Principal RADAR NO Turismo Libros Futuro CASH Sátira


Proceso por extorsión al abogado de los “horneros”

El juez Claudio Bonadío dictará por tercera vez el procesamiento del abogado platense Fernando Burlando por intento de “arreglar” juicios.

A Claudio Bonadío, titular del Juzgado Nº 11, le rebotaron otros dos procesos.
El abogado en cuestión tiene
fluidos contactos con Piotti y con
el gobernador Duhalde.

na08fo10.jpg (15158 bytes)

Por Miguel Bonasso

t.gif (862 bytes) Según trascendió en esferas judiciales, el juez federal Claudio Bonadío se apresta a dictar –por tercera vez en dos años– el procesamiento de Fernando Burlando, el influyente abogado de los Horneros, a quien acusa de dos intentos de extorsión. Dos dictámenes anteriores de Bonadío fueron revocados por la Sala Dos de la Cámara Federal que devolvió el expediente al juez ordenándole nuevas medidas procesales. En el juzgado federal a cargo de Bonadío (el número 11) confían en que la tercera sea la vencida y el joven y poderoso abogado platense –que representara a los cuatro lúmpenes de Los Hornos en el juicio oral por el asesinato de José Luis Cabezas– sea a su vez llevado a la instancia verbal para que se determine si pidió dinero a cambio para “arreglar” la situación de dos detenidos en dos diferentes procesos. La decisión de la Cámara es importante en las actuales circunstancias porque Burlando, a quien se atribuyen fluidas relaciones con jefes de la Bonaerense, con el ex secretario de Seguridad Alberto Piotti y con el propio gobernador Eduardo Duhalde, fue una pieza decisiva para que se instalara en el Caso Cabezas la tesis de que sus defendidos, junto con el oficial Gustavo Prellezo, eran los autores materiales del crimen. Tesis que dejó de lado la llamada Pista Policial y llevó al juez de Dolores, José Luis Macchi, a la convicción de que el asesinato había sido instigado por Gregorio Ríos y ordenado por el jefe de éste, el extinto Alfredo Yabrán.
La Sala Dos de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Catani y Eduardo Luraschi, es conocida en el foro como la “Sala Independiente”. En esferas políticas cercanas a la oposición se la suele considerar estricta y apegada a derecho en sus fallos. Dos virtudes muy necesarias para decidir si se enjuicia o no a un abogado con poderosos padrinazgos en la ciudad de La Plata. Como el de Piotti, que fue juez e integró como diputado la Comisión de Juicio Político que favoreció sus fluidas relaciones con varios jueces.
Con 400 lucas te sacamos
La causa madre que origina el actual procesamiento se inició en setiembre de 1996 y tuvo como protagonista al abogado boliviano Germán Núñez González, quien fue procesado y encarcelado por el juez federal Carlos Branca, acusado de integrar una banda que conseguía radicaciones truchas para sus compatriotas. Núñez González estaba en la cárcel y aislado en una celda de castigo (el popular “tubo”), cuando los propios carceleros le anunciaron inesperadamente que lo visitarían dos abogados, que según el registro del penal fueron Fernando Burlando y su socio Martín Cerolini. Los letrados le habrían ofrecido al colega boliviano conseguir “la nulidad” de la causa a cambio de 400 mil dólares. Núñez González olfateó como profesional que la acusación tenía puntos flojos, dedujo que él mismo podía pelear la nulidad sin necesidad de intermediarios y rechazó el ofrecimiento. Cerolini, sin embargo, lo habría visitado dos veces más, reduciendo la tarifa (según el testimonio del detenido) a 200 mil dólares. El boliviano volvió a rechazarlo y finalmente logró ser sobreseído. Pero antes, por casualidad, conoció a otro procesado de Branca, Ignacio Chuit, que le reveló una historia similar a la suya y le comentó que en el juzgado a cargo en aquel momento del juez Branca (el número 12) proponían esa clase de “arreglos”.
Tu libertad vale
50 mil dólares
Chuit era el dueño de una quinta donde la policía había encontrado 30 kilogramos de cocaína, por lo que él y otras dos personas fueron presos. De acuerdo con su testimonio, al día siguiente del allanamiento se presentó en la quinta un desconocido que se presentó como Rubén Herrera, quien tomó contacto con la cuidadora Rosa Giménez y le ofreció un abogado para Chuit, que resultó ser Fernando Burlando. Rosa fue llevada por Herrera al estudio de Burlando, donde le hicieron firmar la correspondiente designación de letrado. Una vez nombrado, el abogado de los Horneros, habría concurrido a entrevistarse con Chuit, con quien habría sostenido este diálogo: “Tu libertad vale 50 mil dólares”. Respuesta: “No tengo esa guita.” “Pero tenés la quinta.” “No, es de mi viejo.” “Bueno, negociemos con tu viejo”. La negociación se hizo por teléfono y fue un fracaso: el padre quería mucho al hijo pero opinaba que debía “joderse por tener droga”. A esta altura había tomado cartas en el asunto la hermana del procesado, Mariana Chuit, quien revocó el poder de Burlando y nombró como abogada a Diana Conti, actual diputada del Frepaso que hizo la correspondiente denuncia por extorsión ante la Cámara Federal. El tribunal decidió iniciar la acción penal y la causa recayó en el juzgado federal número 11 a cargo de Bonadío. Donde se juntó con la investigación iniciada por el intento de extorsión contra el abogado boliviano. La instrucción estableció entonces, a través de una serie de llamadas telefónicas secuenciales, que había una relación estrecha entre Burlando y Alejandro Moltone, secretario del juzgado de Branca, de fuertes vínculos a su vez con algunos comisarios de la Bonaerense y Alberto Piotti. El juez Bonadío decidió entonces procesar a Burlando, Cerolini, Moltone y el intermediario Herrera, el misterioso intermediario que se presentó en la quinta al día siguiente del allanamiento y es dueño de un lavadero de autos donde –extraña casualidad– habría trabajado el Hornero más comprometido en el Caso Cabezas: Horacio Anselmo Braga. Miembro de la Liga Federal de Alberto Pierri e integrante de la barra brava de Estudiantes de La Plata. El club de los amores de Burlando. El abogado platense, por su parte, se ha defendido alegando que hay una conspiración de dos presos contra él y contra el juzgado número 12, que estuvo a cargo de Branca hasta que este juez, a su turno, fue sometido a juicio político y procesado por otros hechos.
Según algunas fuentes judiciales, es probable que Bonadío utilice un concepto procesal similar al empleado en el caso del ex represor Alfredo Astiz, acusado de incurrir en apología de la violencia durante un reportaje informal con la periodista Gabriela Cerutti. Con similar criterio el juez dictaminaría que existen elementos razonables de duda que deben ser sometidos al debate oral para determinar si Fernando Burlando y los otros acusados incurrieron o no en el delito de extorsión, en grado de tentativa.

