OPINION
Las improvisaciones de
Arslanian
Por Marcelo Fabián Sain (*) |
Apremiado
por los tiempos electorales, el ministro León Arslanian parece olvidar que, según la ley
vigente, el servicio de seguridad privada es “complementario” y
“subordinado” a las actividades desarrolladas por el Estado en materia de
seguridad pública. Los prestadores de seguridad privada están obligados a cooperar y
asistir a las autoridades policiales o judiciales acerca de las personas o bienes que
están bajo su cuidado, así como también a comunicarles en forma inmediata toda
situación que implique algún riesgo para la integridad física de cualquier persona o a
denunciar todo delito que conocieren en el desempeño de sus funciones. A su vez, deben
prestar colaboración y asistencia a las fuerzas de seguridad pública cuando éstas lo
requieran, actuando siempre bajo sus órdenes, su coordinación y su responsabilidad. Y
finalmente, al igual que cualquier particular, están también legalmente facultados a
aprehender a una persona que intentare un delito, en el momento de cometerlo, o que fugare
estando legalmente detenido o que fuese sorprendido in fraganti.
Esa iniciativa no es más que una cortina de humo que intenta ocultar la negligente
ineficacia con que el gobierno provincial ha administrado la seguridad pública. Las
deficiencias en materia policial han sido notables y vulneran el monopolio que el Estado
debe tener sobre la fuerza pública.
1) No se planificó el despliegue territorial del personal policial procurando su
presencia en las zonas de mayor concentración de población y delictiva. Mientras que en
el Gran Buenos Aires se concentra casi el 64 por ciento de la población provincial y se
comete más del 67 por ciento de los hechos delictivos denunciados, allí sólo tiene
destino el 17 por ciento del personal, al mismo tiempo que en el interior de la provincia
se concentra el 36 por ciento de la población y el 33 por ciento de los hechos
delictuosos y allí tiene asiento el 53 por ciento de la fuerza.
2) No se traspasaron a la esfera civil las “tareas administrativas” (accidentes,
hallazgos de bienes, recepción de actas de choque vehicular, funciones de policía
migratoria auxiliar, certificación de domicilio). En la actualidad, aquellas labores
administrativas comprometen a más del 30 por ciento del personal policial, es decir, más
de 10.000 agentes que deben ser sumados a las actividades de seguridad preventivas.
3) No se implementó un sistema de mapeo e información delictual que permita detectar en
forma permanente todo tipo de incidentes, falta o delito –autores, situaciones y
consecuencias– en cada jurisdicción. La identificación precisa de las zonas y
horarios de riesgo constituye la condición indispensable para que cualquier tipo de
estrategia y forma de intervención policial sea eficaz en la prevención del delito.
4) No se pusieron en funcionamiento los diferentes foros e instancias de participación
comunitaria para la elaboración, implementación y control de las políticas de seguridad
pública.
En definitiva, el ministro debería preocuparse por profundizar la reforma policial
iniciada en 1998 y no echar mano a salidas apresuradas, meramente pictóricas y análogas
a las ensayadas por el ex represor Patti.
* Investigador, Universidad Nacional de Quilmes. |
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