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 El caso
Pinochet está generando un revuelo cada vez mayor en España. En un clima de cólera
generalizada contra la Fiscalía General del Estado español, que pidió anteayer la
libertad del ex dictador chileno Augusto Pinochet y comparó su inmunidad con la del rey
Juan Carlos, el juez Baltasar Garzón acusó al fiscal Pedro Rubira de tratar de desviar
la atención de su propio pedido de informes a la Cancillería sobre contactos “non
sanctos” con Chile para lograr un arbitraje que deje en libertad al ex dictador,
detenido en Londres desde hace 10 meses. “Parece que se quiere evitar una
respuesta”, manifestó ayer el juez a través de un comunicado. Pero el fiscal Rubira
redobló la apuesta y promovió ayer un recurso contra el requerimiento formulado por
Garzón a la Cancillería, al tiempo que daba marcha atrás en algunas de sus afirmaciones
más polémicas.Según Rubira, las preguntas formuladas por Garzón a la Cancillería española son “inútiles e innecesarias” y constituyen “una intromisión en la política exterior” del Poder Ejecutivo español. Garzón había dicho exactamente lo contrario: las negociaciones entre Santiago y Madrid para que el gobierno español envíe la cuestión del arbitraje al Consejo de Estado, tal como lo divulgó la prensa chilena, “podrían interferir lo que constituye la esfera exclusiva y excluyente de la jurisdicción penal y afectar el principio de la independencia judicial”. En el documento de ayer que respondió a Rubira, el juez español aclaró que el pedido de informes “es respetuoso, cumple con los requisitos formales, no dirige imputación alguna y ni siquiera pide que sea exclusivamente el ministro quien conteste el oficio”. El pedido de informes incluye las informaciones, posiblemente reservadas a la Justicia, que Madrid habría enviado a Santiago sobre el caso. Los fundamentos de Rubira para pedir la libertad de Pinochet irritaron a medios de comunicación y a organizaciones políticas y judiciales. El fiscal dio tres razones para su pedido: el tiempo pasado desde la detención del ex dictador, el hecho de que las torturas que se cometieron en Chile eran para intimidar y no para sacar información –con lo cual no es un delito para España– y la posibilidad de que Pinochet no pueda ser considerado como jefe de Estado. Según el diario madrileño El País, Rubira además se justificó comparando la inmunidad de Pinochet con la del rey Juan Carlos I y aclarando que fue la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional la que, al desestimar una querella contra el presidente cubano Fidel Castro, “equiparó al jefe del Estado (cubano) con el rey”. “Es una burla al estado de derecho”, coincidieron en señalar varios parlamentarios socialistas y de otros partidos de oposición, quienes pidieron la renuncia de Rubira y del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por su “indecente política de defender la figura del general Pinochet”. La Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), organismo consultante de la ONU, también criticó el hecho e indicó ayer que a partir de este momento el presidente del gobierno español, José María Aznar, es “directamente responsable” de la evolución del caso. Frente a este panorama, la Fiscalía General del Estado aclaró ayer que Pinochet “debe ser juzgado por los delitos que hubiere cometido” y que no se pretende lograr su libertad, sino la nulidad de los autos de detención, que justamente tiene como consecuencia la liberación del ex dictador. “Es falso afirmar que el fiscal de la Audiencia Nacional haya comparado la figura de Su Majestad el rey con la de Augusto Pinochet”, dice el documento firmado por Rubira. Tal comparación es “algo inimaginable en la mente de ningún miembro del Ministerio público español”. A su vez, desde Santiago se intentó desligar este tema de las gestiones por un arbitraje internacional supuestamente negociado entre ambas Cancillerías. “Para quienes en España piensan que aquí cualquier medida que tienda a exigir un debido proceso, o a plantear la jurisdicción de los tribunales chilenos sobre el tema, es visto como una conspiración, la verdad es que no hemos sido informados con anterioridad del pedido del fiscal Rubira”, declaró el canciller chileno Juan Gabriel Valdés.
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