 

Enigmas y coincidencias
Por M.B.

La relación entre el abogado platense Fernando Burlando y sus defendidos, los maleantes de Los Hornos, Héctor Retana, Gustavo González, José Luis Auge y Horacio Anselmo Braga parece ser añeja y plagada de enigmas y sugestivas coincidencias, que van más allá de la común afición por Estudiantes de La Plata que comparte el joven e influyente letrado con los cuatro barrabrava de la Liga Federal. Que se han vuelto evangelistas y reciben en la cárcel un gratificante servicio de cattering de la empresa Grisolia, propiedad del empresario gastronómico Giusseppe Grisolia, padre de Mauricio Grisolia, prófugo de la Justicia por evadir impuestos junto con Omar Fassi Lavalle y cuyo abogado es, también, Fernando Burlando. Un curioso defensor que aconsejó a los horneros que se autoincriminaran con fervor en el caso Cabezas. Nadie sabe, por ejemplo, quién paga los honorarios –seguramente costosos– del joven abogado. Los familiares de los lúmpenes de Los Hornos declararon reiteradamente a la prensa que ellos no le han dado un centavo. No pocos observadores han registrado las reuniones entre el abogado de los horneros y el gobernador Duhalde, a quien Burlando le reconoció públicamente “una gran cintura” en momentos en que el juez Macchi, respaldado en la investigación del comisario Fogelman, daba marchas y contramarchas en la instrucción. Un curioso episodio muestra que la relación entre defensor y defendidos precedía al caso Cabezas. En 1996, algunos meses después de la detención de Ignacio Chuit (ver nota central), su hermana Mariana, a quien acompañaba su novio, un abogado de apellido Millia, sufrieron un asalto en la quinta allanada por la policía. Fueron “apretados”, atados y robados por unos forajidos que se dieron a la fuga. El 26 de abril de 1996, cuando se entregó Braga por el caso Cabezas, Millia pegó un salto al verlo por televisión y le dijo a Mariana: “¡Oia, ése es el tipo que nos apretó en la quinta!”.

 

PRINCIPAL