Por Cledis Candelaresi “Políticas activas no
significa subsidio ni compre nacional”, aclara Eduardo Baglietto, presidente de la
Cámara Argentina de la Construcción y vicepresidente ejecutivo de la Organización
Techint, uno de los grandes grupos económicos que operan en el país, diversificado y con
fuerte presencia en las privatizaciones. El empresario reclama al Estado más firmeza ante
Brasil y protección frente a la competencia de empresas extranjeras. En este diálogo con
Página/12 admitió que las coincidencias básicas sobre política económica de los
candidatos a ministros de Economía del próximo gobierno tranquiliza al establishment.
“Es una transición suave”, opina.
–¿Cómo está manejando el Gobierno el conflicto con Brasil?
–No cabe duda de que a nuestro país le conviene el Mercosur. Pero entre socios debe
haber reglas claras y políticamente discutidas. Si esas reglas se modifican cada seis
meses, ninguna empresa puede trabajar. Los brasileños tienen muy enraizado su espíritu
de defensa a su industria. Nosotros tenemos que imitar ese espíritu para discutir. Para
eso necesitamos profesionalizarnos: ¿acaso Argentina tiene una oficina que se llame
Mercosur, con quince o veinte personas que sepan lo que pasa en cada sector?
–¿El Gobierno debería haber sido más firme y sostener su decisión de proteger a
la industria?
–Lo que puedo decirle es que Brasil suele tener muchas regulaciones. No hay ninguna
ley que le impida a un constructor trabajar allá. Pero cuando quiere radicarse se topa
con cuarenta normas distintas que se lo impiden. Argentina, por un camino o por el otro,
debe buscar el equilibrio. Y yo no veo que esto se esté logrando.
–¿De ser gobierno, (Eduardo) Duhalde o (Fernando) De la Rúa actuarían de otro
modo?
–No lo sé. Una cosa es lo que dicen los candidatos y otra muy diferente es tener el
poder real.
–La industria exige al Gobierno políticas activas. ¿Qué significa: subsidios,
protección?
–Reclamo políticas activas, pero en ningún momento exijo subsidios ni un compre
nacional. Eso sí: no podemos apoyar ni una apertura salvaje ni una competencia desleal.
Existe un mecanismo de licitación de obra pública, por ejemplo, que es discriminatorio y
que somete a la construcción a un nefasto dumping financiero. El Estado licita obras a
largo plazo sin dar avales, de modo tal que éstos no impacten en sus cuentas fiscales.
Cuando las empresas del exterior cotizan con financiamiento a largo plazo, que no se
consiguen en el país, buscan importar desde la lamparita hasta la silla de la secretaria.
Los países proveedores tienen políticas de exportación y les dan a sus empresas todo el
apoyo. Esto produce un doble perjuicio: se produce menos en Argentina y las empresas
extranjeras quedan mejor posicionadas porque tienen acceso a créditos más baratos.
–¿Cómo se evita esto?
–Con políticas que impidan a las empresas extranjeras sacarles trabajo a las
nacionales.
–Para facilitar la construcción del Canal Federal, el Estado ofreció por decreto
avales del Tesoro a las empresas que hagan la obra. ¿Cree que es una decisión acertada
con los problemas que afronta la Nación?
–Si no hay avales del Gobierno, no se consigue financiación. Ningún banco presta
contra nada.
–Pero hay empresas de envergadura, tal vez no pymes, que pueden acceder al
financiamiento por medios propios. Techint, por ejemplo.
–¿Con qué garantía?
–La de su propio patrimonio.
–Si usted tiene suerte, una obra de ese tipo puede dejar un margen del 10 por ciento.
¿Usted cree que una empresa va a arriesgar su patrimonio por una obra con esa
rentabilidad? No existe ni acá ni afuera quien haga algo semejante. La función de la
empresa no es financiar. Claro que con la garantía de Techint un banco da el préstamo.
Pero no se justifica. La financiación tiene que tener la garantía de quien es el dueño:
es decir, del Estado. Y ése es un criterio universal.
–¿Piensa que la oferta de empleo será menor si el Gobierno no puede cumplir con la
próxima rebaja de aportes patronales?
–Obviamente. Lamentablemente con reducción de personal en muchos casos, en los
últimos años las empresas se hicieron eficientes en producción: gastan poco para
producir mucho. Pero esta vía para ganar competitividad está agotada. Por lo tanto, la
única forma ganar competitividad es achicando costos laborales por la vía de los
aportes.
–El Ministerio de Trabajo busca facilitar el uso de contratos por tiempo determinado,
pero hasta ahora las modalidades promovidas no estimularon la oferta de trabajo.
–No tengo datos a mano, pero creo que sí mejoró la ocupación. Leí hace poco en un
artículo que en España, por ejemplo, las formas promovidas ayudaron a reducir
drásticamente la desocupación. Es difícil para una empresa tomar personal efectivo
cuando no sabe cuánto va a durar el boom que, en realidad, en Argentina no es tal.
