El régimen
priista en México nunca estuvo más amenazado. La oposición mexicana dio ayer un paso
inédito en la historia del país al anunciar la creación de la Alianza por México, un
frente unido que pretende terminar con 70 años de gobierno del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). La alianza supone el primer desafío serio a la hegemonía priista,
complicada además por divisiones partidarias y peleas públicas entre sus candidatos ante
la incertidumbre que generó el anuncio de que, esta vez, la elección interna no será
por dedazo. Pero las negociaciones entre los partidos opositores están lejos
de terminar: aún queda por definir el mecanismo de elección del candidato único, un
tema que enfrenta a los dos miembros principales de la Alianza: el centroizquierdista
Partido de la Revolución Democrática y el conservador Partido de Acción Nacional.
El PRI afirma que es imposible juntar el agua y el aceite, pero nosotros creemos
que, como se ha hecho en otros países, aquí podemos pactar entre todos los partidos de
oposición una agenda legislativa y de gobierno que nos permita lograr el cambio y la
transición democrática -anunció la oposición en su primera declaración
conjunta. Cada partido político mantendrá fielmente su posición ideológica y
programática. Sin embargo, conscientes de la necesidad de crear condiciones de
competencia política genuinamente democrática, buscamos esta alianza opositora.
Así se presentaron los ocho partidos que, desde el martes a la noche, forman un único
frente de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año. Las
difíciles negociaciones iniciales se destrabaron el viernes después de que el Partido
Acción Nacional (PAN), que rechazaba el acuerdo, dio luz verde a su participación en la
coalición. Los mexicanos elegirán el 2 de julio al sucesor del presidente priista
Ernesto Zedillo, cuyo partido no perdió una elección nacional desde que subió al poder
en 1929 como heredero de la Revolución Mexicana de 1910.
La integración de la coalición de partidos políticos para participar en las
elecciones del año 2000 exige superar numerosos obstáculos políticos, legales y de
organización, justificó el vocero aliancista José Narro. Con ese objetivo, la
Comisión Negociadora de la Alianza se comprometió a analizar la agenda de siete puntos,
entre los que figura el diseño de un mecanismo para elegir al candidato que intentará
ganarle al hombre del PRI. Y en ese terreno es donde las negociaciones siguen trabadas. El
seguro candidato del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) el
principal partido opositor mexicano es el actual gobernador de la ciudad de México,
Cuauhtémoc Cárdenas. El hijo del legendario presidente Lázaro Cárdenas insistió en
que el mecanismo adecuado es el de las elecciones primarias o internas. Pero el candidato
del PAN y gobernador del estado de Guanajuato, Vicente Fox, defendió la propuesta de
realizar una encuesta nacional.
El compromiso conjunto de la Alianza es crear una tercera vía: una consulta
nacional en forma de elección acotada. Para esa consulta se elegirían al
azar algunas de las 100.000 secciones electorales del país, que decidirían sobre el
candidato. Pero esa vía intermedia está en realidad más cerca de la propuesta del PAN,
cuyo candidato es el más favorecido por las encuestas. Sabiendo que un enfrentamiento
abierto con su competidor desgastaría la flamante alianza, Fox instó a Cárdenas a
apoyar las negociaciones y evitar las puñaladas por la espalda.
El anuncio inaugural del frente opositor también generó roces en el oficialismo.
Les pido que mantengan la unidad del partido por encima de todo. La cohesión y la
unidad garantizan el triunfo. La división y la fractura nos acercan a la derrota,
advirtió el presidente del PRI, José González Fernández, a los dos precandidatos
principales Roberto Madrazo y Francisco Labastida. Después de la promesa del presidente
Zedillo de cortarse el dedo y abstenerse de nombrar a su sucesor, como es
habitual, el PRI también se enfrenta a un conflicto interno por la candidatura única a
la presidencia que podría resolverse en las internas del 7 de noviembre. La escalada de
acusaciones cruzadas entre los hombres del PRI se intensificó ayer cuando Madrazo aludió
al dedazo disimulado de Zedillo en favor de Labastida, que en mayo renunció a
la Secretaría de Gobernación para dedicarse a la campaña. Lo que no se puede es
engañar a la gente y contarle mentiras permanentemente, contraatacó Labastida.
ESPAÑA AMBIGUA SOBRE PINOCHET
Informamos (o no)
Dicen que
no, pero sigue habiendo gato encerrado. La Cancillería española negó ayer la existencia
de contactos o negociaciones secretas entre España y Chile sobre el caso
Pinochet y subrayó que los únicos documentos remitidos a las autoridades chilenas
fueron aquellos que a juicio de los asesores jurídicos del Estado podían ser
entregados. De esta manera se refirió la OID (Oficina de Información Diplomática)
a los escritos remitidos por el juez Baltasar Garzón, en los que requiere al canciller
Abel Matutes que aclare si ha transmitido oficialmente al gobierno chileno actuaciones del
sumario protegidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Anteayer, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón exigió explicaciones urgentes
a Matutes por la aparente entrega oficial a las autoridades chilenas de informes
sumariales emitidos por el ministerio fiscal español en el caso Pinochet y
sobre el eventual arbitraje amistoso entre España y Chile para dirimir el
futuro del ex dictador al margen de la demanda de extradición cursada por España. El
magistrado advirtió al ministro en términos inequívocos de que cualquier fórmula de
arbitraje al margen de la jurisdicción penal puede afectar a la independencia judicial,
por lo que, si se acreditase la realidad del arbitraje, reclamaría el amparo del Consejo
General del Poder Judicial.
Ayer, un portavoz de la Cancillería dijo que su ministerio facilitó al gobierno de Chile
dictámenes jurídicos de los servicios del propio ministerio y de un catedrático,
especialista en Derecho Internacional, que avalaban la legalidad de la actuación del
Ejecutivo español en el caso Pinochet. Además, el Ministerio de Justicia ha facilitado,
de acuerdo con la ley, aquellos documentos que el Ejecutivo chileno ha venido
solicitando sobre el caso en los nueve meses que dura la controversia, señalaron las
mismas fuentes.
En un artículo publicado el pasado 11 de julio en el diario El Mercurio de Santiago de
Chile y que desató el pedido de informes de Garzón, Matutes reconocía que
el gobierno español accedió a transmitir oficialmente, a través del Ministerio de
Justicia, toda la información disponible que había solicitado el gobierno de Chile sobre
las actuaciones del ministerio fiscal al oponerse a los diferentes pasos procesales
adoptados por el juez, junto con razones alegadas por la fiscalía. Y añadía:
Recordemos que el ministerio fiscal, en el sistema constitucional español, no
depende directamente del gobierno.
Matutes agregó que la entrega de los informes jurídicos ha respondido a la línea de
negociación con Chile adoptada por el gobierno de Aznar de escuchar y aceptar
opciones del Ejecutivo chileno para solucionar el conflicto, siempre que respetaran
la legalidad y la independencia del Poder Judicial del sistema jurídico
español. Pero no dijo lo que es evidente en todas estas actuaciones: que el gobierno de
Aznar hará todo lo posible, dentro de cierto decoro, para sacarse la papa caliente del
caso de encima.
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