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LAS ESCUCHAS DEL CASO AMIA REVELARON
LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA DE KLODCZYK Y SUS COMISARIOS

Los malditos policías y sus 94 delitos

En apenas 21 días de escuchas telefónicas, se obtuvieron pruebas de 94 delitos cometidos por el ex comisario Ribelli Después de una larga demora, la investigación llega a la cúpula.

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Escucha: “¿Viste Rodríguez, al que le hicimos un encubrimiento? Bueno, anoche trajo tres luquitas: la corté con los muchachos y acá tengo lo tuyo.”

Negocio: “Les cobraron a los piratas del asfalto para no entregarlos, escondieron las zapatillas y es evidente que unos días después las vendieron.”

Caso: Otro capítulo se centra en una serie de maniobras realizadas por Ribelli para operar en dos causas judiciales que acorralaban a sus hombres.


Por Laura Vales
t.gif (862 bytes)€Diez miembros de la cúpula de la policía bonaerense durante la gestión de Pedro Klodczyk están en la mira de la Justicia por su posible vinculación con 94 delitos graves. La trama por la que son investigados surgió de las escuchas telefónicas realizadas en 1996, en los días previos a la detención del ex comisario Juan José Ribelli por su vinculación con el atentado contra la AMIA. Los episodios que los complican van del encubrimiento al cohecho, y englobando a todos ellos sobrevuela la figura de la asociación ilícita. Todo el proceso judicial se caracteriza por una lentitud alarmante: el juez federal Juan José Galeano envió las escuchas a los tribunales de Lomas de Zamora un año y medio después de que fueron grabadas. Una vez allí, tomó otros 18 meses rastrear qué delitos comunes -es decir, no relacionados con el ataque a la AMIA– surgían de esos diálogos. El resultado fue asombroso.
En apenas 21 días, Ribelli y sus hombres protagonizaron los 94 hechos concretos que son el centro de la pesquisa. Es decir, cometieron un delito cada tres horas, si se parte de un benévolo cálculo que considere que los bonaerenses trabajaron en esos 21 días 12 horas por jornada sin descansar sábados ni domingos.
–¿Viste Rodríguez, el banquero, al que le hicimos un encubrimiento? –le avisa a Ribelli el subcomisario Maisú en una de las cintas en cuestión-, bueno, anoche trajo tres luquitas: la corté con los muchachos y acá tengo lo tuyo.
De ese tenor son las conversaciones que ahora pueden arrastrar al procesamiento de la cúpula de Klodczyk. En algunos casos hay ex jefes policiales que aparecerían directamente involucrados en negociados de Ribelli, como el entonces jefe de Investigaciones de la fuerza Armando Calabró. Pero también existen elementos que apuntan hacia oficiales que fueron ascendidos con posterioridad a la detención del hombre fuerte de Klodczyk y hoy ocupan altos cargos en la policía. Y por supuesto, cerrando cada uno de los acuerdos o consultando al jefe antes de dar cada paso, está buena parte de los procesados por su supuesta vinculación con la voladura de la AMIA.
Ribelli era a mediados del ‘96 el joven comisario elegido por el entonces jefe de la fuerza para comandar Sustracción de Automotores, la división creada para combatir el robo de vehículos en toda la provincia. También era una figura clave del sistema de recaudación ilegal que funcionaba dentro de La Bonaerense.
Una decena de episodios cuya esclarecimiento pasó a manos de la Justicia provincial refleja la maquinaria montada por “Juancito” y sus hombres para hacerse de dinero fresco. El arreglo con piratas del asfalto, por ejemplo, mientras Ribelli y los suyos estaban tras las huellas de un camión de zapatillas robado. Lo encontraron, pero todo indica que nunca lo notificaron al juez que tramitaba esa denuncia. “Fue un negocio por partida doble”, explicó uno de los investigadores. “Les cobraron a los piratas del asfalto para no entregarlos al juez, escondieron las zapatillas en un depósito y es evidente que unos días después las vendieron.”
De eso trata la conversación registrada el 11 de julio de 1996, dos días antes de que Ribelli fuera detenido por la causa AMIA.
–¿Y..? –preguntó el Lobo al encargado de cerrar el acuerdo por la mercadería secuestrada.
–Recién terminé..., más o menos en veinte los zapatos –le contestaron-, me los van a pagar en dos veces.
–Que lo parió –contestó el patrón, no sin un dejo de impaciencia.
Su interlocutor se apresuró a explicarle que había cerrado un segundo arreglo, esta vez con un comerciante:
–Está todo –aseguró–, nos había quedado pendiente un poco el tema ecológico y un poco la pericia contable. Ellos dicen que están bien, pero que pueden tener alguna pelotudez... Entonces empezamos a achicar y más omenos arreglamos ahí en “20 cables”... Te puedo dar la seguridad justa, justa. El miércoles va “Diego Maradona”... y el lunes o el martes de la semana que viene va el otro “Diego”.
Ribelli aprobó complacido.
Los investigadores determinaron que en apenas 15 días recaudó a través de arreglos y extorsiones a delincuentes la suma de 350 mil pesos. También delimitaron las figuras penales que se desprenden de las actividades ilegales de Ribelli y los suyos: malversación de fondos públicos, extorsiones y coimas al por mayor, exacciones ilegales, robos, encubrimiento, instigación al delito y privación ilegítima de la libertad y una decena de otras figuras que atraviesan de punta a punta el Código Penal.
El expediente está en manos de la jueza Silvia González, una de las magistradas de mayor prestigio de Lomas de Zamora. González recibió las primeras desgrabaciones de las escuchas telefónicas en enero de 1998 y en principio destinó todo un equipo del Area Especial para hacer la pesquisa. Pero dos meses más tarde el Area Especial fue disuelta y el lento avance posterior se logró con el esfuerzo de un reducido grupo de empleados del juzgado. Todo sucedió en el momento de la reforma del sistema judicial, a raíz de la cual se acumularon en el despacho de Silvia González doce mil causas. El año pasado siete mil de estos expedientes, priorizados por tener detenidos, fueron resueltos. Después llegó el turno de avanzar sobre las grabaciones.
Tirando de la soga de esas escuchas han comenzado a surgir nombres de otros ex policías que vivieron su época de oro al calor de la gestión de Klodczyk como jefe de la Bonaerense. Norberto Padilla, que fue subjefe de la fuerza, José Ojeda, cuñado de Ribelli, y el poderosísimo ex comisario Mario Rodríguez son algunos de ellos. También el comisario Raúl Machuca, uno de los que colaboró con Ribelli apenas fue detenido para violar la incomunicación dispuesta por Galeano en la causa AMIA.
Otro capítulo de la investigación se centra en una serie de maniobras realizadas por el preferido de Klodczyk para operar en dos causas judiciales que acorralaban a sus hombres. Allí aparece el armado de una pericia falsa para salvar al comisario Raúl Ahumada, prófugo por el asesinato de dos jóvenes en la localidad de Monte Chingolo. Para lograrlo, Ribelli contó con la complicidad de su fiel ladero, el subcomisario Raúl Ibarra, y de uno de los técnicos del SEIT. El segundo expediente que le quitaba el sueño era el de la Masacre de Wilde, en la participaron 11 policías de su banda. Ante Galeano, el suboficial Juan Carlos Nicolau, que fue durante años chofer de Ribelli, declaró que su jefe “y otros oficiales que le responden” le refirieron que se había recaudado dinero “para arreglar al juzgado y los camaristas” que entendían en el caso (ver aparte).
La semana pasada llegaron al juzgado de Lomas algunos de los elementos que serán cruzados con las escuchas, como los libros de guardia de Sustracción de Automotores y los legajos de algunos de los policías. En el de Ribelli, previsiblemente intachable y lleno de felicitaciones, quedaron huellas de que el ex policía fue denunciado –y después desligado– por presuntas extorsiones.
Para los investigadores, en el peor de los casos a Klodczyk y su cúpula les resultará más que difícil probar legalmente que semejante cantidad de delitos pasó por delante de sus narices sin que nadie notara la menor irregularidad. El equipo que trabaja en el caso está integrado por cinco policías y una abogada, encargados también de otros expedientes. Un dato que alcanza para hacerse un panorama de hasta dónde llega, fuera del juzgado, el interés por abrir la caja de Pandora contenida en las escuchas que grabó Galeano en junio y julio de 1996.