–Hay una movida en el Congreso para crear un impuesto sobre la renta de las empresas
privatizadas, que los legisladores juzgan exageradas.
–Hay que tener mucho cuidado de no alterar la seguridad jurídica. Esos cambios
pueden ser un boomerang: después, cuando se quieren atraer inversiones, éstas
desconfían de un cambio de reglas. Lo que sí puede hacerse, en algunos casos, es acordar
algunos cambios con las empresas.
–¿Cuál es el margen? ¿Las concesionarias pueden reconocer que tienen una utilidad
muy alta y avenirse a resignar una parte?
–Yo no sé quién tiene razón. Si como dice (Ricardo) López Murphy, hay que bajar
salarios o no. Lo que sí creo es que, si el país necesita hacer una corrección
macroeconómica, todos deben sentarse para ver cómo se hace. No sólo las empresas
privatizadas.
–Uno de los problemas con las concesionarias de servicios públicos es que no
cumplieron con la cláusula de neutralidad tributaria. Por ejemplo: hubo rebaja de aportes
patronales, pero no de tarifas.
–No lo tengo claro... Pero, si el contrato dice que hay que rebajar tarifas, hay que
rebajarlas. Lo que no hay que hacer es violar el contrato. Claro que, del mismo modo,
habría que trasladar los mayores costos si aumentan los impuestos.
–En algún momento la Alianza amagó con revisar las privatizaciones. ¿Cree que lo
haría en caso de ser gobierno?
–Si un contrato se ajusta a la ley, no creo que la Alianza lo revise. Si no se ha
cumplido con el contrato, es otra cosa. O si las condiciones macro del país lo exigen,
nos sentaremos todos a debatir cambios.
–¿La transición política está paralizando decisiones oficiales?
–Como en todo cambio de gobierno. Sin embargo, ésta es una transición suave. Hace
días los tres principales candidatos al Ministerio de Economía (Jorge Remes Lenicov,
José Luis Machinea, Adolfo Sturzenegger) manifestaron en Estados Unidos los mismos
conceptos. Con esta coincidencia, todos estamos mucho más tranquilos.
–Hace poco usted compartió un viaje a Chile con Eduardo Duhalde. ¿Se lo puede
identificar como un empresario duhaldista?
–Un empresario como yo no es duhaldista, ni menemista, ni nada. Es sólo argentino.
subrayado |
Por
Julio Nudler |
| La economía del absurdo ¿Esta política económica será obra de Ionesco? Walter Graziano mencionaba
días pasados un absurdo digno de mejor causa. Que mientras el Banco Central tiene
depositados en el exterior unos 25 mil millones a una tasa del 3 o 4 por ciento anual,
Economía aceptó pagar más del 15 por ciento para que le prestasen 300 millones, para no
tener así que tocar esas reservas. Esto es más paradójico aún porque las reservas
existentes superan a las que exige la Ley de Convertibilidad, sin transgredir la cual
podría autocubrirse el déficit fiscal de este año a ínfimo costo. En otras palabras:
es como si alguien tuviera diez mil pesos en una cuenta de ahorro, y no obstante tomase un
préstamo personal por dos mil para comprarse ropa, pagando una tasa varias veces
superior. Otro tanto es lo que hace Hacienda cuando coloca bonos en las AFJP: la plata que
éstas le están prestando es la del aporte jubilatorio de los trabajadores, que antes de
la reforma previsional recaudaba gratuitamente el Estado. Ahora ese dinero va a parar al
mismo sitio, el fisco, pero después de un rodeo en el que un grupo de bancos y
aseguradoras capturan ganancias parasitarias.
Es probable que si la Argentina redujera el actual respaldo extra de la convertibilidad
para cubrir el déficit, los mercados de capitales verían en esa acción un aumento del
riesgo. Pero cuando Economía acepta endeudarse a tasa alta y plazos cortos, también sube
el riesgo. Lo que gradualmente se instala, en ese caso, es un escenario a la brasileña,
pero con un factor agravante: Brasil debe reales, y la Argentina, dólares. Cuando la tasa
que paga la Argentina por los dólares se acerca a menos de cuatro puntos en 19 a la que
Brasil paga por su propia moneda, cualquier conclusión a extraer se vuelve siniestra.
De poco y nada valió que Diputados diera su media sanción a la convertibilidad fiscal,
que impone el ajuste permanente, y tampoco la genuflexa asistencia de Machinea y Remes al
examen que decidieron tomarles los manejadores de fondos en Nueva York. El intento oficial
de escapar de la crisis por la ventana, cerrándoles la puerta a importaciones desde
Brasil, terminó en bochorno. Sostener la convertibilidad y el conjunto de la política
económica implantada desde 1990, sin que ajuste a través de un enorme desempleo, del
deterioro laboral y de la violencia social, se torna cada vez más difícil.
Resignadas a esta realidad, las cabezas pensantes sólo confían en que la reactivación
mundial, la depreciación del dólar y el repunte de las commodities que exporta la
Argentina acudan en auxilio del país, y que lleguen a tiempo. |
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