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Por Carlos Rodríguez  Siete años
después del escándalo provocado por la muerte de 25 personas que consumían
habitualmente un producto natural llamado propóleo, la Justicia reivindicó “el buen
nombre y honor del que pudieron haber gozado” Mabel Aparicio, propietaria del
desaparecido laboratorio Huilén, fabricante de ese medicamento elaborado con miel de
abejas, y Emilio Alejandro Castro, ex director técnico del establecimiento. El juez de
instrucción Nelson Javier Jarazo sobreseyó en forma definitiva a ambos y resaltó que
“en momento alguno se ha podido acreditar responsabilidad de los nombrados en el
fallecimiento de las 25 víctimas”. Jarazo confirmó en primera instancia –el
fallo seguramente será apelado– que hubo sabotaje, ya que la contaminación con el
dietilenglicol, la sustancia letal que produjo los decesos, se habría producido
“fuera del laboratorio” Huilén, presumiblemente en la cadena de
comercialización del propóleo, tal como opinó el fiscal de la causa, Juan Manuel
Sansone. Hacia esa hipótesis podría encaminarse ahora la pesquisa.  “Nosotros queremos que siga la investigación porque hubo 25 muertes y
las mentes perversas que idearon el sabotaje siguen en libertad”, declaró a
Página/12 Vicente Dátoli, defensor de Castro, mientras que Mabel Aparicio cuestionó que
la investigación –que pasó por cuatro jueces– haya estado orientada
“únicamente hacia Huilén, sin analizar nunca la alternativa del sabotaje externo
que habíamos planteado desde el primer momento” (ver nota aparte). El caso comenzó en agosto de 1992, con la internación de seis pacientes en La Plata, y se agravó cuando el 11 de ese mes se produjeron las primeras muertes. Hubo 11 víctimas fatales en la Capital Federal y 14 en la zona de La Plata, mientras que unas 3000 personas fueron asistidas con síntomas renales y hepáticos similares a los que produce la ingesta de dietilenglicol. En muchos casos, la gente concurría al médico únicamente como producto de la psicosis que se había desencadenado. En su fallo, el juez Jarazo destacó que las pericias determinaron que “en ninguno” de los tambores con materia prima encontrados en Huilén se halló “restos de dietilenglicol” y que tampoco había “mención alguna al tóxico” en los disketes y discos fijos de las computadoras incautadas en el laboratorio. El dietilenglicol no figuraba como componente del propóleo, ni podría, ya que se trata de una sustancia tóxica que se utiliza para fabricar lubricantes de automóviles. Lo que sí se usaba era el propilenglicol, un producto inocuo, pariente lejano del anterior. El magistrado consideró que “en momento alguno se ha podido acreditar responsabilidad de los procesados” en las 25 muertes, aunque aclaró que la decisión “en momento alguno” puede importar “la finalización de la investigación” del caso, que “por el contrario, deberá profundizarse aún más, a los fines de esclarecer debidamente los hechos materia de investigación”. En ese sentido se debería seguir la línea propuesta por el fiscal, quien dijo que está “probado... que la incorporación del dietilenglicol en los propóleos debió ser concretada fuera del ciclo de elaboración normal del producto”. El juez concluyó que la contaminación fue externa porque “no es posible la utilización del dietilenglicol, dado que el mismo no integra la composición” del producto y también porque “era absolutamente imposible interferir en la
producción global de la partida, y en tal caso, toda ella hubiese estado contaminada,
conteniendo dosis iguales todos los frascos pertenecientes a una misma partida”,
adhiriendo a la opinión del doctor Mariano Castex, perito de parte designado por Mabel
Aparicio. Las dosis no fueron iguales, como quedó probado. En los frascos que habrían sido adulterados que pudieron encontrarse había porcentajes que iban “desde menos uno hasta más del 80 por ciento de contaminación”, según recordó Dátoli a este diario. El fiscal Sansone sostuvo que se está frente “a un típico caso de sabotaje” y pidió que la investigación futura seencuadre dentro del artículo 200 del Código Penal, que contempla penas de 10 a 25 años de prisión para los responsables de envenenar medicamentos.
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En los primeros días de agosto de 1992 ingresaron al Hospital Italiano de La Plata dos
hombres de 58 y 60 años, más una mujer de 60. Presentaban un cuadro gripal con fuertes
dolores musculares, acompañados con dolores lumbares e imposibilidad de orinar. El origen
de este mal era desconocido. A los pocos días hubo cinco casos fatales.