 El reclamo del
vicepresidente Carlos Ruckauf de que la policía les meta bala a los que considere
ladrones no puede desdeñarse como mera pirotecnia de campaña, un resplandor que ilumina
el cielo por un instante y se desvanece. La pólvora de tal definición corresponde más
bien a una carga de profundidad, que produce efectos demoledores aunque no sean visibles
de inmediato.
Ya no es el joven ministro de trabajo que en 1975 firmó el decreto ordenando el
aniquilamiento del enemigo, que entonces no era el delito sino la subversión. Luego de
seis años como ministro del Interior con responsabilidad sobre la seguridad o como
vicepresidente mantiene la misma convicción de ayer: mate primero, pregunte después. Su
conveniencia electoral es dudosa. La renuncia del ministro Carlos Arslanian puede
convertirse en el punto de inflexión que selle la suerte del justicialismo porque Ruckauf
le quitó el pararrayos que lo protegía de la lluvia ácida originada en la larga alianza
previa de Duhalde con la mejor maldita policía del mundo. La fantasía de abandonar a su
protector y salvarse solo no demuestra sagacidad política. Es más probable que la vuelta
de campana de Duhalde arrastre a quienes acaban de soltarse de su dedo.
En noviembre de 1997 algunos jueces de instrucción de la Capital firmaron otra
declaración canera como la de Ruckauf. Encomiaban “la infatigable labor”
policial para combatir “el flagelo de la delincuencia, restándole muchas horas de
descanso reparador”, describían a la sociedad “consternada” por “una
amplia gama de hechos ilícitos perpetrados con una cruel violencia” reclamaban
aumento de las penas, reformas procesales y un incremento del 50 por ciento en la cantidad
de policías en la Capital, que ya supera proporcionalmente a la de las principales
ciudades del mundo. Ese texto formó parte del lobby policial para relajar los controles
que impiden torturar a todos y matar a cualquiera. El redactor de aquella declaración fue
el juez de instrucción Pablo Belisario Bruno, el mismo que intentó cerrar en forma
prematura la causa sobre el manejo policial de la prostitución en Buenos Aires. Fue la
Cámara la que le ordenó reabrirla y profundizar la investigación.
La semana pasada los camaristas del tribunal oral nº 9, Luis García, Luis Cabral y
Fernando Ramírez lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura para que promueva su
juicio  político. Un custodio de una transportadora de caudales asaltada denunció
que fue torturado en la comisaría 32ª de la Policía Federal, donde estaba el juez, y el
médico forense lo corroboró. El Tribunal oral sostiene que el juez no tenía motivos
para detener al custodio, que lo mantuvo incomunicado en la seccional por tres días
aunque la ley no permite más de ocho horas, que permitió que lo interrogara la policía,
cosa que el Código Procesal no admite justamente para evitar torturas, y que recién le
tomó declaración en el juzgado a las 72 horas de su detención. Bajo torturas, el
custodio dio la dirección de quien habría planeado el golpe. También este hombre
denunció que los policías irrumpieron en su casa en compañía del juez, en cuya
presencia le fracturaron a golpes tres costillas, y lo condujeron a la 32ª, donde
también fue picaneado. El custodio no pudo declarar en el juicio oral, porque antes
apareció ahorcado en su celda y el detenido fue absuelto porque el tribunal consideró
nulo el allanamiento. En cambio otro detenido fue condenado a siete años de cárcel,
porque existían pruebas obtenidas en forma legal.
El primer criminólogo moderno, Cesare Beccaria, escribió en su tratado Los delitos y las
penas que la tortura no es idónea para averiguar la verdad porque el débil puede admitir
delitos que no cometió y el fuerte guardar silencio sobre los que realizó. Del mismo
modo, el debido proceso evita que paguen inocentes y escapen culpables. Dos siglos y medio
después se sigue torturando y previniendo a balazos, porque las de Beccaria sonverdades
relativas. Algunos de los que confiesan en la mesa de tortura dicen la verdad, aunque no
todos. Una parte de los abatidos por el gatillo fácil andaban en algo, pero otra parte
no. El problema es que a poco que se admita ese tratamiento para los culpables y un
indeterminado margen de error que lo extienda a los inocentes, en vez de estado de derecho
existirá un estado totalitario con los jueces avalando torturas en las comisarías, como
el Tribunal Oral le reprocha a Bruno, o directamente sin jueces. Así sucedió en marzo de
1976, cinco meses después de que Ruckauf ordenara aniquilar al enemigo.
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