Por Irina Hauser En un día hecho a medida de
la causa en que se investiga la designación de empleados ñoquis en el antiguo Concejo
Deliberante, el juez Alberto Baños indagó ayer, 29 de julio, a dos ex directores
ejecutivos de la institución y ordenó dos nuevas indagatorias. Los ex funcionarios que
contestaron las preguntas del juez deslindaron responsabilidades en sus superiores. El
martes próximo se presentará en Tribunales Juan Trilla (UCR) quien ya cumple arresto
domiciliario en esta causa.
El magistrado ya concretó así cinco de las 32 indagatorios que ordenó hace tres semanas
como parte de la pesquisa sobre cientos de nombramientos irregulares entre 1993 y 1996 en
el viejo órgano legislativo. Se están analizando los mecanismos que permitieron que se
usurpara la identidad de personas ajenas a la institución para hacerlas figurar como
empleadas y que alguien cobrara por ellas. También se analizan designaciones de amigos o
conocidos de ex funcionarios que pueden haber actuado con complicidad.
En esa dirección, Baños citó a varios empleados que se encargaban de certificar las
prestaciones de servicios. Es el caso de Sergio Muñiz y Raúl Barrera, que fueron
interrogados ayer. Muñiz, quien está ligado al justicialismo y ocupó el cargo de
director de planta transitoria entre 1991 y 1994, fue citado porque su firma aparece al
menos en uno de los recibos que habilitaron cobros a nombre de Juan José Solís, un
hombre que en realidad estaba preso. El ex funcionario, que acudió a Tribunales
acompañado por su abogado Horacio Rivero, reconoció haber firmado la certificación en
cuestión pero habría responsabilizado a un ex concejal, según relató a este diario un
allegado al expediente. Barrera, también comprometido por su propia firma, habría
atribuido la culpa a los ex presidentes del Concejo José Manuel Pico (PJ) y Juan Trilla
(UCR).
En esta causa el juez y los fiscales cruzaron datos sobre 1600 recibos de sueldos y
apuntan a revelar parte de la trama de la financiación ilegal de la política. Trilla ya
cumple arresto domiciliario debido a sus 76 años de edad y se presentaría el martes. Al
igual que al veterano dirigente radical, Baños atribuyó a otros dos ex presidentes del
Concejo el delito de malversación reiterada de fondos: al actual diputado duhaldista
Eduardo Rollano, cuyo desafuero ya fue solicitado esta semana para poder tomarle
declaración indagatoria, y a Pico, que ya está preso por asociación ilícita y estafa.
Todo indica que Rollano estaría a salvo, ya que la mayoría justicialista de la Comisión
de Asuntos Constitucionales de Diputados rechazaría el pedido de desafuero.
Mientras tanto, siguen prófugos los ex concejales Eliseo Roselló (UCR) Y Roberto Larrosa
(UCR), los ex secretarios radicales Braulio Feliú, Carlos Bernardou y Luis Alberto
Sánchez y la ex mujer de Pico, Claudia Cabezón. El juez agregó ahora dos pedidos de
indagatoria a ex empleados del Concejo. También determinó que habrá un careo entre
Elvira Bracamonti y el ex funcionario Nelson López Boado. Ella es una mujer enferma de
cáncer que asegura que su nombre fue utilizado para inventarle un cargo después de que
dejó sus datos personales para pedir remedios oncológicos. Mencionó a López Boado como
su contacto para el trámite. López Boado declaró el miércoles pasado que no tuvo nada
que ver, culpó a Roselló y sugirió que Bracamonti es una testigo “entrenada”.
Hoy declaran, entre otros, Luis Alberto Pronesti y Eduardo Aparicio.
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