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 La batalla
entre bancos y usuarios y comerciantes por los elevados costos por el uso de las tarjetas
de crédito tuvo un fuerte rebrote. La decisión de la Cámara de Diputados de rechazar el
veto presidencial a la ley que puso topes a los intereses y aranceles generó una iracunda
reacción de los banqueros. Se trata de un multimillonario negocio que les deja a las
entidades financieras jugosas utilidades. La Asociación de Bancos Argentinos (ABA), que
preside Eduardo Escasany, dijo ayer que los diputados “decidieron legislar en contra
de los sectores de menores recursos y a favor de los intereses de los que más
tienen”. Además, el director ejecutivo de esa asociación, Norberto Peruzzotti,
advirtió –no sin tremendismo– que tres millones de personas y 80 mil comercios
“quedarán fuera del sistema de tarjetas de crédito”. En cambio, los grandes bancos privados dueños del sistema financiero (entre los diez primeros concentran casi la mitad de los depósitos totales) olvidaron mencionar –entre otras cosas– el aumento encubierto que hicieron (nada menos que del 25 por ciento) en las tasas para financiar los plásticos y que fue denunciado por el propio gobierno hace unos diez días. Lo más llamativo de esa picardía es que la baja de tasas fue la moneda de cambio elegida por los propios financistas a comienzos de año para obtener el veto por parte de Menem. Las tasas de financiamiento que se cobran a los usuarios de plásticos y los aranceles que pagan los comerciantes para operar en el sistema, pese a los maquillajes adoptados en los últimos doce meses, siguen en niveles muy elevados. Al respecto la propia cámara admite en su comunicado de ayer que los intereses en pesos rondan el 38 por ciento anual y en casi el 8 por ciento el costo pagado sobre sus ventas por los comercios. En tanto, la cuestionada ley, a cuyo rechazo se plegaron las administradoras, estableció un tope en las tasas de financiamiento del orden del 25 por ciento y del 5 para los aranceles pagados por el comercio. El duro documento de ABA, flamante asociación surgida de la fusión de la gran banca privada nacional y extranjera, prevé que, de prosperar en el Senado la iniciativa de los diputados, habrá una profundización de la recesión y un mayor descenso de la recaudación impositiva. Esto es así debido a que la insistencia parlamentaria –destacó Peruzzotti– “hiere de muerte al principal instrumento dinamizador de las ventas de los comercios y su garantía de cobranza sin riesgo”, que al mismo tiempo es el principal medio de crédito de consumo masivo y popular. La apelación a los fantasmas que preocupan a Roque Fernández vino a sumarse, en la versión de los hombres de la city, a las negras perspectivas que amenazarían a usuarios y comerciantes. En el futuro que vislumbran los banqueros figura la desaparición de 3 millones de usuarios de tarjetas, la marginación del sistema de 80 mil comercios medianos y pequeños y el aumento del plazo de pago, para los que sobrevivan, de las actuales 48 horas a 30 días hábiles. Al respecto Peruzzotti explicó que ésas serán las consecuencias de “dejar de ser rentable (esas operatorias) para el sistema”. Como si fuera poco, los irritados hombres de negocios advirtieron también que la decisión de la Cámara baja “incentiva la cultura del no pago, ya que no incluye la tipificación penal del fraude con tarjeta de crédito y niega la vía ejecutiva a las deudas contraídas con dicho instrumento”. Asimismo, destacan que “prohíbe que se conozca a los que incumplen con sus obligaciones”, castigando a los buenos pagadores. La contracara de tanto enojo tiene una muestra en los abusos que denunció días atrás el secretario de Industria y Comercio, Alieto Guadagni, responsable de seguir los niveles de tasas que cobran las entidades bancarias. Al funcionario le explicaron el mes pasado que detrás de la caída de tasas que registraba en sus rankings, había otra realidad. De hecho Guadagni mandó a investigar a varios pesos pesados como el Río, el Citi, el HSBC-Robert, el BBV-Francés y la Caja de Ahorro. Todossospechados de aumentar los intereses de las tarjetas con el simple arbitrio de calcularlos desde el día de la realización de las compras.
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