APARECIO CON UN BALAZO EN LA CABEZA EL EX SECRETARIO DEL CONCEJO DELIBERANTE
Un muerto que se fue sin hablar

Pedro Poznanzky debía declarar el miércoles en la causa de los ñoquis. Era un imputado clave, por su papel decisivo en el manejo de dinero y designaciones del Concejo Deliberante y sus buenas relaciones con los administradores radicales o peronistas. La carátula dice “averiguación de suicidio”.

Juan Trilla, Eduardo Rollano y José Pico, los tres ex presidentes del Concejo Deliberante bajo sospecha de la Justicia.

  La causa de los ñoquis del ex Concejo Deliberante que instruye el juez Alberto Baños ya tiene un muerto. Pedro Sergio Poznanzky, un hombre identificado con el justicialismo y que ocupó cargos clave en la administración de dinero y cargos del viejo órgano legislativo porteño, apareció ayer a la mañana en el baño de su lujoso dúplex de Belgrano tirado en el piso con un balazo en la cabeza. Poznanzky, quien estuvo muy vinculado al ahora preso José Manuel Pico, tenía que prestar declaración indagatoria mañana por su presunta responsabilidad en falsas designaciones. Sus antiguos allegados dicen que era un católico empedernido y lo describen con frases extremistas. “Era el contador de la mafia del Concejo”, acusan algunos. “Era un tipo muy eficiente, hombre de consulta de todo el mundo y trabajó con radicales y con peronistas”, afirman otros. “Poznanzky sabía todo sobre los manejos en el Concejo. Conocía todos los vericuetos administrativos y manejaba quién se quedaba y quién se iba”, aseguró un ex funcionario que trabajó con él. “Fue, en muchos de los cargos que ocupó, el segundo en importancia después del presidente del cuerpo”, comentó a este diario la misma fuente. Agregó que era “un militante católico, culposo”. Otro de sus más cercanos amigos contó a Página/12 que Poznanzky, historiador y economista, se había convertido del judaísmo al catolicismo y que su fanatismo lo llevaba a misa todos los domingos. Cuando el juez Baños resolvió, tres semanas atrás, citar para prestar declaración indagatoria a 32 ex funcionarios, incluyó a Poznanzky en la lista. En principio sobre él sólo había sospechas. Su firma aparecía certificando la prestación de servicios de siete empleados del ex Concejo que, al parecer, nunca habían trabajado allí, según señalaron dos allegados a la pesquisa. En el chismorreo de la dirigencia política ayer se oían interpretaciones. La más reiterada y maliciosa decía que ahora la figura del difunto podría servir a los futuros indagados como chivo expiatorio. Poznanzky se voló la cabeza con un arma calibre 32. Lo hizo en la casa ubicada en Blanco Encalada y Montañeses donde, según versiones, vivía con su mujer y sus dos hijos menores. Anoche, después de la autopsia, fuentes de la investigación daban casi por confirmado que se había tratado de un suicidio. Pero todavía no hay nada cierto y el caso, caratulado como “averiguación de suicidio”, está a estudio del juez Federico Salvá. Cuatro personas que lo conocen desde hace varios años relataron que Poznanzky ingresó al ex Concejo en 1983 con “el grupo de los 25”, de la mano de Ricardo Basile (del sindicato del tabaco) y amparado también por Pico. Mientras Pico ocupó una banca de concejal, Poznanzky integró la Comisión de Hacienda. Desde fines de 1989 hasta 1991 fue secretario administrativo del ex presidente del Concejo Jorge Argüello (PJ) y después, hasta 1993, de Ricardo Marcos (UCR). También se desempeñó como subsecretario técnico durante la presidencia de Eduardo Rollano (PJ) y ocupó un rol similar en la gestión de Pico al frente de la institución. En el ínterin, con la presidencia de Juan Trilla (UCR), se convirtió en subsecretario de enlace (relaciones institucionales) entre la Municipalidad y el Concejo. Después fue adjunto de Antonio Cartañá en la Defensoría del Pueblo. Aquel ombudsman, paradójicamente, fue el impulsor de la acción judicial que puso a Pico entre rejas. En el famoso expediente de los ñoquis, Baños analiza cientos de nombramientos irregulares concretados en el ex Concejo entre 1993 y 1996. En muchos casos, se trata de personas que aseguran que nunca trabajaron en el órgano legislativo pero su identidad habría sido utilizada para que alguien cobrara por ellos. El juez apunta a desnudar mecanismos de financiación ilegal de la política. Como parte de esta causa se pidió la detención de Rollano, Pico y Trilla –tres ex presidentes del cuerpo– con quienes Poznanzky en uno u otro rol compartió tareas. Trilla, con sus 76años de edad, cumple arresto domiciliario y declarará hoy a la mañana. Pico ya estaba preso por asociación ilícita y estafa. Y Rollano, que actualmente es diputado del duhaldismo, está sujeto a un pedido de desafuero (para que pueda ser indagado). El tema sería debatido mañana en Diputados y todo indica que será rechazado por la comisión de Asuntos Constitucionales. También está pedida la detención del ex concejal, enemigo de Fernando de la Rúa, Eliseo Roselló (UCR), del ex concejal Roberto Larrosa (UCR), la ex mujer de Pico, Claudia Cabezón, y los ex secretarios radicales Braulio Feliú, Carlos Bernardou y Luis Alberto Sánchez. Ninguno de ellos fue encontrado aún por la Policía Federal.

