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Por Pedro Lipcovich  “¿De
quién es esa boquita?”, preguntará él, como siempre se preguntó. “De Pretty
Mouth, Inc.”, contestará ella, como nunca se contestó. La Unión Europea,
presionada por los grandes laboratorios, está a punto de alinearse por completo con
Estados Unidos en el criterio de otorgar patentes para materia viviente (ver nota aparte).
Ya se privatizaron genes que producen cáncer, así como las células del cordón
umbilical humano. El patentamiento, en Estados Unidos, incluye también plantas de uso
milenario en culturas latinoamericanas. En esta situación, según especialistas, la
Argentina queda rezagada “por su incapacidad crónica para explotar la ciencia y la
tecnología”. La posibilidad de patentar materia viva, tal como la narra Carlos Correa –director del posgrado en propiedad intelectual y de la maestría en política y gestión de ciencia y tecnología de la UBA–, empezó en 1980: “Entonces, la Corte Suprema de Estados Unidos admitió la patente de un microorganismo modificado genéticamente. Hasta el año pasado, Europa mantenía una posición más restrictiva, pero la industria biotecnológica presionó y el año pasado el Parlamento Europeo aprobó la directiva a la que, todavía, Holanda sigue oponiéndose”. Ejemplos: “Una empresa patentó un gen que causa el cáncer de mama; otra, células del cordón umbilical humano, que podrían tener usos terapéuticos” –cuenta Correa–. Es que, “según la doctrina que se desarrolló en Estados Unidos y ahora se acepta en Europa, basta con aislar un gen para que se lo considere patentable. La diferencia entre lo que se descubre y lo que se inventa, esencial desde el origen de la noción de patente, se borra”. Para Salvador Bergel, titular de la cátedra Unesco de bioética en la UBA, “claro que esos patentamientos son ilegítimos: un gen es algo que integra el cuerpo humano y patentarlo no tiene ningún mérito inventivo. Secuenciar un gen es una tarea mecánica que puede hacer un auxiliar de laboratorio. Pero la codicia de los laboratorios estableció estas esferas de apropiación ligadas a intereses de mercado y no al fomento de la investigación científica, que es el sentido último de un sistema de patentes”. A veces, lograr una patente no es cuestión de tecnología sino sólo de poder: “‘Investigadores’ norteamericanos patentaron plantas como la ayahuasca y la quinoa, de uso milenario en Latinoamérica –cuenta Correa-: es que la legislación de Estados Unidos admite como ‘nuevo’ todo lo que no figure por escrito en publicación reconocida por ellos, lo cual les permite recorrer las selvas, obtener informaciones de los chamanes y patentarlas. Estados Unidos no suscribió la Convención de Río de Janeiro, donde 160 países reconocieron la soberanía de los estados sobre sus recursos genéticos. Se prevé que los países en desarrollo insistan sobre el tema en la próxima reunión de la Organización Mundial de Comercio, en noviembre”. Alejandro Mentaberry –especialista en ingeniería genética, profesor en la UBA e investigador del Conicet– observa que “desde hace tres años, gran parte de la soja que se produce en la Argentina es transgénica y está patentada en Estados Unidos. Y en los próximos años llegarán los productos de la segunda ola, que incluyen datos mucho más avanzados en ciencia genómica, que estarán cada vez más protegidos y reservados”. Es que “la revolución genética ya es lo que fue la revolución informática hace 20 años –anuncia Mentaberry–, y en las próximas décadas va a estar presente en la vida cotidiana”. Por ejemplo, alimentos naturales dietéticos: “Ya se obtuvo una remolacha diet, modificada para producir fructano, que se utiliza como sustituto de las grasas y como edulcorante”; o bien “arroz con vitamina A, bananas con vacunas contra infecciones intestinales o, más adelante, dentífricos que, al incluir anticuerpos contra las bacterias bucales, realmente eviten las caries”. Para Mentaberry, “la discusión de fondo es la incapacidad crónica de nuestros países para explotar la ciencia y la tecnología. Aun en los proyectos de acceso libre, la interpretación de los datos requiere investigación, y para acceder a datos de otros países hay que negociar sobre la base de investigaciones propias: los brasileños, los mexicanos, incluso los cubanos tienen proyectos genómicos funcionando, aunque sean modestos: armaron una estrategia para entrar en las redes internacionales de investigación. La Argentina no tiene con qué negociar”.
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