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Por Raúl Dellatorre  Uno de los
flancos más sensibles de la economía argentina hacia fin de año y principios del
próximo, coincidiendo con el cambio de gobierno, será el cronograma de vencimientos de
la deuda pública. En los próximos doce meses, el Gobierno –sin importar en manos de
quién esté– deberá afrontar pagos de intereses de la deuda del sector público por
no menos de 9000 millones de dólares, una cifra que podría estirarse a 10.500 millones
si prevalecen las actuales condiciones de incertidumbre y altas tasas en el mercado
financiero mundial.Cuando Eduardo Duhalde, puesto en su rol de candidato presidencial, se atrevió a tirar sobre el escenario el tema de la deuda externa, provocó una reacción y un temblor político que no consigue lograr ni siquiera el aumento sin remedio en el nivel de desempleo. Hasta se llegó a atribuir a las palabras del gobernador-candidato la caída en las cotizaciones de Wall Street. Para los políticos, la deuda es un tema prohibido, pese a que será uno de los más graves que deberá enfrentar el próximo gobierno no bien asuma. En 1993, el país pagó por intereses de la deuda pública 2914 millones de dólares, según un análisis de la Fundación Capital. Para una política económica que se preció de su rigurosidad en el ajuste fiscal, no deja de sorprender el enorme salto, del orden del 200 por ciento en la cuenta de intereses. No hay otro rubro del gasto público que haya crecido, siquiera, en parecida o aproximada proporción. Pero el propio informe se encarga de destacar que lo peor no es lo que ya ocurrió, sino lo que puede pasar de aquí en más. La recesión aplastó la recaudación impositiva y pone en duda la capacidad del Gobierno de cumplir con las metas fiscales. “Si a eso se suman las presiones sectoriales y la incertidumbre propia del proceso preelectoral, el resultado no puede ser otro que el encarecimiento del financiamiento del sector público”, señala la fundación que orienta Martín Redrado. En efecto, el gobierno nacional viene pagando tasas de casi un 15 por ciento anual por títulos de deuda en el mercado local y 13,5 por ciento en el internacional, nominados en yenes. La proyección de intereses a pagar en los próximos doce meses (agosto ‘99 a julio del 2000), a las tasas pactadas, arroja un compromiso de pago de 8919 millones de dólares. Sin embargo, en medio de este proceso se produce el vencimiento de parte de la deuda, frente a lo cual o se paga el capital o se renueva. En el primer caso, habría que sumar a los intereses, el costo de la cancelación del capital: imposible de afrontar. La alternativa es refinanciar, lo cual es factible, pero supone asumir un costo adicional de intereses, ya que las condiciones del mercado actuales no son las mismas que las existentes cuando se pactó la deuda que ahora vence. Bajo estas condiciones, la Fundación Capital proyecta un costo en intereses “de alrededor de 10.400 millones de dólares en tan sólo un año”, por el “plus” de 1500 millones que deberá pagarse para entrar en la bicicleta de renovar deuda. El monto equivale a casi la cuarta parte del presupuesto nacional, y sin cancelar un centavo de dólar del stock de deuda pública. En forma reservada, tanto José Luis Machinea (Alianza) como Jorge Remes Lenicov (duhaldismo) han avalado las negociaciones y emisión de títulos que el equipo de Roque Fernández lleva a cabo para ir refinanciando la deuda, como para asegurarse que las puertas de los prestamistas estarán abiertas el día que les toque, a alguno de ellos, ocupar el escritorio del actual ministro. La semana pasada el trío hizo sus mejores esfuerzos para demostrar ante la “comunidad de negocios” de Nueva York que todo está listo para una transición ordenada. Pero los números de la Fundación Capital evidencian que el salvavidas que los referentes económicos están comprando está relleno de plomo. Más allá de las especulaciones electorales de Duhalde, en favor o en contra desu voluntad y de la de su contrincante, Fernando de la Rúa, el tema del pago de la deuda se impondrá por peso propio, antes o después de las elecciones.
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