Cada caso importante tiene su suicidio

El hermano menor del ex subsecretario general de la Presidencia, Juan Carlos Cattáneo apareció colgado de una soga en el medio de un descampado aledaño a Ciudad Universitaria en octubre de 1998. El empresario muerto, Marcelo, de 41 años, estaba acusado de repartir parte de los 21 millones de dólares que se pagaron en 1994 por el servicio informático muletto que la empresa estadounidense IBM vendió al Banco Nación. La autopsia reveló que en la boca de Marcelo Cattáneo se encontró un recorte una nota periodística de La Nación que hacía referencia a un viaje del juez federal Adolfo Bagnasco a Suiza para indagar sobre el destino de las coimas. En un primer momento, el presidente Carlos Menem consideró que se trató de un suicidio, pero pocos días después admitió que “existen dudas”. Después de cuatro días prófugo al resistirse a ser indagado por el asesinato del reportero gráfico, José Luis Cabezas, el poderoso empresario Alfredo Yabrán se disparó un escopetazo en la boca mientras doce policías irrumpían en su campo de San Ignacio para atraparlo. Era mayo de 1998 y el país quedó en vilo ante la noticia del suicidio del hombre que se había atrevido a definir al poder como “impunidad” y había sido recibido meses antes en la Casa Rosada por el jefe de gabinete Jorge Rodríguez. El juez de Dolores, José Luis Macchi había ordenado la captura internacional de Yabrán por considerarlo “presunto instigador” del homicidio de Cabezas en Pinamar el 25 de enero de 1997. El jefe de la custodia del empresario, Gregorio Ríos, continúa detenido acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato. “Yo frente a la droga me paro”, le dijo el brigadier retirado Rodolfo Echegoyen a su hermano en una comunicación telefónica a Suiza. A los pocos días, el 13 de diciembre de 1990, la fecha en que se casó uno de sus hijos, el ex administrador nacional de Aduanas apareció muerto en su oficina, ubicada en Arroyo 845, con un tiro en la boca. En noviembre había renunciado al cargo al que llegó por recomendación de Alfredo Yabrán, el por entonces misterioso empresario telepostal concesionario de los depósitos de Edcadassa. El sumario se orientó hacia la hipótesis de suicidio, pero las pericias balísticas la pusieron en duda. La prueba decisiva fue que no se encontraron restos de pólvora en las manos del cadáver. Ocho años después de su muerte, los hijos del brigadier, Marcela Alejandra y José Ignacio, pidieron el juicio político del juez Roberto Marquevich, por “mal desempeño de sus funciones”. El juez de San Isidro dio la causa por sobreseída en no más de tres meses. La investigación fue reabierta por la jueza Silvia Ramond en 1997. Esa muerte vinculada con los oscuros manejos de la Aduana inauguró una seguidilla de “suicidios” en torno a los hechos de corrupción enquistados en el poder. El capitán de navío retirado Horacio Estrada, ex represor de la Escuela de Mecánica de la Armada, involucrado en la venta ilegal de armas –la única causa que puede desembocar directamente en el presidente Carlos Menem– fue encontrado muerto por su mucama el 25 de agosto de 1998. El cuerpo, enfundado en un pijama, estaba sentado en la silla del escritorio de su departamento de Arenales 910, rodeado de videos pornográficos y con un balazo calibre 38 milímetros en la sien izquierda pese a ser diestro. Sobre su escritorio había una pistola 9 milímetros que no fue disparado. El militar había sido indagado dos días antes por el juez Jorge Urso en la investigación por contrabando de armas. En el sumario consta que Estrada, en febrero de 1995, controló en Ezeiza tres embarques clandestinos de cinco mil fusiles FAL obsoletos y munición vencida hacia Ecuador, mientras ese país estaba en guerra con Perú y regía un embargo internacional.

PRINCIPAL