El País
de Madrid
Por Manuel Delano
Desde Santiago de Chile
 Por primera
vez en la transición chilena a la democracia se tenderá un puente, endeble e incierto
todavía, para cruzar el abismo que separa a victimarios y víctimas de la dictadura de
Pinochet, al aceptar el comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Izurieta, un
diálogo entre miembros de las fuerzas armadas y un grupo integrado por algunos de los
abogados especializados en causas de derechos humanos, que han representado abnegadamente
a muchas de las familias de los ejecutados y detenidos-desaparecidos del régimen militar.
Previamente, estos abogados acudieron hasta el despacho del ministro de Defensa, Edmundo
Pérez Yoma, el arquitecto de esta obra, a título personal y sin representar a las
víctimas, y declararon su disposición a reunirse sin condiciones con los militares, para
buscar verdad y justicia. Aunque Izurieta no irá a la reunión, sí lo harán abogados
auditores del ejército. El diálogo se producirá la próxima semana, según fuentes de
Defensa. Los sectores más radicales del Partido Socialista observan con desconfianza esta
reunión y el Partido Comunista la rechaza, mientras que el resto del espectro político
la respalda.
Los cinco abogados –Nelson Caucoto, Héctor Salazar, Verónica Reyna y Alberto
Espinoza, que integran el equipo jurídico de la Fundación de Ayuda Social de las
Iglesias Cristianos, y Pamela Pereira, hija– fueron enfáticos para aclarar que no
están dispuestos a transar en la reivindicación de investigar la verdad, aplicar la
justicia y no trabar la acción de los tribunales. “Este ha sido un paso muy difícil
de dar”, afirmaron Caucoto y Pereira. La intención de los juristas es darles a
conocer, a los militares que acudan al diálogo cara a cara, el detalle de algunos de los
casos de violaciones a los derechos humanos, para intentar lograr que éstos entreguen
información. Después de reunirse con el ministro Pérez Yoma, los abogados fueron a la
Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, que antes había rechazado acudir a
una reunión en La Moneda con el gobierno para constituir una mesa de diálogo con los
militares. En forma tácita, las dirigentes de la Agrupación aprobaron la actuación de
los abogados, aunque aclararon que éstos no los representan.
Si bien los actuales mandos militares han declarado que carecen de información sobre el
paradero de los detenidos desaparecidos, y de hecho la mayoría de los implicados en los
crímenes de la dictadura ya está fuera de las filas, ellos sí pueden requerirla a
quienes la tienen. Esa es, al menos, la apuesta de estos abogados y del gobierno. Las
fuerzas armadas, y en especial el ejército, no tienen mucho que perder, pues el escenario
que enfrentan es adverso. Con el general Augusto Pinochet detenido desde hace nueve meses
en Londres, sin que su situación conmueva a la opinión pública, y un continuo desfile
de ex militares acusados en los tribunales, por el cambio de actitud de los jueces y de la
Corte Suprema, de que a pesar de la Ley de Amnistía los casos de desaparecidos no se
cierran, pues se sigue cometiendo el delito mientras el cuerpo no es ubicado, los actuales
mandos aspiran a cerrar el capítulo de los derechos humanos. El gobierno, entretanto, les
ha advertido que el camino es el de la justicia o la entrega de la verdad.
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