elvira
Bracamonti, quien dijo que después de haber dejado sus datos personales para pedir drogas
oncológicas usaron su nombre y la hicieron pasar por empleada. Al declarar en marzo de
este año señaló que su contacto para conseguir los medicamentos había sido Nelson
López Boado. Cuando fue indagado ayer por el juez Alberto Baños, el hombre –un
viejo colaborador de Fernando de la Rúa– admitió que conoce a Bracamonti pero
aseguró que no tuvo nada que ver con su trámite. Deslizó, además, que se trataría de
una testigo “entrenada” por encargo del ex concejal Eliseo Roselló quien, a su
entender, sería responsable de designaciones truchas en la vieja institución. Quienes lo
escucharon se sorprendieron al detectar discrepancias con la versión de la mujer sobre
cómo se conocieron. Por eso habrá un careo.
López Boado es el tercero en prestar declaración indagatoria de una lista de 32
citaciones que formuló el juez Baños el 16 de este mes como parte de una causa en la que
investiga cientos de nombramientos entre 1993 y 1996 de empleados ñoquis en el
desaparecido órgano legislativo porteño. Hasta ahora, los testimonios del ex concejal
Humberto Bonanata (UCR) y del ex secretario legislativo Roberto Clienti (UCR) también
apuntaron contra Roselló, conocido por haber quedado enemistado con De la Rúa tras ser
excluido de la repartición de cargos. En principio, lo que Roselló y Bracamonti tienen
en común, apuntaron fuentes judiciales, es al abogado Juan Carlos Iglesias como
patrocinante.
Cuando Bracamonti, quien padece cáncer, contó su historia públicamente -incluso en
televisión– incluyó entre los protagonistas el nombre de López Boado, a quien
habría tenido que acudir para solicitar los remedios oncológicos. Dijo que había
llegado a él por sugerencia de un tal Julio del equipo de De la Rúa, quien le había
dado una dirección correspondiente a una dependencia del Senado y un número de
teléfono. Finalmente, según relató, al comunicarse se le indicó que mandara una carta
explicando su situación y una fotocopia del DNI. Pero nunca más supo nada. Hasta que un
buen día empezaron a llegar a su casa recibos de la AFJP Activa-Anticipar. Al averiguar
descubrió que los aportes los hacía el ex Concejo, según comentó a los medios. Así
supo que figuraba como empleada de la institución y que alguien había cobrado 30 mil
pesos por ella.
Ayer, en una declaración de aproximadamente dos horas, López Boado negó haber tenido
algo que ver con la gestión de medicamentos de la mujer y sostuvo que jamás recibió
documentación de ella, según refirió a Página/12 un funcionario ligado con la
investigación. Admitió conocerla pero, para asombro de los presentes, su relato se
diferenció del de Bracamonti en los detalles acerca de cómo se conocieron, informó la
misma fuente. Y agregó que por eso el juez decidió que los enfrentará en un careo,
aunque todavía no fijó fecha.
La pesquisa que conduce Baños apunta a revelar mecanismos extendidos de financiación
ilegal de la política como es el caso de las designaciones de personas que nunca
trabajaron en el ex Concejo y cuyos sueldos eran percibidos por otro. De acuerdo con la
investigación hecha por un equipo de fiscales (Mónica Cuñarro, Horacio Amelotti,
Augusto Troncoso, Marcelo Roma y Joaquín Gaset), la defraudación al Estado ascendería
al menos a cinco millones de pesos.
Por esta causa ya cumple prisión domiciliaria un ex presidente del Concejo, Juan Trilla
(UCR). Junto con él, el juez atribuyó el delito de malversación reiterada de fondos a
otros dos ex titulares del cuerpo: al actual diputado duhaldista Eduardo Rollano, cuyo
desafuero Baños solicitó esta semana para poder indagarlo, y a José Manuel Pico (PJ),
que ya está preso por asociación ilícita y estafa. Todavía están prófugos, buscados
por las mismas razones, los ex concejales Eliseo Roselló (UCR) y Roberto Larrosa (UCR),
los ex empleados del Concejo, Braulio Feliú (UCR), Carlos Bernardou (UCR) y Luis Alberto
Sánchez (UCR) y la ex mujer de Pico,Claudia Cabezón. Hoy declaran el ex concejal Raúl
Barrera y Sergio Muñiz, un ex director ejecutivo.
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