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El nombramiento del juez Lorenzo en el puesto del
reformador Arslanian fue un |
Por Miguel Bonasso  Para algunos
calificados expertos en el tema de “la Bonaerense”, la designación del ex juez
de Campana Osvaldo Lorenzo, en reemplazo de Carlos León Arslanian, fue producto de un
verdadero “golpe restaurador” de algunos jefes policiales desplazados en 1996, a
raíz del famoso artículo sobre la “Maldita policía”, publicado por Carlos
Dutil en la revista Noticias, que fuera ilustrado con fotos del asesinato de José Luis
Cabezas. El “golpe”, según este análisis, habría tenido como supuesto
disparador las declaraciones del vicepresidente de la República, Carlos Ruckauf, pero
“venía de antes” y “contaba con la anuencia del propio gobernador Eduardo
Duhalde, convencido de reemplazar a Arslanian para tratar de mejorar su posición en las
encuestas”. El cerebro de la movida, de acuerdo con estas fuentes, habría sido el ex
secretario de Seguridad, Alberto “El Tano” Piotti, de añejas y estrechas
relaciones con el nuevo ministro Lorenzo, que también es amigo del comisario retirado
Mario “El Chorizo” Rodríguez, desplazado de la fuerza a causa de la famosa
masacre de Andreani. Estos y otros “porongas” de la Bonaerense, como el propio ex jefe Pedro Klodczyk, habían conservado fuertes nexos con colegas en actividad (y algunos políticos del PJ bonaerense como Alberto Pierri) y lograron el relevo de otros reformadores que precedieron a Arslanian, como Eduardo De Lazzari y Luis Lugones. Y de los pocos colaboradores “de azul” que los secundaron en sus intentos de purgar una fuerza que en los años de “la mejor policía del mundo” estaba compuesta por 48 mil hombres armados, con un nada despreciable presupuesto anual de 650 millones de dólares. Con los cuales no lograron sin embargo traer una mejor seguridad a los preocupados habitantes del conurbano bonaerense. En buena medida, porque muchos delitos estaban “protegidos” por policías. [FrontPage Image Map Component]Las reformas descentralizadoras de Arslanian y el mayor peso otorgado a la Justicia habían limado el poder de la estructura que siguió actuando como “poder detrás del trono”, pero estuvieron lejos de afectar un entramado que incluye políticos, jueces y policías. Lo que se puso patéticamente en evidencia durante la investigación policial y judicial del caso Cabezas, donde se perpetraron numerosas irregularidades que pueden convertir el juicio oral por el asesinato del fotógrafo en otro resonante fracaso del Estado de derecho, dejando en la sombra la autoría intelectual y aun material del crimen. A pesar de lo cual, Víctor Fogelman y los comisarios que lo secundaron en el bunker de Castelli y dejaron de lado la llamada “pista policial” del hecho, fueron premiados con ascensos. Como el comisario Oscar Alberto “El Caballo” Viglianco, a quien se le otorgó la jefatura de la Departamental Río de la Plata. Viglianco fue el comisario que encontró la supuesta arma asesina, el Colt 32 del uruguayo Martínez Maidana, que llevó de manera poco ortodoxa, calzado en su cintura, al tribunal de Dolores. Antes de eso, en setiembre de 1996, Viglianco había sido acusado de haber cambiado la bala 9 mm que asesinó en Quilmes a la joven Leticia Belstcdt. Otro de los ascendidos fue el comisario Miguel Angel Garello, amigo de Juan José Ribelli (implicado en la causa AMIA) y acusado de haber introducido un testigo “trucho” en ese otro monumento a la impunidad que es el atroz atentado a la mutual judía. O el Vampiro Carlos Miniscarco, ascendido a responsable de la Dirección de Investigaciones de la Bonaerense, por su eficacia en “convencer”, para que se autoincriminara, al “hornero” Gustavo González, el más joven y renuente de los cuatro lúmpenes que, según la investigación, secundaron al policía Gustavo Prellezo. Sin olvidar al suboficial Carlos Stoghe, que pasó de ser sospechoso del crimen a colaborador del comisario Fogelman y también trepó en el escalafón. Como otros tres mil colegas, algunos de los detectives que secundaron a Fogelman en el bunker de Castelli habían sido separados o suspendidos en la fuerza a causa de procesos judiciales por extorsión y/o enriquecimientoilícito. Por si fuera poco, un informe secreto de inteligencia, fechado el 31 de enero de 1997 y encontrado por algunos “services” en el noveno piso de la Secretaría de Seguridad Bonaerense, informaba que “en el transcurso del año 1996 operó en la zona de Lanús una banda dedicada al robo y la falsificación de dólares, que encontraba apoyo en el ex jefe de la Unidad Regional II de Lanús, comisario retirado Mario Rodríguez. Con el fin de trasladarse a la zona costera los miembros de la banda reclutaron gente de la Policía Bonaerense como el suboficial Carlos Stoghe (a) “Bareta”, de la zona de Florencio Varela...”. Este informe, sumado a otros documentos preparados por la Comisión de Asesoramiento Técnico (CAT) destinada a investigar el atentado de la AMIA y los testimonios directos de varios policías desplazados, desprestigiados y amenazados por investigar a sus colegas, reveló algo que la nota de la “Maldita policía” y el libro La Bonaerense (del malogrado Carlos Dutil y Ricardo Ragendorfer) habían puesto de manifiesto: que había una estrecha coordinación entre los policías corruptos (casualmente los que tenían las mayores estadísticas de “gatillo fácil”) y los delincuentes, a los que se vinculaban a través de una vasta red de “buches” (informantes) que no pocas veces terminaban en una zanja. Y que estos policías, (en actividad o en retiro), controlaban el “territorio”, presuntamente inseguro por la falta de policía y mano dura. Esta estructura, nunca investigada como asociación ilícita por la Justicia, funcionaba con los códigos de la mafia siciliana o la camorra napolitana. Con normas de distribución y silencio que se suelen respetar y una mecánica invariable: organizan robos, atrapan a los asaltantes, les sacan la mayor parte del botín y luego de varios asaltos, cuando ladrones y “buches” cuentan con demasiada información, los acribillan en enfrentamientos fraguados. En agosto de 1996, en la nota de la “Maldita policía” se llegaba a reseñar, en un recuadro, las tarifas fijas que cobraban los “Patas Negras” a la clientela delincuencial: 5000 pesos para los burdeles; 50 mil para los reducidores de autos; 1200 para los minoristas de la droga; 10 mil para no ir a una “rueda de presos”; 10 mil para “extraviar” un expediente y de 30 a 100 mil pesos para comprar una comisaría, entre otros rubros. La nota obligó a Eduardo Duhalde a separarse de dos amigos: el Tano Piotti y Pedro Klodczyk. Más tarde, otro desplazado, el Chorizo Rodríguez, dijo en rueda de íntimos: “Esto tiene vuelto”. Y varios comisarios orinaron un enano de jardín que tenía pegada en la cara la foto del reformador De Lazzari. Nadie le prestó atención hasta el 25 de enero de 1997. Ahora, al parecer, los desplazados deben estar brindando.
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