Por Julio Nudler ”Lograr tasas de
crecimiento sostenidas, del orden del 5 por ciento anual, no es compatible con la actual
distribución del ingreso”, afirma un documento de Ecolatina, la consultora que
comanda Roberto Lavagna. La injusticia social es vista así como una restricción que
retarda la expansión de la economía nacional. El dato en que se basa el informe es de
absoluta crudeza: la mitad de la población argentina consume anualmente por valor de
40.110 millones de pesos, que representan apenas el 19,1 por ciento del consumo privado
total, que es de 210 mil millones (de esta suma, el 20% más rico se come 111.200
millones). “Que el 50% de la población garantice un consumo equivalente a sólo 40
mil millones –dice el estudio– les fija un techo a numerosas producciones, como
los bienes de consumo durable (electrodomésticos, automóviles, muebles), pero incluso a
bienes no durables como ciertos alimentos más sofisticados, que van desde carnes
envasadas hasta lácteos de mayor valor agregado.” Lo mismo ocurriría con la
bancarización, los seguros y otros servicios.
Con una visión crítica de la política económica del menemismo, el trabajo indica que
los planes de estabilización no alcanzan por sí solos, más allá del aumento inicial y
por única vez que provocan en el poder adquisitivo de los trabajadores, para asegurar un
proceso gradual y durable de participación de los asalariados en los flujos de ingreso y
generación de demanda.
Para Lavagna, el problema de la distribución del ingreso será esencial en la próxima
década, pero sin que se necesiten razones éticas para plantearlo: “Bastan las
razones esencialmente económicas”, asegura. Ellas se refieren a la escala del
mercado, a la capacidad de absorción de productos y servicios de mayor valor agregado y a
la posibilidad de desarrollar ventajas competitivas basadas en la calidad del capital
humano. “En síntesis –concluye–, a la capacidad de alcanzar un crecimiento
menos volátil en el corto plazo y más sostenido en el mediano y largo”, aludiendo
así a la inestabilidad de los mercados mundiales de materias primas e insumos en los que
hoy se centra la oferta argentina.
La tesis de Ecolatina es que para mejorar la distribución del ingreso hay que cambiar la
estructura de la producción y del empleo, y que no se trata de pretender una mayor
equidad mediante la asignación de fondos asistenciales, “muchas veces de dudosa
asignación y peligrosos políticamente por el clientelismo”. Como puntos básicos,
el informe resalta las siguientes cuestiones:
 La
distribución del ingreso muestra una tendencia estructural al deterioro en los últimos
25 años, erosionando la ventaja que la Argentina tenía en Latinoamérica.
El capital
humano, pilar del crecimiento económico, vino deteriorándose desde la segunda mitad de
los ‘70. La dictadura militar combinó una política de desarticulación productiva
con un fuerte déficit fiscal financiado con deuda. Ese endeudamiento generó más
déficit y alta inflación en los ‘80, con mercados de capitales cerrados para la
Argentina, todo esto agravado por la inconsistencia de las políticas internas del
gobierno radical. En los ‘90 se aplicaron políticas ofertistas (Cavallo),
privatizando y desregulando, “con muy alta concentración..., fuertes subsidios
implícitos o explícitos, marcada suba del gasto público, del déficit externo y de la
deuda...”.
Junto con la ya
referida inequidad del reparto, otro factor condicionante del crecimiento es la
desocupación. Casi 3,5 millones de personas tienen problemas de empleo. Más de 3
millones están por debajo de la línea de pobreza. Dentro de éstas, más de 800 mil
están en condiciones de indigencia absoluta.
Ninguno de los
posibles factores de compensación funcionan. La política impositiva, centrada en gravar
el consumo, ahonda la desigualdad. El gasto público social “no parece tener ningún
efecto sobre los problemasde distribución... Frente a problemas de producción y
estructura de empleo no hay gasto público que alcance para compensar los efectos
negativos”.
| La caída del PBI no para La profundidad de la recesión económica quedará reflejada en los
indicadores de nivel de actividad del segundo trimestre. El secretario de Programación
Económica, Rogelio Frigerio, anticipó ayer que la caída con respecto al año pasado
para dicho período habría superado el 4 por ciento. Pese a haber errado el cálculo
previo –había proyectado una baja del 1,5 por ciento–, Economía mantuvo su
optimismo en cuanto a una recuperación antes de fin de año. Para el último trimestre
del año, ahora pronostica un crecimiento del uno por ciento, que saltaría al 3 por
ciento en el 2000 con respecto al corriente año.
Frigerio reveló que durante julio las importaciones habrían vuelto a bajar, entre un 15
y un 20 por ciento con respecto a junio, revelando que se mantienen las condiciones
recesivas de la economía local. En el período abril/junio no se produjo la recuperación
del PBI, en términos desestacionalizados, que auguraba Economía, admitió el
funcionario, “pero tampoco hubo una caída: por ahora estamos viendo un
estancamiento”. El secretario consideró que “ya se ha alcanzado el piso de la
recesión”, punto en el que la economía se habría estancado desde principios de
año, según sus propias palabras.
“Nosotros proyectamos una recuperación durante el último trimestre y nuestro
fundamento es que en ese período se terminará la incertidumbre que provoca un cambio de
gobierno después de 10 años”, agregó Frigerio. Por otra parte, un estudio
realizado por la Cepal, publicado en Chile, indica que la crisis externa reveló la
“vulnerabilidad” de las economías latinoamericanas y “el reducido margen
de maniobra de las políticas macroeconómicas nacionales en procesos de apertura
comercial y financiera”. El organismo señala que la merma de los ingresos corrientes
a causa de la crisis obligó a mantener una política de gastos “lo más austera
posible”, que tropezó con dificultades por problemas de coordinación en las
políticas macroeconómicas de los países de la región. |
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