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Por Nora Veiras  El
gobernador bonaerense Eduardo Duhalde apela a las “adecuaciones presupuestarias”
para satisfacer las variadas peticiones de los distintos obispados con sede en la
provincia. Si bien no hay una partida destinada al sostenimiento del culto católico, la
Iglesia logra que el candidato presidencial del peronismo los escuche y encuentre los
caminos para dar respuesta concreta a los problemas. El Obispado de San Isidro recibió 80
mil pesos para que el cura párroco de la Iglesia de María Inmaculada de Vicente López
se compre una casa. El Arzobispado de La Plata consiguió 20 mil pesos para
“restaurar y refaccionar” el monasterio de las Carmelitas Descalzas.La relación entre la cúpula eclesiástica y el financiamiento del Estado es sospechada por la falta de transparencia en el otorgamiento de los fondos. Página/12 explicó que el Ministerio del Interior a través de los Aportes No Reintegrables del Tesoro Nacional entregó casi un millón de pesos a los obispados de San Justo, Mercedes-Luján, Castrense y Quilmes. En el caso de Mercedes-Luján y Quilmes se justificaba el requerimiento de fondos para destinarlos a obras en el seminario y en las casas de la comunidad. El objetivo de los 630 mil pesos para San Justo (400 mil) y Castrense (230 mil) quedaba totalmente difuso detrás de los imprecisos “desequilibrios financieros” con los que se fundamentan los decretos, firmados por Duhalde, pero financiados con ATN. La difusión del manejo arbitrario de recursos públicos se refleja también en otros dos decretos a los que tuvo acceso este diario. Con fecha 10 de junio, el gobernador Duhalde y su ministro de Gobierno, José María Díaz Bancalari, rubricaron el decreto 1576 que “acuerda un subsidio al Obispado de San Isidro, por la suma de pesos 80 mil, pagaderos en dos cuotas consecutivas de 40 mil, con destino a solventar gastos deadquisición de una vivienda para el párroco de la Parroquia María Inmaculada de Vicente López”. El artículo 3 del decreto especifica que “la entidad beneficiaria deberá rendir cuenta del subsidio acordado dentro de los 120 días de percibido el mismo”. El mismo día, los buenos oficios de Roberto Sarlinga, el hombre encargado de actuar de enlace entre la Iglesia y el poder político bonaerense, obtuvieron otro éxito: por medio del decreto 1578, se decidió la entrega de un subsidio de 20 mil pesos para que el Arzobispado de La Plata lo invierta en obras de restauración y refacción en el templo del monasterio de las Carmelitas Descalzas de La Plata. Al igual que con la vivienda del párroco de la zona norte, como se trata de subsidios, la norma prevé que a lo sumo en cuatro meses los beneficiarios tendrán que rendir cuentas del uso de esos recursos. Sarlinga dijo que su oficina de Enlace Eclesiástico no cuenta con presupuesto, pero los pedidos se canalizan en la medida que haya recursos. Cuando los reclamos de los obispados no exceden los 5 mil pesos, las remesas se giran en forma directa por resolución. Si superan ese monto se requiere la firma del gobernador. Como sucede a nivel nacional, el problema para la Iglesia es que todo depende de las buenas relaciones y, en política, éstas se prestan a más de una interpretación. Cuando algunos purpurados se quejan por las demoras o pérdidas en los laberintos burocráticos de fondos prometidos, otros se presentan y reciben sin complicaciones.
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