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Un pedido formal de extradición
contra Oviedo poco convincente

El vicecanciller de Paraguay estuvo en los despachos oficiales para ratificar la voluntad de su gobierno de extraditar al ex militar golpista y mañana lo formalizará ante la Cancillería.

Carlos Balmelli sostuvo ante Corach y Toma la seriedad del pedido de su gobierno.
En Paraguay no quieren al ex golpista y preferirían verlo lejos aun de la Argentina.

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Por Santiago Rodríguez

t.gif (862 bytes) El destino de Lino César Oviedo quedará a partir de hoy en manos del Gobierno: es que a las 10 de la mañana el vicecanciller de Paraguay, Carlos Balmelli, presentará ante la Cancillería el pedido formal de extradición del ex general golpista paraguayo. Así comenzará un trámite cuya resolución será en última instancia de naturaleza política y que podría terminar con la entrega de Oviedo a su país, algo que no termina de convencer a las autoridades paraguayas por los problemas internos que la presencia del militar golpista volvería a provocar.
Balmelli entregará la solicitud de extradición de Oviedo al vicecanciller Andrés Cisneros. El diplomático paraguayo –que tiene previsto reunirse por el mismo asunto con el ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo– habló ayer del tema con el ministro del Interior, Carlos Corach, quien lo recibió en la Casa Rosada.
Al término de ese encuentro, Balmelli se mostró satisfecho de que “el Gobierno restrinja las visitas que (Oviedo) recibe” en su haras de la localidad bonaerense de Moreno y afirmó haber encontrado “muy receptivo” a Corach frente a la demanda de las autoridades paraguayas de que el ex general golpista sea extraditado a Paraguay.
Corach recibió a Balmelli en compañía del secretario de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma. A raíz de la inquietud que el gobierno paraguayo transmitió formalmente al argentino por las actividades políticas que Oviedo desarrolla en el país, fue precisamente Toma el funcionario que tuvo a su cargo la misión de recordarle anteayer al ex hombre fuerte de Paraguay los límites que impone su condición de asilado.
Balmelli aseguró también que Oviedo “no representa un peligro para la estabilidad política” de su país y afirmó que “el gobierno paraguayo tiene la voluntad firme de extraditarlo porque no está atado a ningún interés oscuro”. De ese modo, buscó acabar con la sensación de que las autoridades paraguayas no ponen demasiado énfasis en el pedido de entrega del ex general golpista.
Lo cierto es que el gobierno de Paraguay insiste en reclamar públicamente la extradición, pero sus funcionarios admiten en privado que el retorno de Oviedo a Asunción provocaría más problemas que su presencia en territorio argentino porque le permitiría operar políticamente desde una posición aún más cómoda. La salida que las autoridades paraguayas consideran ideal es que la Argentina le sugiriera hacer sus valijas y que el ex general golpista pida asilo en Alemania, país en el que vive su hija y al que siempre tuvo en cuenta como destino para el caso de que el gobierno de Carlos Menem le cerrara las puertas.
De eso se tomó Federico Pinto Kramer, abogado defensor de Oviedo, para calificar a Balmelli “como el che pibe que viene a hacer lobby en contra de la extradición porque cualquiera sabe que para mandar un exhorto diplomático no hace falte la presencia del vicecanciller”. Pinto Kramer explicó a Página/12 que el gobierno de Paraguay “necesita que la Argentina niegue la extradición porque, si Oviedo va para allá, les arma flor de quilombo” y recordó que “los tratados internacionales que tienen rango constitucional desde la reforma de 1994 establecen claramente que la concesión de la extradición es una potestad exclusiva del Estado”.
La Justicia paraguaya reclama a Oviedo por considerarlo autor intelectual del asesinato el 23 de marzo último del vicepresidente de ese país, Luis María Argaña, y de la masacre de civiles que siguió a ese magnicidio. El departamento jurídico de la Cancillería debe analizar los fundamentos de la solicitud de extradición y, si se ajusta a derecho, girarla a la Justicia ordinaria. Así y todo, la entrega del ex general golpista depende en última instancia de una decisión política, puesto que el asilo se le concedió frente a la presunción de que podía ser objeto deuna persecución política y como tal pueden ser entendidos por el Gobierno los delitos que se le imputan.

 

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