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La inauguración estuvo pasada por agua. Un proyecto de ley en la Legislatura propone revisar la ubicación de la estatua.
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Por Alejandra Dandan  La mujer
cayó de rodillas. A pocos metros se inauguraba el monumento a Juan Pablo II. Pero ella no
eligió hincarse ante el Santo Padre sino a los pies del presidente Carlos Menem, aunque
la lluvia tuvo la culpa: ella se resbaló y su pie quedó aplastado por una rueda del auto
que transportaba al jefe de Estado. Las peripecias del día en que quedó levantada la
estatua gigante del Papa en la Biblioteca Nacional incluyeron bromas de Menem ante obispos
y laicos para suavizar el lluvioso azote del cielo: “Asumamos esta lluvia benefactora
–dijo– como una bendición de Dios”. Después de la inauguración, en la
Legislatura porteña se presentó un proyecto de ley pidiendo audiencia pública para
revisar la ubicación del polémico monumento, cuya instalación fue criticada por un
vasto sector de intelectuales. “Jurídicamente existe la posibilidad de volver atrás
con la medida”, dijo a este diario Eduardo Jozami, presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales.Las vestiduras del Papa fueron rasgadas. Fue por voluntad del Cielo porque la tormenta enredó la capa acomodada sobre la estatua. Alguien quiso correrla para mostrar la plenitud de los cuatro metros de bronce y se rompió. En tanto, el Presidente subido al palco empezaba a sentir la ausencia de socios más cercanos corridos por lluvia. Entre ellos el secretario general, Alberto Kohan, que corrió a refugiarse bajo los paraguas de periodistas. Después de que el Same auxiliara a la mujer atropellada, en la Legislatura se activaba el estudio de la estatua. De acuerdo con el criterio seguido, “la Ciudad Autónoma tiene armas legales para disponer el emplazamiento de estatuas en su jurisdicción”, explica Jozami autor del proyecto. Si bien el terreno de la Biblioteca pertenece al Estado nacional, por tratarse de un espacio abierto y público la Ciudad tiene potestad en determinadas materias. “No fue –insiste el frepasista– una reforma que se hizo dentro del edificio de la Biblioteca sino por fuera.” La revisión y, por lo tanto, el posible traslado del monumento, está sujeto para el legislador a dos variables: “Uno es el aspecto jurídico y el otro la voluntad política”, indicó. Para habilitar el análisis jurídico, Jozami presentó el proyecto pidiendo la audiencia pública que trate la decisión de colocar la estatua de Juan Pablo II en esos terrenos. “La ubicación de las estatuas en la Capital está sujeta al procedimiento legislativo de doble lectura previsto por el artículo 89 que, en estos casos, contempla el llamado a audiencia pública”, indicó. Ninguno de los dos pasos fueron seguidos para la estatua donada por la comunidad de polacos argentinos. Para autorizarlo se aprobó una excepción al decreto ley que prohíbe monumentos a personas vivas. Aun sin conocer el proyecto de Jozami, la diputada porteña Gabriela González Gass indicó a Página/12 que la ya afamada estatua plantea un conflicto de competencia entre Estado y Ciudad. Tras recordar el mecanismo de doble lectura, Gass señaló que la estatua está en jurisdicción porteña: “Aunque la Ciudad no sea propietaria de los terrenos tiene que velar –graficó– sobre esos terrenos y la posibilidad allí de levantar un monumento”. Aún antes de la autonomía, explica Gass, el Concejo Deliberante debía pronunciarse sobre decisiones del gobierno o el Congreso para la Capital. Desde el Ejecutivo la posición, por el momento, es más cauta. El subsecretario de Medio Ambiente, Juan Rodrigo Walsh admitió que “se está evaluando el lugar de emplazamiento de la estatua”.
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