Los más comprometidos

Norberto Padilla: fue subjefe de la Policía Bonaerense durante la gestión de Pedro Klodczyk al frente de la fuerza. Es investigado en otra causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Armando Calabró: fue el último director de investigaciones de Klodczyk. Participó de la investigación del atentado contra la AMIA y terminó en el centro de acusaciones por obstaculizar su avance.
José Ojeda: cuñado de Ribelli, fue quien le presentó a Klodczyk. Cuando ocurrió la masacre de Wilde era el jefe de los policías involucrados. Después, Klodczyk lo convirtió en su director de Finanzas.
Raúl Edilio Ibarra: es uno de los detenidos en la causa AMIA, en la que está acusado como partícipe necesario del atentado. Los cargos en su contra son complicidad con el ataque terrorista, privación ilegítima de la libertad, secuestro extorsivo y asociación ilícita. Acompañó a Ribelli en muchos de sus destinos dentro de la fuerza.


La masacre de Wilde

La masacre de Wilde ocurrió el 10 de enero de 1994, cuando once policías de la Brigada de Lanús mataron a cuatro civiles. Uno de las víctimas fue Edgardo Cicutín, un librero que pasaba por el lugar en un Dodge 1500. Cicutín recibió siete balazos y su acompañante se salvó de milagro. Tres ocupantes de otro vehículo, un Peugeot 505, también murieron acribillados. La Gendarmería comprobó que se dispararon más de 200 tiros, y que todos salieron de las filas de los uniformados.
Los policías explicaron después que la muerte de Cicutín había sido un “lamentable error”: confundieron su Dodge con uno idéntico en el que viajaban los supuestos cómplices de los del Peugeot. Todos los que participaron de la masacre eran hombres de Ribelli. Uno de ellos, Marcos Rodríguez, se fugó de la Brigada en la que estaba detenido y todavía sigue prófugo. El caso fue investigado en principio por la jueza Silvia González, que les dictó prisión preventiva por homicidio simple, pero después la Cámara de Apelaciones los dejó en libertad. El expediente pasó a manos del juez Emilio Villamayor, que los sobreseyó en 1995. Los camaristas respaldaron su decisión.
Ahora, en base a una nueva pericia sobre el Dodge 1500, los abogados Ciro Annicchiarico y Pedro Serra reclamaron que se detenga por el asesinato del librero a dos de los policías sobreseídos: Julio César Gatto y Pablo Dudek. Al desligarlos del homicidio, Villamayor había señalado que “todo parece indicar” que fue “el prófugo Rodríguez quien mató a Cicutín. Sin embargo, el último estudio balístico no dejó lugar a dudas de que el librero, que había bajado de su auto desarmado y herido, recibió disparos desde tres grupos o fuentes de fuego distintos.

 

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